El 30 de enero de 1962, el Consejo de Estado ordenó incoar una demanda en daños y perjuicios contra el ingeniero Félix Benítez Rexach.
En la nota publicada por El Caribe se indicaba que la instrucción se le había dado al secretario de Obras Públicas y Comunicaciones, ingeniero Mario Penzo Fondeur, y que la demanda se fundamentaría en que las obras de construcción, ampliación y mejoramiento del puerto de esta capital, realizadas por Benítez, fueron destruidas por las aguas antes de expirar los plazos legales de garantía.
La demanda consistió en la devolución de RD$9 millones, suma totalmente pagada al ingeniero por concepto de dichas obras, más los daños y perjuicios que deberían ser apreciados por el Estado, de conformidad con experticios técnicos.
El Consejo de Estado, el 29 de enero, había derogado los decretos por los cuales se investían con la nacionalidad dominicana, a título de naturalización privilegiada, tanto al ingeniero Benítez como a su esposa, Lucienne Rhotelle de Benítez.
Los decretos no explicaban los motivos que dieron lugar a esta disposición gubernamental.
En fecha 3 de diciembre de 1953, el Estado Dominicano suscribió con Rexach un contrato de ampliación y mejoramiento del puerto Ozama por la suma de RD$8,990,000, y uno adicional de RD$1,500,000. Ambas obras, según se informó en el departamento de Obras Públicas, resultaron “completamente inservibles”. Fueron destruidas como consecuencia de las marejadas que se producen en ese sector del puerto capitalino. En ese departamento se había informado que la destrucción, tanto del rompeolas como la reconstrucción del mismo, demostraban la inconsistencia de esas obras, que fueron ejecutadas a un precio excesivamente alto. Se expresó además, que Benítez nunca las había terminado y que se dañaron antes de los cuatro años de construidas.
Se señalaba que Benítez había construido, además, los puertos de Azua, Barahona, San Pedro de Macorís, Puerto Plata y Haina, sumando en total más de RD$40 millones.
La reseña del día continuaba diciendo que la cancelación de la nacionalidad dominicana convertía al ingeniero Rexach en prácticamente un hombre sin patria, ya que antes de adquirir la nacionalidad dominicana, Benítez era norteamericano, la que perdió porque en una ocasión aceptó un cargo diplomático del régimen trujillista. Además, en un juicio por evasión del impuesto sobre la renta, que se le seguía en un tribunal federal de Puerto Rico, Benítez alegó como defensa para impugnar la jurisdicción de esa corte, que no era norteamericano. En dicha isla, Benítez poseía numerosas propiedades, entre ellas, el hotel Normandie y el Escambrón Beach Club, las cuales habían sido embargadas por las autoridades federales norteamericanas. En fechas posteriores, Rexach desmintió que estuviera demandado en Puerto Rico, ya que el caso había sido fallado en su favor.
El 1 de febrero de 1962, la prensa reseñó que se habían embargado las cuentas bancarias de Benítez en los bancos nacionales.
Entre las propiedades embargadas se encontraba el lujoso yate Moineau, al cual, en el momento, se le hacían modificaciones modernas de aire acondicionado y calefacción, por un valor de US$30,000, sobre el cual una fuente indicó que iba a ser utilizado en cruceros de turismo por las Antillas. El embargo incluía también el barco mercante Río Haina, el vapor Puerto Hermoso (antes Puerto Trujillo); el remolcador Lewis 5; la draga San Cristóbal; los remolcadores Panamerican, Baní, Ellen, Clyde, Frances y Chancleta. La grúa Derrick (flotante); tres patanas o grúas flotantes; un lote disperso de material de repuesto y sus correspondientes accesorios. Dentro de los terrenos del dique seco, que el ingeniero Benítez construyó en la margen oriental del río Ozama, con una extensión de 25,000 metros, se embargaron 18 casas de concreto techadas de zinc. Allí existía un taller mecánico con cuatro plantas eléctricas, marca Diesel, todas con sus correspondientes tableros de control; dos tornos y un cepillo eléctrico; una grúa, otro motor Diesel completamente nuevo, y otros materiales valorados en RD$60,000. También, se embargó la casa del ingeniero, con todos los inmuebles, y las propiedades de su esposa.
El 7 de febrero se informó que el ingeniero Benítez había constituido al licenciado Héctor Sánchez Morcelo como su abogado.
La causa fue iniciada el 26 de febrero de 1962, en la Cámara de lo Civil y Comercial, a cargo del licenciado Antonio Tellado hijo. La reapertura de los debates fue solicitada por el abogado del Estado en el referido caso, licenciado Luis S. Peguero Moscoso. Entre los papeles nuevos presentados, se encontraba un acta en que se demostraba que el Estado era el propietario de los terrenos donde estaba ubicado el dique carena, en la margen oriental del río Ozama, explotado por Benítez. La foto corresponde a la publicación de la reseña de los debates, en la cual Benítez es la segunda persona de la izquierda.
El 23 de junio de 1962, se dictó el secuestro de los bienes de Benítez por alrededor de RD$4 millones, incluyendo sus cuentas bancarias, y se designó al señor Antonio Casals Piñeyro como administrador de dichos bienes, quien tomaría posesión el 26 de junio. Según se informó, el acusado tenía en el Banco de Reservas la suma de RD$16,000; en el Royal BanK, RD$48,000, y se informó que el grueso de la fortuna de Benítez está depositado en bancos de Cannes, Suiza, Londres y Nueva York.
El 5 de julio de 1962, se reseñó en la prensa que Benítez había huido hacia la isla de Puerto Rico, y que había tratado de influir en la prensa de esa isla para que lanzara ataques contra República Dominicana, lo que luego fue suspendido por el mismo Benítez. A su llegada a San Juan, el ingeniero Rexach declaró que regresaría a Santo Domingo para dirigir el plan subversivo que habían puesto en marcha los trujillistas en República Dominicana. También, declaró que en este país muchos ambicionaban hacerse dueños de sus bienes.
En 1976, el Estado abrió litis para reivindicar un cuarto de millón de metros cuadrados de tierra, usufructuada en ese momento por la empresa Astilleros Navales, propiedad de Rexach.
El 5 de agosto de 2014, la empresa Astilleros Benítez, fundada por Félix Benítez Rexach, solicitó en carta pública remitida a las autoridades de la nación, la protección de la Policía para resguardar la integridad física de su personal después de haber sido reintegrado tres días antes el inmueble de su propiedad, amparado en dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia, una de ellas emitida por su pleno, lo que ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, con lo que se dio fin a la litis contra el particular personaje que fue Félix Benítez Rexach.
Para terminar la serie de Benítez, la próxima semana reseñaremos un encuentro que tuvo este hombre de negocios con un reconocido ingeniero dominicano.
