El Gobierno ha hecho una importante previsión financiera, con miras a enfrentar posibles contingencias vinculadas a fenómenos naturales, ahora muy proclives a afectar al territorio dominicano y al resto de la región del Caribe.
En el proyecto de Presupuesto General del Estado para el 2018 el Poder Ejecutivo está pidiendo al Congreso Nacional que le autorice a agregar el equivalente al 0.5% del producto interno bruto (PIB) nominal al 1% de los ingresos corrientes que la Ley General de Presupuesto consigna como recursos destinados para que el Gobierno enfrente situaciones de emergencias o calamidad nacional.
La iniciativa, que según cálculos hechos para una crónica que se publica en la sección de economía de este diario, representaría una apropiación de recursos para emergencias por unos 19,837 millones de pesos, le proporcionaría al Gobierno una reserva presupuestaria similar al valor de las pérdidas que han provocado los huracanes cuyos efectos se han sentido en parte del territorio nacional durante los últimos años.
Por la frecuencia del paso de ciclones y por la magnitud de los daños que provocan en carreteras, puentes, viviendas y plantaciones agrícolas, los fondos que tradicionalmente se han reservado para esas contingencias ya no son suficientes. Equivalen al 1% de los ingresos corrientes en teoría porque por las precariedades que históricamente rodean a los diversos presupuestos, el monto asignado siempre queda por debajo del fijado por ley. Conocedor de esa situación, el Gobierno está previendo contar con una mayor dotación de fondos de emergencias, pues República Dominicana está en la ruta de los huracanes, cuya formación ya es más frecuente y no necesariamente obedece a la de por sí larga temporada ciclónica.
La situación de siniestralidad en la región del Caribe, que ya organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial están poniéndole la vista, está llamada a provocar cambios no solo en la parte financiera del Estado dominicano. Debe también conllevar al diseño y aplicación de políticas públicas vinculadas a prevención y auxilio.
Según el FMI, los desastres naturales provocan en los países pobres pérdidas equivalentes al 10% del PIB per cápita. Y para el caso dominicano, el Banco Mundial, que aprobó una línea de crédito por US$150 millones, ha estimado el impacto anual de los fenómenos naturales en la economía nacional en unos US$420 millones anuales.
Ante ese panorama, prevenir será siempre mejor que lamentar.
