La existencia de conflictos territoriales y fronterizos sin resolver en el Gran Caribe constituye un foco de tensión en las relaciones políticas entre algunos países de la región. Uno de los conflictos que ha elevado la tensión regional es el que mantiene Venezuela y Guyana por el Esequibo, reavivado en 2015 tras el hallazgo de yacimientos petroleros por parte de la estadounidense Exxon Mobil. El Esequibo reclamado por Venezuela desde el siglo XIX, es un territorio de 159.542 kilómetros cuadrados rico en petróleo, minerales y gas en su extensión marítima. En la actualidad es administrado por Guyana luego de su independencia de Gran Bretaña, sustentado en el Laudo Arbitral suscrito en París en 1899 que fija unos límites que Venezuela rechaza.
El 2023 ha estado cargado de incidentes entre ambos países elevando la tensión. En septiembre la Asamblea Nacional de Venezuela convocó a sus ciudadanos a un referendo sobre el Esequibo. Al mes siguiente Guyana pidió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) donde se dirime el diferendo, suspender el referendo consultivo. Dos días antes de su celebración la CIJ -como una disposición provisional en espera de una decisión final- invitó a Venezuela “no tomar ninguna medida que cambiara la situación que actualmente prevalece” y dispuso que ambas partes “se abstuvieran de cualquier acción que pueda agravar o extender la controversia o hacerla más difícil de resolver”.
Venezuela, que no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en esta controversia fronteriza, continuó adelante y celebró el 3 de diciembre el referéndum con cinco preguntas en juego relacionada con el conflicto. Los resultados mostraron según el Consejo Nacional Electoral venezolano un apoyo del sí en más del 95%. El 97,83 % votó a favor de rechazar, por todos los medios, la línea impuesta por el Laudo Arbitral de París de 1899 y el 98,11 % respaldó, el Acuerdo de Ginebra como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria. Con respecto a la tercera pregunta, el 95,40 % apoyó la posición de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en esta controversia territorial, mientras que el 95,94 %, respaldó oponerse por todos los medios a la pretensión de Guyana, de disponer unilateralmente de aguas que Venezuela considera pendiente por delimitar. Con relación a la quinta pregunta, el 95,93 % estuvo de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura que incluya el otorgamiento de la ciudadanía y se incorpore en el mapa de Venezuela.
La disputa ha generado preocupación en la región y diversos organismos han hecho pronunciamientos en esta fase del conflicto. La Organización de los Estados Americanos (OEA) a través de la Secretaría General dirigida por Luis Almagro, emitió unas declaraciones en las que consideró el referendo celebrado por Caracas como “ilegal e ilegítimo” y afirmó que “las acciones de Venezuela ponen en peligro el desarrollo y la estabilidad de Guyana y un riesgo más amplio para la seguridad de América Latina y el Caribe”. En Venezuela las críticas a la posición de este organismo continental vinieron tanto del gobierno como de la oposición. Desde el gobierno se consideró como “infames” y “colocada al margen de la legalidad internacional” y desde la oposición llamaron a ser “al menos imparcial”.
La CARICOM cuya sede se encuentra en Guyana, previo a la celebración del referéndum acogió la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). En un comunicado este organismo afirmó que “espera que Venezuela obedezca la decisión de la (CIJ) de abstenerse de tomar cualquier acción que modifique la situación del territorio”. Además, llamó a “no tomar ninguna acción violenta en esta disputa territorial con Guyana”. Esta posición fue rechazada por Venezuela que acusó a la secretaría de la CARICOM de mentir e hizo “un llamado a los países socios a retomar la objetividad”.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) con el impulso de Brasil y el apoyo de la CARICOM, en un esfuerzo diplomático por acercar a los dos países auspiciaron un encuentro entre Nicolás Maduro de Venezuela y el presidente de la República Cooperativa de Guyana, Irfaan Ali. El encuentro se celebró en San Vicente y las Granadinas que ostenta la Presidencia Pro-Tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y participaron además de Ralph Gonsalves, el Primer Ministro de la Commonwealth de Dominica y presidente de la Comunidad del Caribe (CARICOM), Celso Amorim consejero especial y enviado personal de Lula da Silva, así como los primeros ministros de los países de la CARICOM y como observadores los representantes de la ONU, Colombia y Honduras.
El encuentro finalizó con una declaración conjunta en las que ambos países acordaron que “directa o indirectamente, no se amenazarán ni utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia”. Establecieron que “cualquier controversia entre los dos Estados se resolverá de conformidad con el derecho internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra de 17 de febrero de 1966”. Se comprometieron a “continuar el diálogo sobre cualquier otro asunto pendiente de importancia mutua para los dos países y a cooperar para evitar incidentes sobre el terreno que conduzcan a tensiones entre ellos”. También, acordaron entre otros aspectos “reunirse de nuevo en Brasil, en los próximos tres meses, o en otro momento acordado, para considerar cualquier asunto con implicaciones para el territorio en disputa”.
Este esfuerzo diplomático nos lleva a preguntar ¿Baja la tensión tras el encuentro o los resultados dan pólvora a los defensores de la retórica patriota y nacionalista? ¿Constituye un paso de avance en el conflicto o continúa en un punto muerto? ¿Será la CIJ la que posibilite una solución o negociaciones bilaterales?. Estas preguntas evidencian la complejidad de este diferendo y muestra que el debate continúa. A pesar de que los factores geopolíticos, los intereses económicos, así como las necesidades internas de ambos países, seguirán confluyendo alrededor de este conflicto, es necesario señalar que para solucionar esta disputa no es provechosa para la estabilidad y la paz regional una decisión unilateral. Lo más razonable y saludable sería resolver las diferencias por medios pacíficos, de conformidad con la Carta de la ONU y el derecho internacional.
