Algo extraño estaba sucediendo. Se desconocía si era o no fruto del cambio climático. Empresas con los mismos progenitores o relacionados, por alguna razón, nacían, operaban y fallecían en un período aproximado de tres años. La primogénita, Distribuidora de Bebidas y Licores Royal (DIBELIROY) vino al mundo en el 2009 y fue formalmente sepultada por sus progenitores en el 2012.
Inmediatamente fue suplantada por Licores y Bebidas Dominicanas (LIBEDOM), la cual fallece y recibe sepultura en el 2015. Su hermana, Licores y Bebidas del País (LIBEPA), nace días antes, pero el destino no será diferente. Muere y recibe las honras fúnebres en el 2017. Los progenitores, conscientes de que existía un problema de tipo genético y previendo lo que sucedería a LIBEPA, acordaron procrear a Suplidores Generales Dominicanos (SUPLIGERDOM), la cuarta de las hermanas, la cual vino al mundo en el 2017, días antes del fallecimiento de LIBEPA.
Las cuatro empresas se dedicaban a lo mismo. Distribuir y comercializar en los hoteles de la región Este de la isla, rones, whiskies, ginebras y otras bebidas alcohólicas producidas por Licores Royal (LICOROY) y vinos elaborados por Bodegas de Iberia (BODIBERIA). LICOROY compraba alcohol puro a dos destilerías no relacionadas, Consorcio Tecno Deah y Destilería La Isabela.
¿Qué provocaba el fallecimiento de las empresas distribuidoras? La apertura de un proceso de inspección de la DGII para entender la hazaña de estas distribuidoras: lograr, en un tiempo relativamente breve, el monopolio del suministro de bebidas alcohólicas en todos los hoteles del Este del país. Las nuevas autoridades que asumieron la dirección de la DGII a finales de junio del 2016, no estaban convencidas de la teoría de sus antecesoras que postulaba que la causa de este sorpresivo monopolio, residía en el “evidente cambio en las preferencias de consumo de los turistas que estaban llegando a los hoteles del Este”, una teoría que dejó totalmente perplejas a algunas y desconcertadas al resto de las empresas formales que antes suplían a los hoteles del Este.
Las nuevas autoridades de la DGII habían aprendido micro y analizado el fenómeno de los precios mentirosos con Fontaine en la Universidad Católica de Chile. Tomaron además los famosos cursos de teoría de precios de UChicago que se iniciaron con Friedman a finales de la década de los 40s. Lo que aprendieron no les permitía aceptar alegremente la validez de la hipótesis del cambio en las preferencias del consumidor que había sido postulada. Había que investigar más. Para un equipo entrenado en el funcionamiento de una economía de mercado, estaba claro que la primera variable a observar era el precio ofertado por las cuatro distribuidoras que se pasaban el testigo de la distribución como en una carrera de relevos 4 x 3 años.
El examen de la documentación levantada en las inspecciones comenzó. Analizando las facturas de venta de alcohol etílico de las destilerías a LICOROY, se observó que producir un litro de ron con un contenido de alcohol de 37.5%, teniendo en cuenta el costo del alcohol etílico y los impuestos selectivos ad-valorem y específico, costaba a LICOROY, en noviembre del 2015, RD$259.60, excluyendo el Itbis. Asumiendo que LICOROY vendía a LIBEPA, su distribuidora que corría en ese momento, al precio de costo de RD$259.60, y partiendo de un margen bruto que las distribuidoras cargan sobre el costo es de un 25%, el estándar del mercado, podría concluirse que LIBEPA debió haber vendido el litro de ron a los hoteles del Este a un precio de RD$324.50, excluyendo el Itbis del 18%. ¿A cuánto realmente lo vendió? A RD$205.00 el litro, un 21% por debajo de su costo y 37% por debajo del precio de la competencia. ¡Dumping! Posiblemente habría gritado algún economista despistado que no conociese las innovaciones que algunos de nuestros empresarios han ideado para eludir y/o evadir el pago de impuestos.
No hay que ser economista para comprender que si una empresa decide vender su producto por debajo del costo que registra cualquier otra empresa, en poco tiempo se convertirá en el suplidor monopólico en ese mercado. Como se observa, la aparición de esta distribuidora monopólica que cada tres años pasaba el testigo a su recién nacida hermana, nada tenía que ver con el supuesto cambio en las preferencias de los turistas, sino con el beneficio que para los hoteles tenía la aparición de un proveedor de bebidas alcohólicas capaz de vender a un precio 37% más bajo que el ofertado por empresas licoreras que pagaban todos los impuestos establecidos.
Resultaba obvio que la investigación no podía concluir ahí, a no ser que alguien dentro de la DGII fuese miembro de la Logia de la Filantropía Masoquista. Vender permanentemente por debajo del costo de producción o de adquisición, todo el inventario disponible, no resulta económicamente viable para ninguna empresa. Definitivamente que RD$259.60 por litro de ron era el costo de adquisición que enfrentaba LIBEPA al comprar a LICOROY. Cierto era también que lo vendía a los hoteles a RD$205.00. ¿Cómo podía subsistir? Estaba claro que RD$205.00 era un precio mentiroso. Era, sin embargo, el precio real que los hoteles pagaban a LIBEPA. Si la información provista por los precios no permitía entender lo que sucedía, había necesariamente que moverse al eje horizontal, al de las cantidades.
