Los abogados de Ramón Ayala (Daddy Yankee) vincularon al empresario recientemente liberado Raphy Pina como la persona quien junto a Mireddys González y su hermana, tomaban decisiones en las empresas a espaldas del artista.
“Resulta importante reiterar que contrario a lo indicado por las demandadas González Castellanos bajo juramento, no es correcto que el Sr. Ayala fuera el administrador externo de las entidades. De lo pocos documentos y comunicaciones suplidas que no fueron borrados […] surge que el Sr. Ayala no era copiado en la mayor parte de las comunicaciones ni se le solicitaba autorización sobre los asuntos”, lee el documento publicado en Metro PR.
“De la poca información que pudo recopilarse vía terceros se desprende que era el Sr. Rafael Pina o sus agentes junto a las demandadas González Castellanos, quienes decidían y autorizaban los asuntos de las empresas. Incluso, el Sr. Pina expresamente solicitaba no se le incluyera a Ramón L. Ayala en las comunicaciones”.
El grupo de abogados liderado por Carlos Díaz Olivo, dieron a conocer a través de documentos oficiales que las hermanas González Castellanos borraron correos electrónicos de la empresa entre el 26 al 30 de diciembre del 2024.
“La mejor evidencia de la falta de corrección o veracidad de las aseveraciones de las demandadas, de que el Sr. Ayala “tenía conocimiento, autorizaba, etc” es que de los emails recobrados por medio de empleados o terceros, y por las investigaciones forenses realizadas en este corto tiempo, es que una porción mayoritaria de las comunicaciones electrónicas de los últimos seis años de las cuentas de correos electrónicos a nombre y en control de las codemandadas” dice el documento publicado en el medio.
“De estas investigaciones también surge que, previo a entregar las contraseñas el 30 de diciembre de 2024, se migraron todos los correos a múltiples celulares y otros equipos, los cuales ni se entregaron ni se han informado de quiénes son, ni la razón de haber migrado toda esa información”, presentó el documento que fue publicado en el Metro PR.
El tribunal ordenó esta semana dar por concluido el caso tras rechazar una petición para que las demandadas tuvieran que deponer en corte.
