Los 25 de noviembre representan un día en el que columnistas de periódicos, comentaristas de radio y de televisión utilizan sus plataformas para hacer un llamado “a las autoridades” para que se tomen en serio la violencia machista. Tanto el Estado, cuyos deberes son incuestionables, como las personas que formamos parte de ese Estado, somos responsables de construir una cultura libre de violencia, todos los días del año, en nuestra cotidianidad, e influenciando nuestro entorno.
Este Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, no apelaré ni al sensacionalismo ni en la emotividad. Considero imprescindible apelar a lo más aburrido que existe en la palestra nacional: las políticas públicas. Estas son tan tediosas como fundamentales pues representan el marco de garantías para sustentar el derecho a una vida sin violencia ni discriminación.
Aparte de la concientización, del financiamiento de los servicios para mujeres y de la cobertura mediática ante la frecuente calamidad que representa un feminicidio, las mujeres y niñas dominicanas necesitan otra cosa: que su Estado las reconozca como seres humanos. Para eso necesitamos leyes y una Constitución que establezca nuestros derechos en base al sexo, pues ahora mismo figuramos como un “género”.
Nuestra historia no siempre ha sido así. El Artículo 12 de la Constitución del 1994 expresaba: “son ciudadanos todos los dominicanos de uno y otro sexo que hayan cumplido 18 años de edad, y los que sean o hubieren sido casados, aunque no hayan cumplido esa edad”. La Carta Magna del 2002 repetía este artículo tal cual. Llega la Constitución del 2010 y en su Artículo 39 habla del derecho a la igualdad: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades por razones de género”.
¿Qué es el género? Reúna sus cinco amistades más cercanas, pídales que lo definan y le aseguro que no llegarán a un consenso. Nuestro sexo, por el contrario, es ineludible e inexorable. Nacer hembra es la razón principal por la que las mujeres y niñas son discriminadas en un sistema de opresión patriarcal. Por lo tanto, hemos de cambiar el sistema, pero primero tenemos que nombrarlo. La discriminación en base al sexo es, precisamente, lo que llamamos sexismo o machismo.
¿Qué habrá pasado entre la Constitución del 2002 y la del 2010, que legalmente las dominicanas dejaron de ser consideradas un ente tangible para ser convertidas en un concepto nebuloso?
El pasado 4 de noviembre, en una entrevista concedida a este periódico, la jurista española Tasia Aránguez Sánchez expresó: “En el derecho se ha producido un desplazamiento conceptual, pues hemos pasado de un derecho antidiscriminatorio internacional, que hablaba de derechos basados en el sexo, a textos internacionales que hablan de derechos fundados en el género. Ahora parecería que el género es la causa de la opresión y no la consecuencia de la misma. Ya no queda claro si el género es algo malo que hay que abolir, o si es algo bueno que hay que proteger”.
A veces la historia tiene maneras poéticas de resarcir despropósitos. El Artículo 17 de la Constitución dominicana del 1963, considerada por muchos nuestra Carta Magna más progresista, planteó: “A igual trabajo corresponde igual salario, sin discriminación de sexo, edad o estado”.
Hoy día, cincuenta y seis años después, los discípulos del profesor Juan Bosch se han abanderado del Proyecto de Ley que crea el Sistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres. Aparte de comprometer más de veintiún instituciones públicas para dar respuesta coordinada y eficaz a la violencia machista, este Proyecto de Ley, autoría del senador Félix Bautista, le devuelve a las dominicanas sus derechos como seres humanos por derecho propio, al condenar y declarar ilegítima la discriminación por sexo.
