El mayor general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán y los otros tres implicados en el caso Coral fueron trasladados la madrugada de este miércoles hacia Najayo donde cumplirán prisión preventiva.
La Procuraduría General de la República informó que el traslado se realizó a las 5:30 a.m. con el debido dispositivo de seguridad.
Mientras que el mayor Raúl Alejandro Girón fue llevado al lugar confidencial donde cumplirá arresto domiciliario.
El pasado lunes, la jueza Kenya Romero dictó 18 meses de prisión preventiva contra el mayor general Adán Cánceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep); la pastora Rossy Guzmán, el cabo policial Tanner Flete Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Aza y el sargento Alejandro Montero Cruz.
Ordenó que la medida de coerción sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, ubicada en San Cristóbal, tal y como lo había pedido el Ministerio Público.
Romero también dispuso que el mayor Raúl Alejandro Girón, quien está colaborando con el Ministerio Público y admitió los cargos, cumpla arresto domiciliario bajo custodia de la Procuraduría General de la República. Sobre este particular, la jueza indicó que la información del domicilio será manejada de manera confidencial.
La magistrada consideró que “se puede identificar que contra las personas investigadas se configuran elementos iniciales coherentes que, sin prejuzgar el fondo, razonablemente lo señalan como autores o cómplices de los ilícitos investigados”.
Al motivar su fallo, Romero manifestó que a partir del examen de la solicitud presentada por el Ministerio Público, existen elementos suficientes, inicialmente, que pueden sostener razonablemente que las personas imputadas con probabilidad son autores o cómplices de la infracción.
“Esto implica que sin prejuzgar el fondo se justifique la necesidad y utilidad de una medida de coerción en base a la seriedad de la investigación”, dijo Romero, quien también explicó que los tipos penales que se les imputan a los acusados entrañan sanciones privativas de libertad graves.
A pesar de que los abogados de los acusados indicaron que estos tienen arraigo en el país, la jueza dijo que al ser evaluados los documentos “de manera cuantitativa de cara al cuadro general planteado se desprende que, de acuerdo a la naturaleza de la acusación, existe el riesgo de la obstaculización de los medios de pruebas, en especial la de tipo testimonial, dada la naturaleza y la dinámica de los tipos penales investigados y de la cronología de la investigación resultan insuficientes para imponer la medida que pidió la defensa” (que era libertad pura y simple).
Además, la jueza Romero declaró el caso de tramitación compleja, solicitud que le hizo el órgano acusador. En ese punto precisó que este caso cumple los requisitos para ser complejo.