Es aquí donde la investigación sube de Chile a México. Los mexicanos, desde tiempos ancestrales, son meticulosos en el arte del entrelazado y hilvanado. Los espectaculares textiles bordados de los descendientes indígenas de Chiapas no nos dejan mentir. Cuando la unidad de deshilvanado de la DGII comienza a analizar la densidad del tejido, detectan que ésta no podía ser explicada exclusivamente por la cantidad de bebidas alcohólicas que LICOROY y BODIBERIA vendían a LIBEPA. En efecto, los cotejos realizados a partir de las facturas de venta de LICOROY y BODIBERIA a LIBEPA y las ventas de esta última a los hoteles, mostraban que las bebidas suministradas por LICOROY y BODIBERIA apenas representaron el 25% del total de las cantidades vendidas por las hermanas distribuidoras a los hoteles durante los años 2014-2017.
Alguien más le estaba vendiendo a LIBEPA. Había que profundizar en la investigación. Era necesario ingresar en las instalaciones de LIBEPA para conocer quienes eran esos suplidores. Los intocables de la DGII llegaron a la Jacobo Majluta, al lado de la estación Isla, la dirección de registro. Nada. La seguridad informó que la empresa ya no operaba ahí. Se trasladaron al Apt.303 en la Winston Churchill 10-B, Urbanización Fernández, otra dirección registrada. Nada, el apartamento estaba cerrado. Alguien sopla que las oficinas están en el piso 22 de Blue Mall. Nada. Ahí están las oficinas del Grupo Tremols, donde afirman no conocer a la nombrada LIBEPA. Finalmente, ejecutivos de LIBEPA informan a la DGII que deben dirigirse a la Ave. Vega Real 2 esq. Madrigal, cerca del Zoológico. Allí se topan con un modesto almacén que albergaba un inventario conformado por algunas cajas de las bebidas distribuidas por LIBEPA y varias fundas plásticas repletas de tapas para botellas, como las que se encontrarían en una fábrica de bebidas alcohólicas. Se sospechaba que LIBEPA estaba produciendo bebidas sin estar debidamente autorizada, pero lo encontrado ahí, no resultaba suficiente. La percepción de fabricación informal de bebidas se dispara cuando encuentran facturas de compra de LBEPA a empresas suplidoras de botellas, tapas, etiquetas, melaza y documentos de importación de esencias con contenido alcohólico.
O LIBEPA estaba produciendo bebidas alcohólicas sin estar debidamente autorizada a hacerlo, o alguien le estaba prestando ese servicio. Con informaciones de precios del alcohol, botellas, tapas y demás insumos, los DGII boys estiman que el 75% de las ventas de bebidas alcohólicas de LIBEPA a los hoteles tenía su origen en fabricación ilegal, a un costo promedio de RD$53.50 el litro de ron, dada la evasión de los impuestos selectivos específico y ad-valorem. Ahora entendían cómo LIBEPA podía vender a los hoteles a un precio de RD$205.00, pues su costo ponderado verdadero era RD$105.00 (25% x RD$259.60 + 75% x RD$53.50). El margen efectivo era de RD$100 por litro de ron, es decir, 95% sobre su costo promedio ponderado. Sin necesidad de operar con margen reducido, como uno habría imaginado luego de tomar Microeconomía II, se tiraron a la competencia. Sólo los que hubiesen tomado el seminario Evasión Avanzada en Economías Emergentes en la Universidad de la Vida, habrían sospechado que el sorpresivo surgimiento de estas distribuidoras monopólicas tenía su origen en prácticas de auto-exención impositiva.
Había, sin embargo, un problema. Con tal margen, los beneficios eran enormes y el pago del impuesto sobre la renta sería considerable. Era necesario construir una enorme manta de gastos fantasmas todos los años para erosionar la base impositiva. Los analistas de la DGII descubren una amplia variedad de hilados ficticios, teñidos con Números de Comprobantes Fiscales (NCF) de empresas existentes que desconocían estar sirviendo como helio para inflar gastos o que se crearon exclusivamente para vender facilidades de creación artificial de gastos a las empresas distribuidoras. Las distribuidoras asentaban en sus registros contables facturas ficticias con NCF generadores de crédito fiscal. LIBEDOM, por ejemplo, utilizó cinco empresas que operaban como factorías de facturas ficticias. LIBEPA superó a su hermana mayor fallecida. Utilizó 14, incluyendo las empresas PROVISIONES DEL PAIS y DICAPARA, utilizadas por LIBEPA para registrar compras ficticias de insumos por RD$119.7 millones, amparadas en los 10 NCF otorgados inicialmente por la DGII a cada empresa constituida y registrada. Cuando la DGII analizó ambas empresas, encontró que su “principal accionista”, Junior Guevara Urbáez, quien declaró a la DGII no tener idea de ser accionista ni dueño de ninguna empresa, era en realidad el conserje-portero de la Escuela Básica San Rafael, de la comunidad de Villa Miriam, en Barahona, percibiendo un salario de RD$9,900.00 mensuales. Si las heredó de algún familiar de la rama Guevara o de la Urbáez, la verdad es que al pobre Junior nadie había tenido la gentileza de comunicárselo.
