Cuando la sociedad mundial conoció del fin de la monarquía en Barbados, múltiples reacciones fueron conocidas, unas celebrando, otras mostrando la preocupación de que esta sociedad caribeña no tiene las condiciones para construir su autodeterminación. Se celebraba el hecho de que lo que antes era la representación de la monarquía, ahora se convierte en presidenta con ese espíritu femenino de esperanza con que inicia. Con esta decisión, ya la casa en que se hospeda la dirección ejecutiva del pueblo se convierte en la Casa del Estado y no en la Casa del Gobierno . Aquí el conjunto de instituciones jurídicas que representa al Estado tendrá la estampa del grupo humano que constituyen los barbadenses llevando a los museos todo lo referente a la reina y su monarquía.
La semiótica da los recursos para entender que también esta separación implica el final del lastre de la esclavitud que se vivió en este espacio por más de 300 años, borrando para siempre la idea de que Barbados era el centro de acopio de los esclavos ingleses en el Caribe. Ya a la Real Fuerza de Policía de Barbados no se le llamará real, la cárcel, que se llama La Prisión de Su Majestad, ya no será de su majestad y la palabra súbditos de la Reina será borrada de los diccionarios, aun sea representando a tiempos pasados.
Desde el análisis de lo simple estos cambios parecieran cosméticos, pero en la construcción de una identidad nacional son los recursos de los abuelos para despertar el espíritu de adhesión de las nuevas generaciones al concepto de patria, porque ya no se entregarán las órdenes de la Corona de oro y la de plata al mérito, sino de las que determine el Gobierno de la República con la impronta africana que los debe caracterizar. Estos son cambios prácticos que se deberán visibilizar en la nueva constitución del Estado. Ello implica que para Barbados los símbolos del país se reflejarán en los mismos, incluso en los espacios geográficos. Por ejemplo, ya no se usarán los términos la Corona o las tierras de la Corona, porque ya se estará construyendo el distanciamiento del símbolo de lo monárquico en las decisiones que se tomen.
Los cronistas de este cambio han obviado el efecto dominó que para algunos otros pueblos del Caribe puede implicar esta separación de Barbados. Nuestra mirada se torna a Puerto Rico, y es ideal recrear la historia reciente de este pueblo. Puerto Rico es uno de los dos estados libres asociados de Estados Unidos, junto con las Islas Marianas del Norte, en la zona del Pacífico. Este estatus da a Puerto Rico cierta independencia sobre sus asuntos internos, pero no da potestad sobre sus relaciones exteriores.
Desde 1952 Puerto Rico mantiene ese régimen de Estado Libre Asociado. Esto sucedió cuando el Congreso estadounidense aprobó la Constitución de Puerto Rico, que antes había sido redactada en la isla y aprobada en un referéndum local.
La isla fue una colonia española hasta la guerra hispanoestadounidense de 1898, cuando pasó a control de los Estados Unidos de Norteamérica. Desde ese momento, los Estados Unidos ha ido cediendo control a Puerto Rico. Por ejemplo, en 1900, el Congreso estadounidense aprobó la Ley Foaker, que establecía un gobierno en la isla caribeña formado por una asamblea electa por los puertorriqueños y un encargado del ejecutivo – gobernador- nombrado por el presidente estadounidense. En otra decisión, la Ley Jones de 1917 otorgó la nacionalidad estadounidense a los puertorriqueños y declaró a Puerto Rico territorio organizado pero no incorporado. Ambas leyes consideraban que, en cualquier caso, las leyes federales estadounidenses se aplicaban en la isla. Los puertorriqueños siempre tuvieron la facultad de elegir a sus propios gobernadores a partir de 1947 gracias a la Ley de Gobernadores Elegidos.
