Una contracción económica de 17% en abril-junio del 2020. Una tasa de desocupación y fuerza laboral potencial de 18.5%, el doble del 9.9% del último trimestre del 2019. Un déficit del sector público consolidado superior a 11% del PIB en el 2020, provocado por la confluencia del aumento en el gasto corriente para viabilizar el cierre de empresas y el distanciamiento social y la merma de casi 20% en las recaudaciones. Las enormes necesidades brutas de financiamiento del gobierno, que ascenderán a US$10,332 millones en el 2020 (US$7,567 millones provenientes del exterior), no evitarán que el Banco Central cierre el año con menos reservas que en 2019. Sólo del turismo, recibiremos US$5,400 millones menos de ingresos brutos que el año pasado. No hay que dar más vueltas para concluir que vivimos tiempos anormales.
Las ventas registradas por la DGII en abril-julio de este año han caído en casi 18% con relación al mismo período el año pasado. Los efectos causados por las políticas globales y nacionales para hacer frente a la pandemia no han sido similares en todos los sectores. Las ventas del sector hoteles, bares y restaurantes cayeron en 82.8%. Las de Transporte y Almacenamiento (-55.6%), textiles y prendas de vestir (-53.3%), vidrio (-52.0%), cerámica (-49.0%), comercio de vehículos (-45.5%), comercio de combustibles (-43.2%), Alquiler de Viviendas (-38.4%), muebles y colchones (-35.2%), Enseñanza (-33.7%), productos de panadería (-33.0%), Construcción (-29.1%), Comercio (-26.6%), Otros Servicios (-25.4%), Salud (-23.6%), productos de tabaco (-20.5%), hierro y acero (-18.9%), y cemento (-16.0%), también se contrajeron. Mientras estos sectores y subsectores se contrajeron, otros como Finanzas (+24.6%), azúcar (+21.2%), Minería (+18.5%, debido al alza del precio del oro), jabones y detergentes (+15.4%), supermercados (+11.0%), productos de molinería (8.2%), productos farmacéuticos (+8.0%), y productos lácteos (+7.5%), lograron vender más en los 4 meses de la pandemia que en el mismo período el año anterior.
La prudencia aconseja no apostar a una rápida recuperación del turismo, si tenemos en cuenta que este sector enfrenta restricciones fuera de nuestro control. No controlamos la política de cada gobierno extranjero sobre restricciones de viajes; algunos países permiten viajes de negocios, pero no de turismo. Algunos que los permiten requieren al viajero, a su regreso, someterse a una cuarentena de dos semanas. Otros nos califican como destino de alto riesgo, pues sólo tres de nuestros hospitales están certificados por ellos para atender a sus nacionales en embajadas en caso de contraer Covid-19; sólo contabilizan las camas para Covid-19 en esos tres hospitales y, por tanto, “no hay suficientes para los turistas que viajen a Dominicana”. Tampoco controlamos a las líneas aéreas y las decisiones que han tomado de recortar el número de vuelos. Pero, sobre todo, resulta cuesta arriba convencer a millones de potenciales turistas que han perdido sus empleos, a que desahorren o se endeuden para venir de vacaciones, sin saber cuando conseguirán trabajo, pero sabiendo el riesgo adicional que asumen de contraer el virus en geografías de playas conocidas y de sistemas sanitarios por conocer. Mientras no aparezca una vacuna efectiva que haya sido recibida por la mayor parte de la población norteamericana y europea, aceptemos que el turismo, durante el resto del 2020 y el 2021, perderá incidencia como fuente de crecimiento económico.
Tampoco es prudente pensar que el Banco Central, por si sólo, puede hacer el trabajo de sacar la economía de la depresión que revelan las cifras anteriores. Como ha explicado Michael Woodford , de la Universidad de Columbia, la crisis económica que enfrentamos producto de la pandemia no tiene su origen en una perturbación económica por el lado de la oferta o de la demanda que afecta todos los sectores de la misma manera y con la misma intensidad. Si ese fuese el caso, la receta para enfrentarla es conocida: adecuar la tasa de interés real para estimular el consumo y la inversión hoy. El Banco Central, a través de la Tasa de Política Monetaria, lo puede conseguir sin problemas. Esta vez, sin embargo, la perturbación es diferente. Es provocada por una pandemia que obliga prácticamente a cerrar algunos sectores para evitar el colapso del sistema sanitario.
