Denuncia. El movimiento Marcha Verde advirtió ayer desde Nagua a toda la ciudadanía que importantes intereses privados se han aliado al gobierno del presidente Danilo Medina para impedir que el caso Odebrecht sea el fin de la impunidad en la República Dominicana.
A propósito del nombramiento de Jaime Aristy Escuder como administrador de Punta Catalina, luego de ser uno de los miembros de la comisión investigadora de la licitación de las plantas a carbón, el colectivo hizo un llamado a todos los trabajadores, comerciantes, empresarios, chiriperos, estudiantes, amas de casa y demás integrantes de la sociedad a que “no se dejen engañar” por miembros de las élites económicas, religiosas o sociales que supuestamente están interesados en lavar la cara a procesos legítimamente cuestionados y pendientes de una verdadera investigación penal.
“En la Marcha Verde somos conscientes de los vínculos que existen entre varios de los integrantes de la comisión de Punta Catalina con los intereses de Odebrecht y de los privilegios inconstitucionales que permite el presidente Medina a cambio de respaldo social y político”, declaró el colectivo al cierre de la marcha de la provincia María Trinidad Sánchez.
Frente a los miles de manifestantes que participaron de la actividad de movilización, la Marcha Verde reiteró la demanda de una investigación penal del proceso de licitación, adjudicación, financiamiento y construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina y la cancelación de los contratos con Odebrecht.
En ese sentido, expresó su apoyo a los representantes del sector social que participan en el Pacto Eléctrico, que aseguran no habrá un acuerdo que llegue a feliz término si no cruza inflexiblemente por la transparencia, rendición de cuentas y claridad en torno al proyecto de Punta Catalina y la anulación del contrato con Odebrecht. Los coordinadores del colectivo en Nagua denunciaron también corrupción y represión local.
