A finales del siglo XIX y principios del XX, los sirios, libaneses y palestinos considerados entonces “inmigrantes indeseables”, fueron uno de los grupos que se establecieron y/o circularon por el espacio latinoamericano. Presionados por las crisis económica y demográfica que vivían, la persecución religiosa y la opresión que el Imperio Otomano ejercía sobre los territorios del Medio Oriente que habitaban, estos inmigrantes salieron en búsqueda de oportunidades económicas y muchos de ellos hicieron de Haití y República Dominicana su destino final.
En Haití los primeros árabes llegaron a finales del siglo XIX y lograron un rápido dominio sobre el comercio local. Los “sirios”, como los haitianos llamaban a los árabes sin importar su origen, provenían básicamente de Belén y de pueblos en las montañas del norte del Líbano.
El rápido crecimiento comercial de los árabes en tan corto tiempo causó animadversión en el sector comercial haitiano, especialmente en las casas importadoras europeas. Ya en 1894, se decretó una ley en Haití que prohibía el ingreso de árabes al país. No obstante, continuaron llegando y quedándose, ignorando las amenazas de multas, encarcelamiento y expulsión.
Comenzaron a dominar la venta al por menor e ingresaron al comercio de importación y exportación. Importaban sus mercancías directamente desde Nueva York, Chicago y otras ciudades norteamericanas. En su obra “Los árabes en Santo Domingo”, Orlando Inoa señala que debido a que no existía una comunidad comercial de origen americano en Haití, los árabes tomaron ese lugar cuando estrecharon sus contactos comerciales con firmas norteamericanas.
La élite comercial haitiana y los representantes de casas extranjeras presionaron al gobierno para que actuara en contra de los árabes. El 13 de agosto de 1903 el Congreso de Haití aprobó una ley mediante la cual se prohibía que los árabes ejercieran el comercio ambulante. Tras un año de indecisión el gobierno de Nord Alexis (1902-1908) fruto del incremento de la presión por parte del sector comercial promulgó la ley el 1 de agosto de 1904. La firma de la ley fue acompañada de protestas populares contra los árabes, y empobrecidos habitantes de pueblos atacaron las tiendas árabes en los siguientes meses. La campaña anti árabe en Haití incluyó la prensa quienes acusaban a los árabes de “monstruos, descendientes de Judas e inmorales”.
En cinco ciudades se lanzó un asalto donde predominaba el comercio árabe. El revuelo político causado debido a la insistencia de los árabes en el derecho a comercializar en Haití provocó una situación política internacional de envergadura cuando Estados Unidos y Gran Bretaña y al principio Francia, ejercieron presiones directas a favor de sus ciudadanos de origen árabe. Estos buscaron protección en el gobierno norteamericano y británico y no del francés, ya que sus intereses chocaban con los de los comerciantes de origen francés radicados en Haití.
República Dominicana no escapó al impacto de la ley anti árabe en Haití. Provocó una controversia diplomática entre ambos gobiernos. Como establece Pastor Vásquez en su libro “Diplomacia dominicana con Haití a principios del siglo XX. Tomo I”, muchos árabes, buscaron la protección de la legación dominicana en Haití donde les fueron entregados pasaportes y otros se dirigieron a Santo Domingo y retornaron luego con la nacionalidad dominicana y trataron de resistir la disposición de cerrar sus comercios exhibiendo su nacionalidad dominicana, pero aun así fueron expulsados.
La expulsión provocó un incidente diplomático que se evidencia en diversos documentos que se encuentran en las correspondencias de la Legación y los consulados en Haití, expediente de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores en el Archivo General de la Nación. Estos documentos fueron consultados para la tesis doctoral que estoy trabajando sobre el impacto de la migración árabe en Santiago de los Caballeros y Barranquilla en el marco del doctorado en Historia del Caribe de la PUCMM.
El gobierno dominicano, a través de su representación en Puerto Príncipe, pidió la intervención del ministro de Estados Unidos en Haití, William Frank Powell, quien pidió al general Alexis no aplicar la medida a los sirios con nacionalidad dominicana, pero de todos modos el gobierno haitiano cerró sus comercios.
Las relaciones se tensaron y en 1905 Juan Francisco Sánchez, ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Carlos Morales Languasco, le escribió al enviado en Haití que “si los demás árabes naturalizados por otros países después de 1903 eran dejados en Haití, entonces había que reclamar el mismo trato para los naturalizados dominicanos”.
El 22 de abril de 1905 el general Ignacio María González, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en Haití, envió una nota al ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Murville Férrèr, en la que reclamaba a la administración haitiana que aplicara el mismo tratamiento a los 15 dominicanos de origen sirios que habían sido expulsados, que el asumido frente a los demás sirios naturalizados norteamericanos los cuales no fueron expulsados de Haití.
Entre abril y noviembre de 1905 las autoridades diplomáticas de Haití y República Dominicana trabajaron para resolver la situación provocada por la expulsión de los árabes nacionalizados dominicanos. En junio se acordó otorgarles un plazo a los dominicanos de origen árabe, naturalizados después de la ley de 1903 hasta el 1 de octubre para que pudiesen quedarse en Haití y reabrir sus negocios. Al acercarse el límite de la prórroga concedida, la situación se hizo más tensa y los contactos diplomáticos se aceleraron. La situación alcanzó un nivel, que Ignacio María González llegó a señalar “que en nuestro país hay muchos haitianos establecidos y yo creo que se debe proceder con ellos en la misma forma que aquí proceden con nuestros naturalizados”.
Los esfuerzos de Ignacio María González a favor de los árabes se arreciaron logrando que el gobierno haitiano negociara la situación con el gobierno dominicano. El 21 de noviembre de 1905 se firmó un “Modus Vivendi” entre ambos países con el objetivo de poner fin al incidente diplomático. El acuerdo fue firmado entre Juan Francisco Sánchez y el enviado de Haití, Louis Bornó. El acuerdo establecía que dominicanos de origen árabe naturalizados por el gobierno dominicano después de la ley de 1903, se les concedía licencia para ejercer el comercio al por mayor y a los que no se podía conceder licencia al por mayor por no permitirlo la exigüidad de su capital, se les concedería un plazo de un año para liquidar sus negocios en Haití.
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Este trabajo forma parte del Proyecto Connected Worlds: The Caribbean, Origin of Modern World”. This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska Curie grant agreement Nº 823846.
