La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ponderó ayer la resolución emitida por la Junta Central Electoral (JCE), que regula un mecanismo administrativo para la asignación de apellidos a niños, niñas y adolescentes declarados judicialmente en estado de abandono por filiación desconocida.
Finjus señaló que laresolución 003/2017 es “una iniciativa loable para la protección especial de los menores de edad, que busca proveer de apellidos a las personas adultas que, inscritas ya en el registro civil, carecen de apellidos por no tener filiación conocida”.
“Es evidente que ya no será posible alegar que la facultad reglamentaria de la JCE es de carácter complementario, porque las nuevas disposiciones constitucionales le otorgan una capacidad de reglamentación autónoma en los asuntos de su competencia. Ello supone que la JCE no necesitara de la previa habilitación legislativa para reglamentar […] asuntos cuya competencia le ha sido expresamente atribuida desde la Constitución”, advirtió Finjus, en una nota firmada por su vicepresidente, Servio Tulio Castaños.
Al analizar la resolución de la JCE, Finjus indica que “se observa que el objetivo fundamental de la medida es revertir la situación de desprotección que atraviesa la persona que carece de apellidos, en cuanto se le dificulta el ejercicio pleno de ciertos derechos fundamentales”. Y que la propia JCE ha planteado que el documento de identidad de una persona registrada sin apellidos es “cuestionado y no puede ser utilizado en el ejercicio de los derechos fundamentales que le asisten como persona, dificultándole el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, como serían entre otros, acceso al sistema educativo, de salud pública, deporte, pasaporte, licencia de conducir, apertura de cuentas bancarias”. Aseguró que el contenido de esta resolución está “íntimamente vinculado con temas muy sensibles de la agenda nacional”.
Medida promovería garantía de derechos
Finjus reconoció que “al adoptar esta resolución, el Estado dominicano está dando un paso de avance en el cumplimiento de su misión fundamental, que no es otra que garantizar los derechos fundamentales de todas las personas en un marco de apego a las leyes, los tratados internacionales suscritos por el Estado y la Constitución de la República”.
