El trovador cubano Silvio Rodríguez afirmó que el polémico decreto gubernamental para regular la prestación de servicios y los contenidos culturales en Cuba no fue consensuado antes con los artistas, y propuso una moratoria hasta que se discuta y se “resuelva una modificación aceptable”. ”El Decreto 349 fue algo que le pusieron delante a nuestro presidente (Miguel Díaz-Canel) para que lo firmara, sin haber sido discutido entre los artistas”, escribió el cantautor en respuesta a comentarios en su blog “Segunda cita”, convertido en espacio de debate intelectual sobre la actualidad en la isla.
Rodríguez advirtió de que la resolución “fue algo cocinado entre pocos” e insistió en que “una disposición de esos alcances debe tener un origen -y un fin- más democrático”. “Puede que el Decreto 349 tenga muy buenas intenciones, pero estoy seguro de que sería mejor si se discutiera con los artistas. Prometo acatar lo que decida la mayoría”, aseguró.
La normativa, que entrará hoy en vigor, fue firmada por el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel el 20 de abril pasado, un día después de recibir la Presidencia de manos de Raúl Castro y convertirse en el primer gobernante del poscastrismo en Cuba.
En la regulación se estipulan hasta 19 violaciones, entre ellas divulgar contenidos audiovisuales o culturales violentos, pornográficos, discriminatorios u ofensivos hacia los símbolos patrios.
El punto más polémico es el que obliga a que los artistas estén adscritos a una institución cultural del Estado, a la que deben solicitar permiso expreso para poder actuar, exponer y comercializar su trabajo. Desde su publicación en la Gaceta Oficial de la República, el Decreto 349 ha provocado protestas en una parte del sector artístico en Cuba, que considera que someter los contenidos y espectáculos a la autorización previa de entidades estatales puede ser utilizado como una herramienta de censura.
El pasado agosto las autoridades cubanas arrestaron a artistas por manifestarse públicamente contra la normativa, lo que generó aún más malestar en el colectivo y reacciones de la ONG Amnistía Internacional. En noviembre también el Departamento de Estado de EE.UU. se pronunció en contra del decreto.