La coexistencia de sectores que se contraen abruptamente con otros que, por el momento, no parecen haber sido afectados, da lugar a una asimetría capaz de producir arritmias muy serias en el flujo circular de pagos entre los diferentes sectores de la economía. Un restaurant que ha cerrado sus puertas indefinidamente al no poder ofrecer a su clientela un servicio con seguridad en medio de una pandemia fuera de control, pierde los ingresos que necesita no sólo para pagar la renta de alquiler sino también el préstamo que tomó para adecuar o remodelar la propiedad. Una vez se produce la ruptura inicial en el flujo de pagos, la empresa o persona física que rentó la propiedad y el banco que prestó el dinero, ven afectados sus flujos de caja, creando una bola de nieve de incumplimientos involuntarios que no puede ser detenida a través de la política monetaria. Sólo las transferencias fiscales pueden lidiar con esta perturbación que impide el funcionamiento efectivo de los mecanismos de mercado. Las transferencias fiscales constituyen la respuesta apropiada para el fallo generalizado en la demanda efectiva identificado por Keynes (1936) y que llevó a Leijonhufvud (1973) a demostrar que no puede ser corregido con reajustes de la tasa de interés real.
En países con monedas de reserva, estas transferencias fiscales pueden ser lo suficientemente grandes para abarcar no sólo a los hogares y a los trabajadores desempleados, sino también a las empresas de los sectores económicos más afectados por la pandemia. El déficit presupuestario federal de los EE. UU. cerrará el año fiscal 2020 en US$3.2 trillones (16% del PIB). Lamentablemente, el peso no es una moneda de reservas. El Gobierno ha estado realizando transferencias fiscales a los hogares y trabajadores desempleados en la medida de sus posibilidades, y de esa manera ha aliviado, aunque marginal e indirectamente, el colapso sufrido por el flujo de caja de las empresas de los sectores más afectados.
No debemos perder tiempo. Las fuentes de crecimiento para el resto del 2020 y el 2021 debemos identificarlas en otros sectores de nuestra geografía económica. No hay mejor candidato que el sector Construcción. Es ahí donde tenemos que colocar, lo más rápido posible, las fichas para la reactivación económica. El Gobierno ha anunciado tres importantes iniciativas: la Autopista del Ámbar, la infraestructura básica para el desarrollo turístico de Cabo Rojo y Pedernales, y la ampliación y modernización del Puerto de Manzanillo. Si añadimos el programa de construcción de viviendas y la culminación de varias obras de infraestructura vial, el Gobierno podría potenciar el crecimiento de un sector cuyo PIB se contrajo 35% en abril-junio de este año.
El Gobierno ha dejado entrever que la alianza público-privada (APP) es la vía que más le atrae para ejecutar los principales proyectos. En tiempos normales, esta selección no debería preocupar. Lamentablemente, vivimos tiempos anormales. Si se lee cuidadosamente la Ley 47-20 de APP, se podría estimar que el proceso para llegar a la firma del contrato tomaría, siendo muy eficientes, entre 9 y 15 meses. El proceso se iniciaría con la evaluación y aprobación de la situación a resolver; descripción de la propuesta para resolverla, con su debido análisis técnico y financiero; justificación de la necesidad de provisión del servicio, en consonancia con las prioridades del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública y la Estrategia Nacional de Desarrollo; justificación de la APP como la modalidad más apropiada para la ejecución de la iniciativa; identificación y descripción de los requerimientos para la ejecución; identificación del financiamiento y cualquier posible requerimiento de transferencia de recursos del Estado, firmes o contingentes; realización del análisis de riesgo, los mecanismos de mitigación y la distribución de estos; evaluación de los impactos sociales y medioambientales; y la realización de los estudios de pre-factibilidad y antecedentes documentales disponibles al momento de la iniciativa, necesarios para la evaluación de la pertinencia y conveniencia de la iniciativa. Una vez culminado lo anterior, se procedería a la presentación y evaluación de iniciativas; la declaración de interés público; y el proceso competitivo de selección del adjudicatario que incluye la habilitación de oferentes, la evaluación técnica, la evaluación económica, y la adjudicación del contrato de alianza público-privada.
En una situación anormal como la que vivimos, donde reina la incertidumbre y se magnifican los riesgos, los privados van a demandar tasas de descuento muy altas para cubrirse. Pienso que lo prudente, como recomendaría Keynes, es que el Estado de el primer paso, arranque con la ejecución de las obras y una vez la incertidumbre y los riesgos retornen al “previo normal”, sobre la marcha, se invite a los privados a participar. La gravedad de la crisis que enfrentamos requería que el Poder Legislativo otorgue poderes extraordinarios al Ejecutivo, similares a los que se confieren en situación de guerra. En esta coyuntura necesitamos un Ejecutivo fuerte, que actúe rápido y con flexibilidad. Esto no implica sacrificar la transparencia. Una comisión de licitación que incluya a Rafael Toribio, Rolando Guzmán, Víctor Masalles, Jorge Subero Isa, Aura Celeste Fernández y Sonia Díaz Inoa, garantizaría la total transparencia del proceso.
