“Todo parece indicar que vivimos en un terrorismo judicial”, así definió el abogado de uno de los apresados durante la Operación Coral 5G, los 49 allanamientos y operativos puestos en marcha por los fiscales anticorrupción.
La mañana de este jueves se ha registrado mucho movimiento en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a donde fueron llevados anoche los nueve militares, entre ellos tres generales activos, que el Ministerio Público acusa de participar en una red de corrupción administrativa, vinculada al mayor general Adán Cáceres, preso en Najayo por El caso Coral.
El abogado Zacarias Pallano, quien defiende al coronel Erasmo Roger Pérez Núñez, es uno de los que se han dado cita al Palacio de Justicia y considera este proceso judicial como terrorista, ilegal y arbitrario.
“Para que tanto bulto, para que tanta arbitrariedad”, dijo el jurista, que además indicó que al momento del apresamiento de Pérez Núñez, el fiscal actuante no se identificó en franca violacion a las normas.
Explicó que el coronel fue interrogado por el Ministerio Público en varias ocasiones, ya que “siempre estuvo y estará dispuesto a asistir las veces que sea necesario cuando se le cite”.
Pallano aseguró que Pérez Núñez siempre estuvo disponible y residió en la misma vivienda, por lo que, agregó, el Ministerio Público no tenía que hacer un “bulto” durante el apresamiento, y vulnerar, incluso, el derecho de sus vecinos al no dejarlos entrar al edificio. “Hasta una guagua del 911 tuvo que devolverse”, añadió.
Durante la Operación Coral 5G, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) arrestó a varios oficiales activos de distintos cuerpos castrenses, incluyendo a tres con el rango de general, contra los que tiene pruebas contundentes de su participación en una red de corrupción administrativa.
El general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), forma parte de los arrestados, así como el general Julio Camilo de los Santos Viola, también de la FAD, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.
La Operación Coral 5G alcanza además al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, a José Manuel Rosario Pirón, a los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo; a Erasmo Roger Pérez Núñez, al cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez y a César Félix Ramos Ovalle.
Al igual que las otras operaciones, Coral 5G se desarrolla como parte de las acciones contra la corrupción y la impunidad encaminadas por la gestión del Ministerio Público que encabeza la magistrada Miriam Germán Brito.
Un equipo de fiscales practicó 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega.
Los operativos son encabezados por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
En cuanto al expediente ya judicializado que se desprendió de la Operación Coral, y que precede a la etapa procesal abierta con la Coral 5G, el Ministerio Público presentó pruebas que llevaron a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional a imponer, el 10 de mayo de este año, 18 meses de prisión preventiva en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Los imputados, arrestados a partir del inicio de la Operación Coral, el sábado 24 de abril de 2021, guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal.
En tanto que, contra Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien decidió cooperar con el Ministerio Público, el tribunal ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad.
El 8 de agosto el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le confirmó la medida de coerción a todos los imputados. Para el pasado viernes 12 esa instancia judicial volvió y le confirmó las medidas, excepto al sargento Montero Cruz que tiene pendiente la apelación a la que sus abogados no se han presentado.
Al grupo se le imputa de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
El entramado criminal desarticulado con la Operación Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cusep y Cestur, principalmente, con el abultamiento de la nómina.
Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), a pesar de que no aparecía en los registros públicos.
El Ministerio Público ha establecido en el transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares de República Dominicana.
