A once días de haber sido apresados a los cinco implicados en el supuesto entramado para desviar fondos públicos de entidades castrenses, denominado Operación Coral, se les conocerá medida de coerción este miércoles.

La jueza Kenya Romero fijó la audiencia para las 10:30 de la mañana, tras la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazar la recusación de la que fue objeto por parte de uno de los abogados la semana pasada.

Con la decisión de la Corte, la magistrada fue confirmada para conocer la vista, donde decidirá si envía a prisión al mayor general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Aza, el teniente coronel Raúl Alejandro Girón y el cabo Tanner Flete Guzmán, como ha solicitado el Ministerio Público, o si les impone una medida menos gravosa.

Sobre la recusación, la Segunda Sala de la Corte, al analizar la situación, llegó a la conclusión de que la imparcialidad de la jueza no estaba comprometida, como alegó la defensa del coronel Núñez de Aza cuando la recusó el pasado viernes.

Indicó que las decisiones tomadas por la jueza se enmarcan dentro del ámbito jurisdiccional y que fueron objetivas y apegadas a derecho.

Cuando fue recusada, Romero afirmó que no tiene ningún interés en el caso.

“Esta jueza al examinar la cuestión entiende que no tiene ningún motivo que merme su capacidad de juzgar de manera imparcial, no tiene interés, no conoce ninguna de las partes procesales, no tiene interés más que el que se desprende de nuestro rol de árbitro imparcial”, manifestó.

¿Cuáles son las acusaciones a imputados?

A Cáceres Silvestre y los demás imputados, quienes están detenidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el Ministerio Público les imputa los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y, además, porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

El órgano acusador ha dicho que la prisión preventiva es la medida de coerción más idónea “para salvaguardar el desarrollo de la investigación”. Además, solicita que el caso se declare de tramitación compleja, debido a la cantidad de imputados.

Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución del Ministerio Público, aseguró que llevan ante la jueza un caso “jurídicamente blindado” y tienen pruebas “fulminantes” contra los imputados.

De acuerdo a las investigaciones que realizó la Pepca, cuando en el 2012, el expresidente Danilo Medina llegó al poder, Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep), comenzó a crear un entramado militar-policial, social y religioso para distraer fondos del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

Interrogan a asistente del coronel Núñez de Aza

Por otro lado, ayer la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) interrogó durante dos horas al cabo Jacobo de la Cruz Duarte, asistente del coronel Núñez de Aza. El militar es mencionado en el expediente como uno de los oficiales que depositó dinero ilícito en las cuentas de una empresa que supuestamente utilizó para el lavado de activos la alegada de red de corrupción. De La Cruz Duarte daba apoyo a la Gerencia Financiera del Cestur, unidad dirigida por Núñez de Aza, acusado de ser el cerebro financiero del entramado.

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