El lunes pasado, luego de publicarse en este periódico el artículo “Una Nación de Hipócritas”, recibí este mensaje de un economista amigo: “Andy, para poner el punto final, solo te faltó presentar cuanto de la deuda pública se ha debido al déficit del sector eléctrico cubierto con transferencias del Gobierno.” Tenía razón. Mencioné en el artículo que esa había sido una de las causas, pero me entretuve calculando lo representado por las divisas subsidiadas, los fraudes bancarios, las exenciones tributarias y la evasión fiscal, y olvidé estimar el impacto sobre la deuda pública del déficit eléctrico. Es lo que haré a continuación.
Aunque obtuve la información de las transferencias anuales que ha hecho el Gobierno al sector eléctrico desde 1988 al 17 de agosto del 2018, vamos a dejar fuera del cálculo las correspondientes al período 1988-1998, y considerar únicamente las realizadas a partir del 1999, año en que arranca el modelo de capitalización y de separación horizontal de la industria. También dejo fuera las destinadas al proyecto Punta Catalina, pues el mismo fue una decisión del Gobierno.
El monto total que el Gobierno transfirió al sector eléctrico para cubrir su déficit entre el 1ro. de enero de 1999 y el 17 de agosto de 2018 ascendió a RD$589,667 millones. Para estimar cuanto esto representa del PIB del 2018, debemos convertir el valor transferido a pesos del 2018. Utilizando para la conversión el IPC del Banco Central, se tiene que el monto transferido al sector eléctrico, en pesos del 2018, asciende a RD$760,460 millones, equivalente a 19% del PIB del 2018. Como se puede observar, del 50% de la deuda pública, al sector eléctrico debemos responsabilizarlo de casi el 40%.
Alguien podría señalar que estamos abultando el dato al llevarlo a pesos del 2018, y que lo correcto sería sumar todos los años, cuánto representaron las transferencias con relación al PIB de cada año. Si alguien prefiere esa metodología, incorrecta, por cierto, no vamos a objetarlo. Tome los datos del segundo gráfico y verá que la suma arrojaría 29.4% del PIB (60% de la deuda pública).
Varias causas explican el déficit del sector eléctrico. Como mencionamos la semana pasada, parte del problema es que el modelo de separación horizontal de la industria no genera los incentivos para la facturación de toda la energía comprada y el cobro eficiente de la facturada. El generador entrega la energía producida al distribuidor, a sabiendas de que, si este último no factura y cobra la totalidad, no hay problemas, pues el pagador de última instancia, el Gobierno, buscará el faltante sin importar que, para ello, este último tenga que endeudarse, como ha sucedido año tras año. Por eso las pérdidas de las EDES, originadas fundamentalmente en la energía que compran y no facturan como consecuencia de fraudes en el consumo, y muy baja inversión para la modernización del sistema de distribución y comercialización, rondan el 29%, las más elevadas de la región.
En un modelo de integración vertical de la industria, el generador no iría tan cómodo, pues el mismo tendría que distribuir, comercializar, facturar y cobrar la energía generada. Tendría un fuerte incentivo para reducir las pérdidas por fraude, invirtiendo en tecnologías modernas que permitan facturar y cobrar el 100% de la energía generada. Si alguna institución financiera multilateral tiene dudas sobre este modelo, que visite CEPM, la empresa verticalmente integrada que opera la concesión de Punta Cana – Macao, y que pregunte cuánto factura y cobra de la energía generada.
