Desde entidades públicas, privadas, organizaciones benéficas, la iglesia católica entre otros fueron víctimas de la delincuencia desenfrenada de ese año
La criminalidad es uno de los temas principales que cada gobierno debe asumir para enfrentar los casos delictivos de un país. En el nuestro siempre ocupa uno de los primeros puestos en los discursos presidenciales, ya sea al momento de la toma de posesión o en la rendición de cuenta del mandatario. Pero la verdad es que resulta difícil llevar a la práctica toda esa palabrería que se dice en los discursos. Este problema no es solo del gobierno de turno, es de todos. Es un problema educacional.
En la entrega de esta semana traemos este tema a colación, debido a la gran incidencia de casos delictivos que se viene registrando en diferentes partes del país, lo que ha provocado una gran preocupación en la ciudadanía. Por supuesto esto ha merecido la reacción de parte de los diferentes sectores de la sociedad que se han pronunciado al respecto, tales como la Iglesia Católica, el sector político, empresarial, entre otros, quienes exigen a las autoridades, mano dura contra la delincuencia.
Nos tomamos la tarea de consultar los documentos periodísticos del archivo OGM, de donde sacamos todo el material para realizar estas entregas de cada sábado, de los cuales encontramos que en el año 1966 el país vivió una ola de robos y atracos muy considerable que a continuación reseñamos.
Un documento de enero de 1966 reseña que el Instituto Agrario Dominicano (AID) fue una de las primeras víctimas de robo al iniciar ese año, de donde fue sustraída una máquina de escribir de la marca Olimpia. Otra entidad que tuvo el infortunio fue Caritas, una organización internacional sin fines de lucro perteneciente a la Iglesia Católica que denunció que llevaba tres meses siendo víctima de robos en sus raciones alimenticias.
Según el documento, la denuncia fue hecha por el Padre Marcial Silva, secretario nacional de la organización benéfica y quien había informado que en varias zonas del interior del país estaban recibiendo muchas pérdidas por causa de los robos. Uno de los asaltos que Carita denunció, fue hecho en Montecristi, en donde se vinculó al alcalde municipal de esa provincia, Guillermo Batista con el supuesto robo de alimentos. Por este hecho, fue suspendido del cargo mediante decreto presidencial.
Reseña la nota periodística que el ministro de Interior y Policía, Manuel Joaquín Castillo se ocupó del caso para investigar el involucramiento o no del ex funcionario que mantenía prisión, según reseña la nota.
Como medida para frenar los casos de robos que sucedían en las entidades públicas del país, el procurador general de la República, Gustavo Gómez Ceara, ordenó mediante una circular, a todos los ministerios públicos, que investigaran todos los hechos delictivos que se cometieran en sus jurisdicciones, de manera que pudieran frenar ese mal.
Del mismo modo, la sociedad civil vivía en constante acecho por los innumerables atracos y hurtos que sufrían en el día a día. En sus casas o en las calles eran presas fáciles para sus victimarios. Las numerosas denuncias de robos en el departamento de la Policía Nacional eran casi siempre lo mismo, sustracción de relojes, radios, cámaras fotográficas, televisores, prendas de vestir, dinero en cheque o efectivo, entre otros objetos de fácil acceso para sustraer.
El 4 de enero se denunció que al centro escolar Nuestra Señora de Fátima le fueron sustraídas diez máquinas de coser, valoradas en 200 pesos cada una. En ese mismo mes, pero el día 20, se publicó la noticia de que la caja fuerte del Colegio Dominicano de La Salle fue violentada y de la misma se sustrajeron 6,300 pesos.
Con la misma desgracia corrían las empresas privadas, como fue el caso de Fábrica Dominicana de Cemento que perdió 27 mil pesos que serían destinados al pago de nómina de sus empleados, ese dinero era trasladado al Banco de Reservas en una camioneta y desconocidos la asaltaron. La prensa publicó detalles del robo el enero 25, pero el hecho ocurrió el 24 de ese mes.
La Iglesia Católica también fue víctima de la delincuencia en ese año, donde desaprensivos cometieron un robo el 3 de febrero en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de la cual fueron robadas las alcancías y joyas ornamentales.
Al mes siguiente, otro acto delictivo que sorprendía al país fue el robo a la joyería Mario, en la calle El Conde, donde fueron sustraídos más de 7 mil pesos en joyas. La policía recuperó la mayor parte del botín, según documento periodístico del archivo.
Para abril de 1966, el Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional había anunciado que ese departamento sería ampliado para combatir la ola de robos que estaba sucediendo en la ciudad capital, sin embargo los actos delictivos eran el pan de cada día.
En un editorial de este diario de fecha 24 de agosto de 1966, El Caribe explica la difícil situación que vivía el pueblo dominicano con la inseguridad ciudadana, del cual compartimos algunas líneas textualmente:
“Aumenta Ola de Robos”
“Anteayer hicimos del dominio público una parte de la continuada serie de atentado a la propiedad privada que se vienen registrando sistemáticamente y a mansalva, en nuestra conturbada comunidad”.
“No pasa día ni concluye noche sin que un comercio o un hogar no se vea violentado y despojado de sus legítimos bienes”.
“Los malhechores amparados por la ausencia eficaz vigilancia, parece que van perfeccionando sus cínicas destrezas y no dejan vestigios que permitan que los alcancen las sanciones e los tribunales.”
La Lotería Nacional fue otra de las instituciones del Estado que fue víctima de la delincuencia, donde la mañana del 28 de noviembre, desconocidos presuntamente vestidos de militares y portando armas largas, asaltaron un vehículo de la entidad que llevaba 83 mil pesos desde el Banco de Reservas. El asalto se produjo en la esquina Padre Billini con Arzobispo Meriño.
Otro robo de gran envergadura fue cometido al Central Río Haina de donde se sustrajeron 86 mil pesos, supuestamente por un empleado de la compañía. La noticia fue dada a conocer el 30 de diciembre de 1966.
En respuesta a los hechos delictivos que sucedían en el país, el jefe de la Policía Nacional, Ney Tejeda Álvarez había anunciado que tomaría medidas especiales para disminuir la ola de robos que había en la capital. Explicó que iniciaría una campaña para recuperar los artículos sustraídos durante la contienda bélica.
Anunció también que le imprimiría carácter técnico al departamento de Investigaciones Criminales de la Policía y al mismo tiempo aumentaría los efectivos de dicho cuerpo. Explicó que los planes de reorganización incluirían la selección de jóvenes que harían un curso de adiestramiento.