Siguiendo la línea histórica, en 1950, Estados Unidos permitió que una Asamblea Constituyente puertorriqueña redactara una Constitución relativa a asuntos locales. Esta fue aprobada en referéndum en Puerto Rico en 1952 y ratificada, después, por el Congreso estadounidense. Es a partir de aquí que la isla asume su condición y estatus de estado libre asociado.
A partir de esta forma de organización se otorga a Puerto Rico la facultad de tener un representante con voz y sin voto en la Cámara de Representantes, la cámara baja del Congreso estadounidense. Aunque los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, no pueden votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos si residen en la isla. Tampoco están obligados a pagar impuestos federales sobre la renta, pero no se benefician de las mismas ayudas que los ciudadanos de los estados federales.
Por la decisión democrática y libre del pueblo, en sus organismos de participación , los puertorriqueños ratificaron su estatus en las urnas, la ONU dejó de considerarlos como una colonia de Estados Unidos, retirándolo de la lista de territorios no autónomos. Tras la aprobación de la Constitución se han celebrado otros cinco referéndums sobre el estatus de la isla, aunque ninguno vinculante. Las consultas son solicitadas por el gobernador de Puerto Rico y debe aprobarlas el Departamento de Justicia estadounidense. En ellas se ha decidido, en tres ocasiones/opciones, mantener el estatus actual, la independencia total de Estados Unidos o la estatadidad y pasar a ser un estado de la federación, al mismo nivel que los 48 de la masa continental, o los dos de fuera del área de influencia geográfica, Alaska y Hawái.
El primer referéndum, celebrado en 1967, ratificó el apoyo de Puerto Rico a seguir siendo un estado libre asociado con el 60%. Sin embargo, la estadidad fue ganando apoyos en las consultas de 1993 y 1998 hasta ser la opción mayoritaria en 2012. Volvió a serlo en la última consulta del 2017, recibiendo un apoyo del 97%, aunque el hecho de que solo participase el 22% de la población, puso en duda la legitimidad de este resultado. Ha de hacerse saber que la opción de la independencia siempre ha obtenido menos del 6% del apoyo de la población puertorriqueña.
A pesar de que una parte importante de los puertorriqueños parece estar a favor de un cambio en su relación con Estados Unidos, es el Congreso estadounidense el que tiene la potestad de llevar a cabo este cambio y que desde nuestra visión puede cambiar porque ya la influencia de dominio geopolítico que significaba Puerto Rico para Estados Unidos. Ya la Guerra Fría, las luchas por las ideas es producto del pasado y las relaciones diplomáticas fraternas han superado las acciones calientes de connotación ríspida.
En los últimos años, el Gobierno puertorriqueño ha presentado varias alternativas ante la Cámara de Representantes estadounidense, tanto para realizar una consulta vinculante sobre la estadidad como para incorporar a Puerto Rico a la federación como un Estado más, sin embargo, las cinco consultas que el Gobierno estadounidense ha permitido celebrar en la isla nunca han sido vinculantes ni han supuesto ningún cambio.
En agosto de 2020, un juez federal de Massachusetts declaró inconstitucional que los puertorriqueños no puedan acceder a las mismas ayudas que el resto de estadounidenses, concretamente a los programas de ingreso suplementario, nutrición suplementaria y subsidio por bajos ingresos. Aunque el Gobierno estadounidense financia otras ayudas en Puerto Rico, estas son mucho menores que las de los estados de la unión. Este fallo judicial puede suponer un paso más hacia una relación más equitativa entre Puerto Rico y el resto del país, independientemente de si la isla llega alguna vez a ser un estado o no. Esta decisión judicial es el umbral para poder inferir, de manera contrafactual, que Estados Unidos, muy pronto puede dejar a Puerto Rico construir su devenir, ya el huracán María los dejó al desnudo y Donald Trump los ridiculizó.
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Connected Worlds: The Caribbean, Origin of Modern World. “This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska Curie grant agreement Nº 823846. Dirigido por Consuelo Naranjo Orovio desde el Instituto de Historia-CSIC”.
