La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, aseguró este miércoles que es necesario que se les conceda una prórroga de cuatro meses para seguir investigando el caso Medusa, y para ello presentó varios motivos a la jueza apoderada del proceso.
Uno de las causas por la que Reynoso le dijo a la magistada Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que debe darles el plazo, es que todavía tienen pendiente interrogar a más de 100 personas relacionadas al caso.
La procuradora adjunta manifestó que los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) deben continuar realizando otras diligencias procesales, por lo que se hace necesario que les otorguen el tiempo extra.
La Pepca debió presentar acusación formal contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y los demás imputados en el caso Medusa, al vencerse el plazo de ocho meses. Pero como no tienen el documento listo han recurrido a solicitar la prórroga, tal y como se lo permite el Código Procesal Penal.
Al respecto, la defensa de Jean Alain, quien cumple prisión preventiva en la cárcel Najayo, días atrás adelantó que se opondrán en la audiencia que a la Pepca se le concedan la prórroga, pues consideran que tuvieron el tiempo suficiente para concluir la investigación.
Al final, la jueza Altagracia Ramírez es quien decidirá si la prórroga es concedida. La magistrada también revisará este miércoles la medida de coerción de los imputados. La vista inició al alrededor del mediodía y ahora están en un recurso para el almuerzo.
Por el caso Medusa también son procesados Javier Alejandro Forteza Ibarra, Alfredo Alexander Solano Augusto y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, quienes cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres, en San Cristóbal.
También, Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario. Miguel José Moya tiene impedimento de salida y presentación periódica.
Junto a Jean Alain, son señalados por el Ministerio Público como integrantes de una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
El órgano acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
También, enfrentan cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
El Ministerio Público acusa al grupo, además, de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno. El exprocurador y sus colaboradores y relacionados están imputados, igualmente, de infringir varios artículos de la nueva Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
