Es imperioso que se promueva el estudio y socialización de la legislación vigente, respecto al derecho a la cultura y que se actualice el catálogo normativo, además de un mayor compromiso por parte del Estado para la garantía efectiva del derecho a la cultura en general. Esto así, por el hecho de que muchas veces las disposiciones vigentes se pasan desapercibidas y se votan otras normas que no terminan por resolver el problema, sino que la mayoría de las veces, procuran satisfacer las necesidades mediáticas de un grupo.
La población necesita estar más consciente de los mecanismos con los que cuenta para exigir la garantía de sus derechos, como es el caso del acceso a la cultura, pues al igual que otros derechos, se encuentra tutelado por el amparo, que es la acción más afectiva para reclamar los derechos fundamentales. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la Jurisdicción Judicial comparte con el Tribunal Constitucional la protección de los derechos fundamentales, y todo el proceso se regula a través de la Ley No. 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales.
Asimismo, hace falta una mayor difusión de las disposiciones que comprende el Derecho Internacional Humanitario, a fin de preservar el patrimonio cultural en tiempos de conflictos armados, pues, con excepción del Museo de la Resistencia y, más recientemente, el Museo de las Telecomunicaciones, ningún otro museo o centro de bienes culturales en la República Dominicana cumple con la normativa para la identificación del patrimonio cultural, aspecto a tener en cuenta por nuevos incumbentes.
Si no se promueve el conocimiento, la investigación y el diálogo, difícilmente se pueda llegar a buen puerto, pues la preservación de la cultura es responsabilidad de todos los miembros de un Estado. Cada individuo debe ser consciente de su rol y responsabilidad para la puesta en marcha de programas y acciones efectivas que permitan garantizar el derecho a la cultura.
