Organizaciones y ONGs foráneas y locales han acusado al Estado dominicano de practicar políticas de discriminación contra nacionales haitianos, basándose principalmente en la supuesta lentitud con que se cumple una ley para regularizar la permanencia de ciudadanos de ese país que se encuentran en situación irregular y de ilegalidad en el territorio de la República. Pero ninguna de ellas resalta el hecho de que el problema que ha trabado el proceso radica en que la mayoría de esas personas carece de un documento de identidad auténtico que diga a quienes se estarían documentando.
Lo inaceptable del caso es atribuirle al gobierno una falla del Estado vecino y sobre ese prejuicio se pretende denunciar al país por algo que no entra en el campo de sus obligaciones en materia migratoria. Haití se ha resistido incluso a cooperar ciento por ciento con el proceso llegando a encarecer los trámites de documentación de esos ilegales, impidiéndoles culminar así la fase fundamental de esa compleja tarea.
¿Por qué entonces la responsabilidad del calvario de los inmigrantes haitianos que al final encuentran en este país oportunidades que no les ofrece el suyo, recae sobre la República Dominicana y no por el auténtico y único responsable? Esto es inexplicable y carente de toda lógica.
Inadmisible, además, que entidades locales se presten a este peligroso juego que pone al país en trance de ser colocado en una lista negra de la comunidad internacional, cuando la realidad es que la generosidad dominicana le ha dado albergue a cientos de miles de haitianos que huyen de su país en busca de una oportunidad que su propio país les niega.
Nadie tiene derecho a exigirle a un Estado soberano como el nuestro lo que su realidad le impide realizar. La inmigración ilegal ha llegado a un nivel que socava nuestra estabilidad social y económica e incluso política y a eso debemos prestarle la atención debida.