Existen otras causas detonantes del déficit del sector eléctrico. Unas motivadas por decisiones políticas, y otras por decisiones económicas, ambas comprensibles. El Gobierno dominicano no ha querido acoger la sugerencia del FMI-BID-BM de adoptar un sistema flexible de tarifas de electricidad pues sostiene que, con la matriz de generación que tiene el país, en la cual los derivados del petróleo representan el 40% de la generación (2017), un sistema flexible donde la tarifa suba o baje cuando lo haga el precio del fuel-oil, daría lugar a una volatilidad de la tarifa eléctrica más costosa económica, social y políticamente, que la generada por la variación semanal de los precios de los combustibles del transporte. No hay dudas de que un sistema flexible para la determinación del pliego tarifario mensual para el servicio de electricidad sería lo preferible, pues contribuiría a reducir el déficit financiero del sector eléctrico, y fomentaría el uso racional de la energía. El Gobierno lo entiende y está consciente que esa es la meta a la que debemos llegar, pero quiere hacerlo una vez el país disponga de una matriz de generación de electricidad donde la energía generada con derivados del petróleo no sobrepase el 10% de la energía servida. Por eso tomó la decisión de invertir en la construcción de dos unidades carbón en Punta Catalina con una capacidad nominal de 752 MW.
Otra causa generadora de déficit eléctrico es la decisión económica racional de grandes empresas e industrias que han querido reducir el costo de su factura eléctrica para ser más competitivas. Nos referimos a los Usuarios No Regulados (UNRs).
Durante el período 2010-2017, el 20% de toda la energía inyectada por el SENI ha sido consumida por los UNRs, los cuales, negociando directamente con generadores o con las propias EDES, han comprado electricidad a una tarifa, en promedio, 2 centavos de dólar por kWh más baja que la que habrían tenido que pagar (MTD2, con y sin descuentos). Para que se tenga una idea, esto ha erosionado los ingresos de las EDES durante el período 2010-2017 en US$440 millones. ¿Qué ha significado la facilidad que se le ha otorgado a estas grandes empresas e industrias de comprar energía a un precio inferior al que habrían tenido que pagar? Un aumento de la deuda pública de igual monto, es decir, de US$440 millones. No tiene nada de malo ni de pecaminoso el esfuerzo racional y comprensible de estas grandes empresas e industrias de agenciarse tarifas más bajas. Pero recordemos, como decía Milton Friedman, “there is no such thing as a free lunch”. El ahorro que obtienen los UNRs se financia con endeudamiento público.
Hay más. Si las EDES se atrasan en los pagos con los generadores que venden en el spot, enfrentan intereses más penalidades equivalentes a una tasa de interés anual en dólares -por un financiamiento que casi nunca ha sobrepasado 6 meses, cercana del 25%, seis veces la tasa indicativa a 6 meses en la curva de rendimiento de los bonos globales dominicanos.
Reconozco que el principal responsable de esta aberración es el Gobierno. Un simple decreto que modifique el Reglamento de la Ley General de Electricidad, acabaría con esta transferencia abusiva de recursos desde el Estado a los generadores privados.
Para complacer al economista amigo, cerramos con el siguiente resumen. Las divisas subsidiadas otorgadas a industrias privadas (1982-1984), representaron el 5.6% del PIB; los fraudes bancarios privados (2003-2004), 21%; las exenciones tributarias otorgadas a empresas privadas y personas físicas (1969-2018), 100%; la evasión fiscal de empresas, profesionales y personas físicas (1968-2018), 123%; y el déficit del sector eléctrico cubierto con transferencias del Gobierno (1999-agosto/2018), 19%. En total, 269% del PIB. Si nuestros gobiernos hubiesen sido fiscalmente dispendiosos e irresponsables, como apunta la crítica, la deuda pública hace rato habría superado el 100% del PIB. A pesar la revelada insaciabilidad privada, la deuda pública equivale a 50% del PIB. Los que no hayan recibido divisas subsidiadas, incurrido en fraudes bancarios, obtenido exenciones tributarias, evadido impuestos, incurrido en fraudes en el consumo de electricidad, o recibido tarifas eléctricas privilegiadas, tienen calidad moral para tirar piedras a la deuda pública. Los demás, si no quieren que les tilden de hipócritas o farsantes, deben optar por el silencio.
