El Foro Económico Mundial (FEM), basándose en informaciones de encuestas realizadas por la Escuela de Negocios del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), a 83 ejecutivos de empresas radicadas en la geografía nacional, que revelan la creciente propagación del cáncer de la corrupción en nuestro país, ha hecho probablemente una de las contribuciones más trascendentales al programa de reformas y acciones para mejorar la transparencia en las finanzas públicas que ejecuta la administración del presidente Danilo Medina.
Cuando el 21 de diciembre de 2016 Odebrecht reconoció ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) haber incurrido en prácticas ilícitas en sus actividades en Brasil y varios países latinoamericanos, incluyendo República Dominicana, la Procuraduría General de la República (PGR), dio inicio a una investigación para recopilar pruebas y determinar responsabilidades que condujeron al sometimiento a la justicia de 14 supuestos implicados y beneficiarios de dichas prácticas.
Ahora, quien hace la revelación es el FEM, partiendo de las informaciones recopiladas por la Escuela de Negocios del INTEC. Los 83 ejecutivos entrevistados por los encuestadores de ese centro universitario han hecho revelaciones similares o más serias que las descritas por Odebrecht en el Acuerdo de Lenidad firmado con el DOJ. Veamos.
Los principales ejecutivos de estas 83 empresas y corporaciones, entre las cuales se encuentran varias de las más importantes del país, han denunciado que la desviación de recursos públicos generada por la corrupción ha aumentado en el 2017 con relación a las de años anteriores, hasta el punto que somos el tercer país del mundo donde más recursos públicos, en términos relativos, se desvían. En otros términos, somos el tercer país más corrupto del mundo.
Los 83 aseguran tener pruebas contundentes de que los funcionarios del actual gobierno toman decisiones en base al favoritismo, es decir, para favorecer a allegados, relacionados y posiblemente, a las propias empresas que los entrevistados presiden o dirigen. Según ellos, somos el segundo país del mundo donde el favoritismo, como factor determinante del proceso de toma de decisiones públicas, es más intenso.
Los ejecutivos de las empresas radicadas en el país que han informado al INTEC y al FEM de estas prácticas aberrantes, aseguran que los pagos irregulares y sobornos son el pan nuestro de cada día, convirtiendo al país en una especie de República Sobornada. Indican que muy pocos países del mundo exhiben mayor preferencia por los sobornos que el nuestro. Esta revelación debería disparar las alertas rojas de la PGR, pues la impresión que se tenía en el país era que el soborno era un monopolio absoluto de la empresa brasileña, lo cual acaba de ser desmentido por los 83 ejecutivos empresariales interrogados por el INTEC.
Estas denuncias adquieren mayor relevancia cuando estos empresarios, la mayoría dominicanos, señalan al INTEC y, por transitividad al FEM, que el comportamiento ético de las empresas, incluyendo las de ellos, es uno de los 6 peores del mundo. No hay que ser un investigador muy ducho para deducir, en consecuencia, que la mayoría de las 83 empresas dirigidas por los ejecutivos entrevistados han otorgado sobornos a funcionarios públicos para que los favorezcan con decisiones oficiales. En otras palabras, la empresa originaria de Salvador de Bahía no inventó el soborno en nuestro país.
Visto lo anterior, consideramos que si la administración del presidente Danilo Medina quisiera dar una muestra adicional y contundente de su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción, debería entregar a la PGR el documento “The Global Competitiveness Report 2017–2018” para que inicie una investigación de gran espectro y profunda perspicacia para recopilar todas y cada una de las pruebas que sirvieron de soporte a las respuestas que ofrecieron los 83 ejecutivos empresariales entrevistados por el INTEC.
Lo primero que debería hacer la PGR es solicitar a la Escuela de Negocios del INTEC el listado de los nombres de los 83 ejecutivos entrevistados por ellos para construir lo indicadores del pilar “Instituciones” del Reporte Global de Competitividad del FEM. Dado el evidente daño reputacional que se ha infligido a la imagen de la República, estamos seguros que el INTEC no tendrá reparo alguno en proveer dicho listado a la PGR.
En segundo lugar, la PGR extendería una invitación formal a los 83 ejecutivos empresariales para que visiten sus oficinas con el objetivo de ser interrogados sobre las denuncias hechas a los encuestadores del INTEC. Una vez en las oficinas de la Feria, se les debería preguntar a todos y cada uno de los 83 ejecutivos empresariales, cual fue el monto preciso de los pagos irregulares o sobornos que sus empresas entregaron a funcionarios del Estado dominicano, en pesos y/o dólares, durante los últimos 15 años.
A seguidas, se les solicitaría una descripción detallada de los favores recibidos en forma de decisiones de políticas públicas o contratos a cambio de los sobornos pagados. El listado de las empresas se enviaría a la DGII para evaluar como los sobornos agregaron un componente ilícito a los beneficios de esas empresas, o si estos fueron ocultados a través de las tan comunes prácticas de precios de transferencia en que incurren muchas empresas radicadas en el territorio nacional. Y claro, ponderar las estipulaciones de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos frente a estas prácticas.
Convendría solicitarles también, para poder construir un expediente contundente, las pruebas relacionadas con las vías utilizadas por sus empresas para pagar dichos sobornos, es decir, si fueron pagos en efectivo, cheques, transferencias bancarias o de activos inmobiliarios. Y finalmente, los nombres de todos los funcionarios que recibieron los sobornos.
Con las informaciones y pruebas que provean esos ejecutivos, a los cuales se les podría ofrecer la opción de delación premiada que reduzca el período de privación de libertad sujeto al pago del doble de los sobornos pagados en los últimos 15 años, la PGR podría preparar los expedientes para el sometimiento judicial de todos los que se han beneficiado de los sobornos que pudieron haber pagado las empresas de los 83 ejecutivos entrevistados por el INTEC para el Reporte Visionario del FEM.
Podría darse el caso de que algunos de los ejecutivos quieran retractarse. La PGR, con los cuestionarios respondidos provistos por INTEC, determinaría si los entrevistados serían pasibles de un sometimiento por difamación e injuria contra la República. Los ejecutivos podrían señalar que no pueden revelar esas informaciones ya que con ello se auto-incriminarían. En ese caso, alguien debería advertirlos de las implicaciones de su negativa. Un juez podría decidir que con su silencio estarían encubriendo a receptores de sobornos, lo que los haría cómplices de actos ilícitos que conllevan la privación de libertad.
La PGR debe ser muy cuidadosa en el manejo del caso, evitando que su actuación sea percibida como un atentado contra la libertad de expresión. Debe poner especial cuidado en el trato hacia el FEM y el INTEC, pues ambas entidades son simplemente los vehículos que utilizaron esos 83 empresarios para hacer su “denuncia-querella” al mundo. El FEM y el INTEC no son culpables absolutamente de nada. Todo lo contrario, ambas instituciones merecen el reconocimiento de toda la sociedad por el extraordinario servicio que están prestando al fortalecimiento institucional de nuestra nación.
Lo realmente sorprendente es que mientras más corrupto nuestros empresarios perciben al Estado dominicano, mejor calificación recibe el país de las agencias calificadoras de riesgo. Mientras los empresarios dan declaraciones y respuestas que afectan la imagen del país aquí y en el exterior, los tenedores de bonos y los bancos globales de inversión resaltan nuestro desempeño y progreso. Definitivamente, alguien está desviándose de la racionalidad, los bonistas, los bancos globales, las calificadoras o los 83. Por eso a Richard Thaler le otorgaron el Premio Nobel de Economía 2017 la semana pasada.