SUPLIGERDOM, la única distribuidora superviviente y que, en apenas 6 meses había vendido RD$1,171 millones a los hoteles, utilizó varios proveedores de facturas ficticias amparadas en NCF con licencia para crédito fiscal, incluyendo un pequeño taller de muebles radicado en San Pedro que ha testificado no tener registros de haber vendido nada a SUPLIGERDOM, a pesar de que está última asentó facturas que revelan compras cuasi-atómicas al tallercito por RD$293 millones.
Así reducían el beneficio declarado y, por tanto, el impuesto sobre la renta a pagar. Pero también el Itbis a liquidar ante la DGII. Si la factura no era real, el Itbis plasmado en la misma tampoco lo era. Las facturas ficticias permitieron privatizar la mayor parte del Itbis cobrado a los hoteles, al deducir en la liquidación final de este impuesto en la DGII, el supuestamente “adelantado” en las facturas de compras ficticias.
No había dumping, mucho menos filantropía. Obtuvieron el monopolio, incluso, operando con mayor margen de beneficio que el exhibido por los anteriores proveedores de licores a los hoteles del Este, gracias a la utilización de prácticas de evasión no inventadas por esas empresas. Las estimaciones realizadas por la DGII revelan que la pérdida de ingresos tributarios provocada en el período 2010-2017 por estas prácticas asciende a RD$4,128 millones, excluyendo intereses indemnizatorios y recargos.
No son los únicos ni los más grandes. Son un grano de arena en esta playa de evasión y elusión fiscal que sólo en el 2017 costó al Estado dominicano, por concepto de impuesto sobre la renta e Itbis evadidos, la suma de RD$344,171 millones. No se aceleren, por tanto, a coger piedras. Pocos pueden autoproclamarse libres del pecado de la evasión. La culpa quizás es de Moisés. Bajó muy rápido del Monte Sinaí, ya que el pueblo escogido, desesperado por la dilación en la cima de la montaña del hombre de barba blanca, había montado un bonche escandaloso que incluía la adoración de un becerro de oro. La prisa en bajar no le permitió escuchar el undécimo mandamiento: “No evadirás los impuestos del César”. ¡Moisés! ¿Copiaste? Muy tarde, el hombre venía bajando a mil para ver lo que pasaba con el escogido.
Las actuales autoridades de la DGII saben que los agentes económicos reaccionan a los incentivos y al riesgo. Por eso, desde que asumieron a mediados del 2016, sabían que la lucha contra la evasión no llegaría lejos, si los contribuyentes sentían que la percepción de riesgo de evasión convergía a cero, como aparentemente sucedió durante el período septiembre 2012- junio 2016. Nadie puede negar que hoy, las cosas son diferentes. Los contribuyentes saben que hay una DGII vigilante, analítica, manejadora de data y detectora de inconsistencias. Los apellidos no importan. Las relaciones económicas con el poder tampoco. Los apoyos y financiamientos de campaña resultan irrelevantes. Por igual, la membresía a partidos políticos, sea el de Gobierno o los de la oposición. La venda que tapa o debería tapar los ojos de la Diosa Themis, hoy tapa la actuación imparcial, justa y balanceada de la DGII.
Que a nadie le quepa la menor duda. La reforma más importante que ha tenido lugar en el ámbito fiscal en los últimos dos años y medio ha sido el fortalecimiento institucional y administrativo de la DGII, y el consecuente aumento en la percepción de riesgo de evasión que ha llevado a muchos evasores a elevar el consumo de pastillas para el sueño.
Lamentablemente, así como Santiago es Santiago, el mercado es el mercado. Y desde ya hay contribuyentes realizando análisis de flujo neto descontado de prácticas de evasión, utilizando tasas de descuento por el riesgo de ser atrapado que parecen reducirse en la medida en que nos acercamos a las elecciones del 2020. No son pocos los evasores que apuestan a que los días de rectitud, seriedad y compromiso de la lucha de la DGII contra la evasión están contados. Entienden que, bajo un nuevo gobierno, retornará triunfalmente el imperio de la percepción insignificante de riesgo por incumplimiento tributario.
Más importante que la inamovilidad del Gobernador del Banco Central en un país con finanzas públicas deficitarias como el nuestro, sería la inamovilidad de un Director General de Impuestos Internos capaz, serio y justo, por un período mínimo de 10 años. Nada generaría más progreso en la batalla contra la evasión en los próximos 10 años que el mantenimiento del equipo actual que dirige la DGII. Que me perdonen los aspirantes.
