Santo Domingo – El juez del Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, varió este jueves la medida de coerción consistente en prisión preventiva y arresto domiciliario a tres de los acusados de supuestamente pertenecer a un entramado de corrupción administrativa, desarticulado mediante la operación Coral 5G.
La variación contra Esmeralda Ortega Polanco y César Ramos Ovalles consiste en impedimento de salida del país, presentación periódica y una garantía económica de un millón de pesos en efectivo. Mientras que a Yehudi Blandezmil Guzmán, se le varió la prisión preventiva por arresto domiciliario.
El magistrado Mejía, también ratificó la prisión preventiva que cumplen por 18 meses los generales Boanerges Reyes Batista (ARD), Juan Carlos Torres Robiou (FARD) y Julio Camilo De los Santos Viola (FARD).
De igual modo, continuarán cumpliendo prisión preventiva el capitán de navío ARD Franklin Mata Flores y a José Manuel Rosario Pirón.
En tanto que la prisión domiciliaria les fue ratificada a Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez y a Jehohanan Lucía Rodríguez.
El juez Raymundo Mejía dispuso que las medidas sean revisadas el próximo 14 de junio.
Las imputaciones
De acuerdo con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), los generales de las instituciones castrenses apresados en la Operación Coral 5G, crearon empresas a nombre de personas relacionadas al financiero de estas instituciones militares para supuestamente “suplir combustibles y materiales gastables”, los cuales nunca eran entregados, se realizaban cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado.
Además, establece el expediente que asignaron sumas millonarias como partidas mensuales para operaciones de inteligencia, valores que supuestamente eran utilizados para gastos personales e inversiones de los directores y financieros del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), y otras instituciones estatales.
Otra de las características de la red, de acuerdo con el expediente, es que nombraron personas de confianza en los departamentos de auditoría, despacho de combustible, almacén, raciones alimenticias, inteligencia, cuentas por cobrar, a los fines de poder mantener el control de lo que se presentaba a la Contraloría General de la República.
