Las acciones judiciales iniciaron en el primer período presidencial de Leonel Fernández
Bahía de las Águilas es considerada como una de las playas más bellas del mundo, localizada en la provincia Pedernales, al suroeste de la República Dominicana y forma parte del Parque Nacional Jaragua, zona protegida del país.
A inicios de los noventas fue víctima de la apropiación de sus terrenos por parte de funcionarios del gobierno que encabezaba el doctor Joaquín Balaguer, quienes crearon títulos irregulares en favor de particulares.
Conforme a informaciones publicadas en un diario nacional, dirigentes políticos y militares cercanos al caudillo fueron los favorecidos con la adquisición irregular de dichas tierras.
El extinto Jacinto Peynado, quien fue vicepresidente de la República en el último mandato constitucional de Balaguer, declaró a la prensa que el líder reformista sabía lo que ocurría en Bahía de las Águilas.
En una comunicación que circuló en los medios impresos de la época, Peynado reveló que había informado a Balaguer sobre las distribuciones de los terrenos del Estado, pero que tal denuncia le pareció imposible al seis veces Presidente de la República, ya que la Ley que controla las donaciones de tierras pertenecientes al Gobierno lo impedían, expuso el comunicado.
Es en el año 1997, en el primer perí odo presidencial de Leonel Fernández que se inician las acciones judiciales en contra de los acusados de despojar a los dominicanos de Bahía de las Águilas.
Ante las denuncias realizadas por diversos medios, la Fiscalía del Distrito Nacional representada por Francisco Domínguez Brito, presentó un expediente acusatorio que implicaba a siete personas en el caso de expropiación de tierras.
El órgano judicial ordenó la conducencia de los señores Luis Ramírez Suberví, registrador de títulos de la provincia Barahona y Puro Pichardo, dirigente político y empresario.
Asimismo, fueron requeridos por la justicia los doctores Geovalina Gonzáles Sánchez, Arturo José Cuello, Miguel Nelson Fernández Mancebo y Harold Miguelino Payano; también los agrimensores Luis Yépez Félix y Simón B. Jiménez, así como el empresario Moisés Marchena.
Las autoridades los acusaron de violar los artículos 100 y 102 de la Constitución dominicana, este último decía que será sancionado con las penas que la ley determine, todo aquel que, para su provecho personal, sustraiga fondos públicos o que prevaleciéndose de sus posiciones dentro de los organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga provechos económicos. Establece la Carta Magna de 1994.
También se les acusó de quebrantar el Código Penal, la Ley 5879 del 27 de abril de 1962, los artículos 2 y 3 de la Ley 339 del 22 de agosto de 1968; además de los 1, 2 y 3 de la Ley 362 del 25 de agosto de 1972 y el artículo primero de la Ley 145, del 7 de abril del 1975.
Domínguez Brito, Fiscal del Distrito Nacional, apoderó del expediente acusatorio a la jueza de instrucción de la Segunda Circunscripción, Francia Concepción Martínez, quien fue que continuó con las investigaciones del caso.
Uno de los nombres más sonoros durante este proceso fue el del senador Antonio Féliz Pérez, miembro del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), quien devolvió a las autoridades títulos con una extensión de cuatro millones de metros cuadrados correspondiente a la zona de Bahía de las Águilas, pero no fue procesado ante la justicia por poseer la inmunidad parlamentaria.
Además del legislador, aparecían como parceleros de la expropiación irregular de dichos terrenos, José Fernández y José Antonio Castellano con 314 mil, 421 metros cuadrados.
También Maximiliano Fernández y José Moreta, con 2 millones, 915 mil, 335 metros cuadrados; Fomento de Obras y Construcciones (FOCCA), representada por Paula Enriquez y beneficiada con 5 millones de metros cuadrados.
Así como también, Viveros del Mar Bahía de las Águilas S.A, de Enrique Acevedo; Diseños, Cálculos y Construcciones (DIXA), representada por Aquilino Antonio Méndez Pérez y beneficiados con 5 millones 966 mil 033 y 6 millones 888 mil 542 metros respectivamente.
La abogada Carmen Josefina Lora Iglesia (Piky), directora del Catastro Nacional, fue una de las primeras en levantar su voz en contra de la sustracción de tierras que ocurría en Pedernales.
Lora fungió como abogada del Estado en el proceso judicial de Bahía de las Águilas desde el inicio del mismo hasta su muerte.
Finalmente, en 2018 después de 20 largos años en los tribunales se resuelve el caso; la Suprema Corte de Justicia falló a favor del Estado acreditándolo como dueño de los 362 millones de metros cuadrados que estuvieron en manos de particulares.
