Leonardo Faña ya fue trasladado este martes hacia la cárcel Najayo-Hombres donde deberá cumplir prisión preventiva tras ser sometido por agresión sexual contra una mujer que era su empleada.
Ayer, la jueza Nancy Joaquín, de la de la Tercera Sala Penal de la Corte del Distrito Nacional le impuso la medida de coerción al suspendido director del Instituto Agrario Dominicano (IAD) a solicitud del Ministerio Público.
En ese sentido, tras agotar el proceso, el Nuevo Modelo Penitenciario procedió a la 1:00 p.m. a su trasladado al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, en San Cristóbal, y cuando era ingresado al vehículo dijo que es un “preso político”.
Luego de que ayer se le dictó la medida coercitiva, Faña responsabilizó al expresidente Danilo Medina y al exministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, de crear un entramado junto a otras personas para meterlo preso.
Aseguró que Medina y Peralta en conjunto con personajes de su Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el Ministerio Público “trancaron mi cuerpo pero no podrán trancar mis pensamientos”.
“Quiero decirle que decidieron dejarme preso dos meses, lo sabré enfrentar y vivir, tengo fuerza para defender mi patria, la seguiré defendiendo, muchas gracias”, manifestó.
Dijo que Medina está detrás de las acusaciones que se le imputan ya que en la gestión pasada denunció que las visitas sorpresas realizadas por el exmandatario supuestamente fueron una estafa para el país y un engaño para los campesinos, mientras que al exministro Peralta, lo acusó de beneficiarse de cada libra de ajo que se vende en el mercado local.
El suspendido funcionario fue sometido por presuntamente violar los artículos 309 numeral 1, 330 y 332 del Código Penal, que tipifican la violencia contra la mujer y la agresión sexual.
El caso inició con una denuncia presentada por una exempleada del IAD ante la Unidad de Atención y Prevención de Violencia del Distrito Nacional, que tramitó el proceso a la Corte de Apelación del Distrito Nacional, atendiendo que el suspendido funcionario debe ser investigado por un órgano de segunda instancia, ya que goza de jurisdicción privilegiada.
Aunque la mujer desestimó la querella que interpuso el pasado 18 de enero, el Ministerio Público continúa con la acción penal de oficio.
