Cuatro casos han sido ventilados en la opinión pública; Milagros Ortiz reveló que investigan entre tres y cuatro más
En los primeros cuatro meses del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se han producido al menos siete casos de cuestionamiento a la transparencia o corrupción en el manejo de la administración pública. El primer caso fue en Salud Pública por la supuesta “venta de nombramientos” por lo que fue cancelado el director de Recursos Humanos, le siguió el caso del escándalo del logo Marca País porque la publicitaria contratada por un monto superior a los 32 millones de pesos para desarrollarlo, plagió el diseño.
Las autoridades de Pro Dominicana (antiguo Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana) retiraron el logo que se dio a conocer en un publicitado acto que contó con la presencia del presidente Luis Abinader.
A raíz del escándalo, el Ministerio de Turismo convocó a un concurso a los estudiantes universitarios para desarrollar un nuevo logotipo.
Sobre el caso, el Gobierno aclaró que el contrato se hizo en la pasada gestión y que lo ejecutaron en cumplimiento a la continuidad de los asuntos de Estado. El siguiente caso fue la renuncia de la exministra de la Juventud, Kimsberly Taveras, luego de una controversia pública con la periodista Nuria Piera que hizo varios reportajes de investigación sobre la declaración jurada de patrimonio de Taveras superior a los 75 millones de pesos. Contrataciones Públicas le suspendió el registro de proveedor del Estado a la exfuncionaria y ahora la dama está bajo investigación del Ministerio Público.
El último caso es el adelanto por cien millones de pesos que hizo el gobierno a través del Gabinete de Políticas Sociales a 70 artistas para conciertos a futuro y por el hecho la dirección de Contrataciones Públicas inició una investigación y advirtió que en el proceso se violaron normas de la ley 340-06.
A raíz de la investigación, el coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, Tony Peña, anunció que los contratos fueron anulados y que el monto de 100 millones se le dejaría a los artistas en calidad de ayuda solidaria del Gobierno por el impacto de la pandemia en el sector. Esa acción generó más crítica y profundizó el descontento de muchos por la decisión.
El caso tomó un giro de irregularidad cuando Contrataciones Públicas, que dirige Carlos Pimentel, informó que investigaría y dispuso que fuese anulado por no cumplir con algunos requisitos de la Ley 340. Antes de ese momento, el tema generó críticas por la forma en que fue gestionado y porque los recursos fueron entregados a artistas de reconocida solvencia económica. El gobierno intentó aclarar que los recursos también estaban destinados a músicos, pero ese esfuerzo fue infructuoso para detener la crítica pública a la acción del Gabinete Social.
Los demás casos no se conocen en cuáles instituciones se han producido ni los funcionarios que involucraría, pero la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, informó el día diez de este mes que investigan otras tres o cuatro denuncias de corrupción en el Gobierno.
En Interior un viceministro y 52 empleados cancelados por irregularidades
El presidente Luis Abinader destituyó con solo tres meses en el cargo al viceministro, Víctor Miguel Polanco Severino, quien fue designado mediante decreto presidencial el 17 de agosto de este año y fue destituido el pasado 30 de noviembre mediante el decreto 691-20.
Luego, el pasado diez de diciembre, el Ministerio de Interior y Policía informó cancelación a 52 empleados de la Dirección de Armas, tras detectarse serias irregularidades con el otorgamiento de permisos para el porte y tenencia de armas de fuego.
La información fue suministrada por la entidad en una nota de prensa donde se indica que la medida fue tomada luego de realizarse una intervención en la Dirección de Control de Porte y Tenencia de Armas de Fuego, donde se determinó las irregularidades cometidas en los procesos.
“El ministro Jesús Vásquez Martínez se dispuso como meta hacerle frente a los actos de corrupción que de acuerdo a las informaciones recabadas, se cometían en el pasado en dicho departamento contra los usuarios que iban en busca de servicios”, indica el comunicado.
En este caso, no se ha ventilado en la opinión pública y se conoce porque el propio Ministerio de Interior lo dio a conocer, por tanto, es un hecho que no ha repercutido hasta ahora no ha impactado de manera negativa en la imagen del gobierno de Luís Abinader y el Partido Revolucionario Moderno.
Redes dan agua de beber a las autoridades
Los cuestionamientos más intensos que ha tenido el gobierno se dan en las redes sociales especialmente twitter, la red social de la crítica. Ante esta realidad da la impresión de una mala estrategia de comunicación desde el gobierno, pues hasta ahora no han tenido éxito en el manejo de ninguno de los temas ruidosos o escandalosos que han enfrentado. El presidente Abinader ha tenido que salir al frente a las críticas en varias ocasiones como ocurrió con el proyecto de presupuesto que incluía nuevos impuestos y los rumores de intención de privatización de algunos servicios. Un caso que se ha ventilado con intensidad en las redes es el de las cancelaciones en el Ministerio de Educación que tienen en aprietos al gobierno por el momento en que ocurren, en Navidad y en medio de una crisis.
