El control y orden público en las ciudades ha sido una preocupación constante para casi todos los gobernantes. Desde hace siglos las monarquías quisieron controlar a la población que vivía en las ciudades y sus alrededores, y para ello crearon diversas estrategias y cargos públicos, que luego se complementaron con el cuerpo policial. En el caso de las colonias españolas en Indias, la Iglesia y la Corona controlaban todos los ámbitos de la vida de la población, incluso sus relaciones personales. En la colonia de Santo Domingo, por cuatro siglos, la responsabilidad de llevar el control de la población recayó en la Real Audiencia.
En el siglo XVI la ciudad de Santo Domingo estaba trazada con calles rectas y anchas, pero era pequeña y se controlaba relativamente fácil. Los conventos estaban en los límites de la ciudad trazada hasta ese momento, así como el palacio virreinal y las Atarazanas, alrededor de los cuales se construyeron unas cuantas viviendas para albergar la población que les servía. El primer y único barrio que existía era el de Santa Bárbara, desarrollado en torno a la parroquia.
La Real Audiencia de Santo Domingo se encargaba de controlar la población. Era una audiencia del tipo pretorial, o sea, que no dependía de ningún virreinato y estaba presidida por un presidente-gobernador que además era capitán general de la isla, superintendente de la Real Hacienda y vicepatrono eclesiástico. El oidor, el escribano, el alguacil de guerra y los soldados o cabos de escuadra que se encargaban de ejecutar las órdenes, completaban el personal de la Audiencia.
En esa época el presidente-gobernador y capitán general junto con otros miembros de la Audiencia, realizaban rondas en las noches, con la finalidad de mantener el orden público, controlar a la población, atender denuncias y cumplir con órdenes y autos, entre otros asuntos. No había un día específico para estas rondas que iniciaban a las siete de la noche y podían durar hasta la madrugada. En ese momento la ciudad tenía calles de tierras polvorientas, una que otra mal empedrada, eran oscuras y sucias, llenas de inmundicias, aguas estancadas y animales muertos.
Es en el siglo XVII cuando la ciudad de Santo Domingo comenzó a distribuirse en barrios, configuración basada en las prácticas religiosas de crear parroquias o ayudas de parroquias, alrededor de las cuales se desarrollaron y organizaron los barrios y la vida cotidiana. Surge “el barrio del hospital de San Andrés”, “el barrio del hospital de San Lázaro”, “el barrio de San Miguel” y “el barrio de San Antón”. En ellos se desarrollan actividades religiosas, en especial las fiestas patronales que se vuelven elementos integradores que van formando y construyendo identidad barrial.
Todos estos barrios se organizaron sin traza, adaptándose a la topografía, sin orden territorial aparente ya que no hubo repartimiento de solares en esas áreas. La mayoría de las casas eran bohíos de tablas de palma con cubierta de yagua o cana, aunque había una que otra casa de tapial, ladrillo o mampostería, teniendo muchas de ellas, bohíos en sus patios. En el interior de los barrios, se desarrollaron caminos, callejuelas y callejones sin salida para dar paso a los habitantes.
Esta división barrial favoreció las rondas que hacía la audiencia y ayudó a mantener el control en los asuntos públicos y privados de la población como: amancebamiento, adulterio, mal trato a la mujer, disputas entre parejas por no hacer vida marital, escándalos de rameras y chismes, entre otros. Además, las puertas de la ciudad se cerraban todos los días con la puesta del sol y se abrían de nuevo al amanecer.
Las rondas también se hacían en los alrededores de la ciudad de Santo Domingo y en las otras villas. Tal es el caso de Luis de Melo y Ana Victoria, quienes vivían río arriba y una noche de ronda fueron apresados por vivir amancebados, y condenados al destierro. A él un año en la ciudad de Bayaguana y a ella tres años en la Villa de Guaba.
Otro caso sucedió el domingo 11 de septiembre de 1678, cuando el recién nombrado presidente de la Audiencia don Francisco de Segura Sandoval y Castilla (1678-1684) estando de ronda llegó a la casa del alférez Toribio Valdés, a las once de la noche, encontrándolo en compañía de Sebastiana Velásquez. Ambos fueron multados y apresados por vivir amancebados. A la semana siguiente, el sábado 24 de septiembre, en otra ronda, siendo día festivo, el presidente aprehendió al zapatero Nicolás Pérez y Ana María Mosquera, por vivir amancebados. Ana María, mulata libre, confesó que el zapatero le había dado cuatrocientos pesos para ayuda de su libertad con la condición de que le sirviera ocho años. En esta ocasión se multó al zapatero y a la mujer se le condenó a un año de destierro y como pena complementaria al apercibimiento, o sea, una advertencia de una próxima sanción en caso de persistir la falta. En el caso de Juana Maldonado, otra mulata libre que vivía en el barrio de San Miguel, quien por mucho tiempo “trataba ilícita y torpemente con una persona privilegiada”, o sea que era amante de un hombre casado de los principales de la colonia, fue chismoseada por vecinos, visitada por la Audiencia, que le advirtió que se mudara de barrio.
En 1680, con la Recopilación de Leyes de Indias, hay ciertas modificaciones en la conformación de la Audiencia. Sin embargo, los cambios surgen con la llegada de la nueva dinastía de los Borbones en el siglo XVIII. La reforma municipal de Carlos III, en 1768, divide la ciudad de Santo Domingo en isletas o cuadras designado a “Comisarios de Isletas” para un mayor control sobre la población y mantener el orden. En estos momentos crece el número de habitantes alrededor de las ermitas de San Andrés, San Lázaro, San Miguel y San Antón, convirtiéndolas en ayuda de parroquia con un cura fijo dependientes de la Catedral de Santo Domingo. Se instala la figura del alguacil mayor, quien tiene la responsabilidad de mantener el orden público, aunque la ciudad sigue bajo el control de la audiencia y la iglesia.
En 1769, la Corona obligó a sus colonias a identificar todas las propiedades (casas, parroquias, conventos, iglesias e instituciones administrativas) con número y nombres en las calles. En Santo Domingo estas disposiciones no se cumplieron de inmediato debido a que muchas de las calles tenían más de un nombre y en un solar había más de una casa. Además, en 1795 España cedió la colonia de Santo Domingo a Francia mediante el Tratado de Basilea, y trasladó provisionalmente la Real Audiencia a Cuba.
A partir de 1863, cuando se restauró la Real Audiencia de Santo Domingo durante la anexión a España (1861-65), el Ayuntamiento de la ciudad designó cada calle con un nombre y colocó números a las propiedades. La señalización se hizo con tablas con los nombres de las calles pintados y los números de las casas. En ese momento, se creó el alcalde de barrio y un nuevo cuerpo policial de jurisdicción ordinaria pedánea. Con la restauración de la república en 1865, se dividió la ciudad en cinco cuarteles, nombrando para su vigilancia a: Juan Travous, Bals Vallejo, Antonio Moreno, José Martínez y P. Martínez. La vigilancia y control de la ciudad se mantuvo hasta la muerte del dictador Trujillo.
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Este artículo forma parte de las investigaciones realizas en el proyecto “Connected Worlds: The Caribbean, Origin of Modern World”, dirigido por Consuelo Naranjo Orovio desde el Instituto de Historia-CSIC, España y financiado por la Unión Europea, Horizonte 2020, código Nº 823846.
