Muerto Trujillo, recién instalado el consejo de Estado en enero de 1962, se inició en febrero una acción legal contra Benítez Rexach para exigirle una indemnización por alegados daños y perjuicios causados por la mala construcción de obras portuarias que se le encargó construir. Esta operación se consideró que sentaba un precedente, porque no era cosa común que el estado dominicano buscara, por la vía judicial, una reparación por daños causados a la sociedad dominicana.
El secretario de Estado de Obras Públicas en ese momento era el ingeniero Mario Abreu Penzo, a quien se le instruyó para que incoara la demanda, la cual se fundamentaría en que las obras en construcción, ampliación y mejoramiento del puerto de esta capital, realizadas por Benítez, fueron destruidas por las aguas antes de expirar los plazos legales de garantía. La demanda consistía en la devolución de alrededor de RD$9 millones, suma totalmente pagada al ingeniero por concepto de dichas obras, más los daños y perjuicios que deberían ser apreciados por el Estado.
Al mismo tiempo, el Consejo de Estado derogó los decretos por los cuales se había investido con la nacionalidad dominicana, a título de naturalización privilegiada, tanto al ingeniero Benítez Rexach como a su esposa Lucienne Rhotelle de Benítez. Los decretos no explicaban el porqué de esta decisión. Pocos meses después, el Gobierno de Estados Unidos restituyó a Benítez la ciudadanía norteamericana.
Debe tenerse en cuenta que el contrato y la ampliación del puerto Ozama se habían firmado en 1953, y que según las autoridades de 1962, habían resultado “completamente inservibles”.
Pocos días después, la prensa informaba que las cuentas de Benitez en los bancos locales habían sido embargadas, así como su casa, en la César Nicolás Penson, y se había procedido a la inmovilización de los vehículos registrados a su nombre. El embargo retentivo incluía los bienes muebles del ingeniero en el Dique Seco que mantenía en la margen oriental del río Ozama, donde se embargaron buques, draga, grúas, lanchones y accesorios. Se informó que varios de los inmuebles del señor Benítez no estaban debidamente identificados, por lo que fue preciso un ejercicio notarial para determinar que consistían en trece casas de hormigón techadas de zinc, varios depósitos de zinc, una construcción de acero y concreto, y diversas clases de inmuebles. Se informó que el origen de esta litis tuvo por causa la reclamación que el ingeniero Benítez hizo al Estado dominicano en septiembre de 1961 por RD$4.7 millones por el dragado de los ríos Yuna y Barracote, trabajo que realizó durante dos meses, cuando la duración estimada era de dos años, y para lo cual se le había avanzado la suma de RD$200,000.
Ante esta situación legal, el ingeniero Benítez procedió a designar al licenciado Héctor Sánchez Morcelo como su abogado, quien de inmediato declaró que los bienes embargados afectaban un valor superior a la demanda de RD$8 millones, puesto que solamente el dique en el río Ozama tenía un valor superior a RD$20 millones.
Como nada de lo Benítez era sencillo, los dimes y diretes se prolongaron durante varios años, al tiempo que también confrontó problemas en Puerto Rico por utilización de terrenos que debía devolver al Estado de esa isla en 1962, lo que no cumplió.
El 22 de febrero de 1962, El Caribe publicó en espacio pagado la reproducción de una carta que Benítez Rexach le escribió a Trujillo en abril de 1946, en la que le sugería al mandatario la compra de la Compañía Eléctrica de Santo Domingo, de propiedad norteamericana, y que, según Benítez, sometía a la República Dominicana a una estrangulación económica que la iba a llevar a la muerte.
En otro espacio pagado de ese mismo día, El Caribe reseña que “Benítez R. evita Trujillo estafe 10 millones a los dominicanos”, ya que iban a negociar en Europa dos obligaciones fraudulentas. Indica la reseña que Benítez declaró que en agosto de 1959 evitó, por una rápida intervención suya, que el dictador Rafael L. Trujillo estafara RD$10 millones al erario nacional.
¿Cuál era el propósito de estas publicaciones en 1962, de comunicaciones de Benítez de 1946 y de 1959? ¿Sería demostrar que él había sido una persona que estaba interesada en el bienestar del pueblo dominicano, para que la acción de la justicia contra él en 1932 fuera más benigna? Revisamos la prensa de esos días y no encontramos ninguna explicación de estas publicaciones.
En junio de 1962, El Caribe hizo una publicación de dos páginas en las que mostraba los bienes de Benítez de los cuales el Estado había tomado posesión, y que se han detallado en párrafos anteriores.
En cuanto a las cuentas bancarias, Benítez tenía en el Reservas la suma de RD$ 15,859 y en el Royal Bank RD$48,355.
La acción de la justicia dominicana mereció la crítica de la prensa de Puerto Rico a través de un editorial del diario El Imparcial que tituló “Un estado policial”, y los consulados dominicanos en Ponce y Mayagüez fueron piqueteados en apoyo a Benítez.
El editorial, que fue refutado por el Consejo de Estado y por un largo informe del abogado del Estado dominicano, doctor Luis Peguero Moscoso, fue publicado el 30 de junio de 1962, titulado “La verdad sobre el caso de Benítez Rexach”.
El 5 de julio de 1962, el periódico local La Nación reprodujo un despacho especial de Puerto Rico, donde se indicaba que Benítez había huido hacia esa isla, y La Nación también publicó un facsímile de un telegrama firmado por Benítez enviado desde Santo Domingo al periódico El Imparcial, en el que le solicitaba que suspendiera sus ataques contra el Gobierno y el pueblo dominicanos. Se supo que al llegar a Puerto Rico, Benítez sostuvo una entrevista con el director del periódico, así como con destacados elementos trujillistas que se encontraban en esa isla. En esa entrevista, Benítez prometió regresar a Santo Domingo, para dirigir el plan subversivo que habían puesto en práctica los trujillistas en República Dominicana.
Parece que Félix Benítez Rexach sería un buen ejemplo para Platón y Aristóteles para sus consideraciones acerca de la capacidad de asombro.
