La decisión pudiera variar, dijo el Ministerio Público al explicar que recurrirá en oposición
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional acogió este jueves una objeción de la defensa de Víctor Díaz Rúa, imputado en el caso Odebrecht y declaró nula la autorización judicial con la cual extrajeron información bancaria del exministro de Obras Públicas, para realizar informes financieros e incorporarlo al juicio como prueba en su contra.
El tribunal dijo que la orden queda sin efecto jurídico por violar el derecho a la privacidad, al no establecer un plazo para su ejecución, por lo que también queda sin efecto, todo lo que se desprenda de ella, es decir, pruebas.
La abogada Laura Rodríguez, defensora de Díaz Rúa, explicó que como consecuencia de la decisión del tribunal, se excluirá del juicio un CD que contiene información financiera de diversas sociedades comerciales de su cliente y también se excluyen toda la evidencia que se deriva de esa información.
En audiencia, los abogados del imputado le indicaron al tribunal que la autorización judicial con la cual la Superintendencia de Bancos, le entregó información bancaria al Ministerio Público era ilícita porque no establecía un plazo temporal para su ejecución y por ende violentaba derechos fundamentales, como la privacidad.
Luego de deliberar, el tribunal, que está compuesto por tres juezas, acogió la objeción de esta defensa, con el voto disidente de su presidenta, la magistrada Esmirna Gisselle Méndez.
La magistrada Tania Yunes, al explicar el fallo, precisó que, si bien existe una orden judicial emitida por un juez, admitiendo la intromisión del órgano persecutor en los datos bancarios de una persona, faltó al no establecer, como lo haría con cualquier otra orden, un plazo para la ejecución de dicha diligencia. “Y sí, esa actuación viola un derecho fundamental, nodal, como es el derecho a la intimidad y la privacidad”, dijo.
“Es nula y sin efecto jurídico y todo lo que se desprenda de dicha orden. En ese sentido, y por ese motivo, queda sin efecto jurídico esa orden y todo lo que se desprenda de la misma porque viola derechos fundamentales de la intimidad y la privacidad al no establecer un plazo para su ejecución”, manifestó Yunes al dar a conocer la decisión que contó con su voto favorable y el de la jueza Yisel Naranjo.
Al respecto, la fiscal Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que harán oposición a este fallo ya que la Constitución de la República establece que a ningún ciudadano se le puede exigir lo que no está previsto en la ley.
“El tribunal en principio dio un fallo inicial, estableciendo que por la orden no tener tiempo, violentaba los derechos fundamentales, pero todavía esa decisión está sujeta a un recurso de oposición que el Ministerio Público hará uso en la próxima audiencia y ya verán cómo variarán las cosas”, manifestó.
El juicio, por los US$92 millones que la constructora Odebrecht admitió pagó en sobornos para obtener contratos de obras públicas en el país, continúa el próximo lunes a las 9 de la mañana, ya que el tribunal suspendió la audiencia de hoy, pues los abogados del imputado Andrés Bautista no podrían estar presentes.
Para el lunes, también está previsto que la testigo Jisselle Paulino Cáceres, analista de la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público, siga declarando.
Paulino Cáceres, quien es contadora, realizó los informes financieros de Díaz Rúa y otros imputados.
El informe lo elaboró con informaciones remitidas por la Superintendencia de Bancos, la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y otras instituciones, que dan cuenta de todos los productos financieros manejados por el imputado y los salarios percibidos durante su gestión como funcionario.
