VALENCIA, Venezuela (AP) — Tras la identificación de parte de las víctimas del incendio ocurrido en los calabozos de una estación policial que dejó 68 muertos, las autoridades venezolanas iniciaron el jueves el proceso de notificación y entrega de los cuerpos a los familiares mientras organizaciones humanitarias y opositores exigieron una exhaustiva investigación.
Félix Brugera indicó que funcionarios arribaron la mañana del jueves a su casa para informarle que su hijo Eduardo, de 25 años, está entre las personas que perecieron la víspera en el incendio ocurrido en las celdas del comando general de la policía del estado central de Carabobo.
Brugera responsabilizó a la policía por la muerte de su hijo y dijo, desde las afueras del comando policial, que “esto no es justicia”.
Las 68 personas, en su mayoría reclusos, murieron la mañana del miércoles en medio de un incendio que se registró en los calabozos donde los presos le prendieron fuego a algunas colchonetas para presionar a las autoridades para que les abrieran las rejas y poder escapar, relató a The Associated Press Carlos Nieto, director de la organización humanitaria Una Ventana a la Libertad, quien aseguró que la versión la obtuvo de los sobrevivientes y algunos familiares de las víctimas.
Entre los fallecidos estaban dos mujeres, familiares de los presos, que estaban pernoctando en la estación policial.
El incendio se dio poco después que algunos presos intentaron secuestrar infructuosamente a dos guardias, precisó Nieto.
El activista indicó que al expandirse las llamas la situación se salió de control y sostuvo que hubo “negligencia” de parte de las autoridades a la hora de atender la situación. Agregó que los reclusos que lograron salvarse fue gracias a un boquete que abrieron los bomberos en una de las paredes de las celdas.
En el hecho resultaron heridas unas 17 personas, según registros de la Fiscalía General.
La estación de la policía de Carabobo tenía capacidad para 35 detenidos, pero para el momento del incendio había unas 200 personas en las celdas. En las últimas 24 horas las autoridades desalojaron a unos 70 presos sobrevivientes y los trasladaron a tres cárceles del estado Carabobo, indicó a la AP el activista Humberto Prado, director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones.
El incidente, considerado la segunda mayor tragedia registrada en un centro de detención desde 1994, fue condenado por la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, que instó en un comunicado a las autoridades venezolanas a llevar adelante una investigación “pronta, exhaustiva, y efectiva”.
“Estamos consternados por las terribles muertes”, señaló el comunicado en el que se pide al gobierno que proporcione reparaciones a las familias de las víctimas y lleve a los responsables ante la justicia.
Prado anunció que el caso ya fue denunciado en la oficina del alto comisionado para los derechos humanos, y agregó en las próximas horas se llevará al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para abran un proceso.
“Gran consternación siento por los hechos”, afirmó el gobernador oficialista de Carabobo, Rafael Lacava, al lamentar las muertes y anunció en su cuenta de Twitter que se había iniciado una investigación “seria y profunda para dar con las causas y los responsables de estos lamentables sucesos”.
El Ministerio Público designó cuatro fiscales para investigar los hechos y entrevistar a los familiares de las víctimas y sobrevivientes.
Desde hace varios años las organizaciones humanitarias han venido alertando sobre la compleja situación de los centros policiales venezolanos donde se estima que están recluidos 32.600 personas y hay un hacinamiento de más de 450%, según cálculos del Observatorio Venezolano de Prisiones.
Prado indicó que aunque las leyes establecen que las personas que son arrestadas por los agentes policiales deben estar en las comisarías entre 48 y 96 horas, en los últimos años esa norma no se cumple y los detenidos pasan meses y años en estaciones policiales a la espera que el Ministerio de Servicio Penitenciario les dé un cupo para trasladarlos a las prisiones.
Esa situación ha generado graves problemas de hacinamiento en las comisarías y serias dificultades económicas para las policías debido a que no cuentan con presupuesto para alimentar a los centenares de presos y darles atención médica, precisó el activista.
Venezuela cuenta con una treintena de cárceles donde la población, que alcanza a 57.000 reclusos, enfrenta serios problemas de hacinamiento y violencia generada por bandas que controlan internamente los penales y trafican armas y drogas.
En 1994 se registró la mayor tragedia carcelaria cuando perecieron 108 reclusos en un incendio en una cárcel de la ciudad occidental de Maracaibo.
