La ONG alemana Transparencia Internacional (TI) asegura en un informe divulgado el martes que el 75 % de las mayores potencias exportadoras -origen de la mitad del comercio internacional- persiguen poco o nada a las empresas de sus países que sobornan en el extranjero.
En su informe “Exportando corrupción”, TI indica que solo 11 de los 44 mayores exportadores, responsables del 30,8 % del comercio internacional, aplican de forma “activa” o “moderada” una legislación que sanciona el pago de sobornos en el extranjero siguiendo los criterios de la Convención contra la Corrupción de la OCDE, adoptada hace más de 20 años.
“Es inaceptable que gran parte del comercio internacional sea susceptible de corrupción sin consecuencias”, afirma en un comunicado la presidenta de TI, Delia Ferreira.
A su juicio, “los gobiernos prometieron implementar y hacer cumplir leyes contra el pago de sobornos a funcionarios extranjeros bajo convenciones de la OCDE y la ONU”, pero muchos no están cumpliendo con lo acordado.
“Muchos no están siquiera investigando importantes casos de gran corrupción que afectan a empresas estatales y políticos prominentes. Esto tiene un efecto especialmente corrosivo y en última instancia afecta principalmente al ciudadano de a pie”, lamenta Ferreira.
Alemania, Israel, Italia, Noruega, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos son los países que persiguen activamente estos delitos económicos, mientras que Australia, Brasil, Portugal y Suecia son las economías que hacen un seguimiento moderado de la corrupción de sus empresas en el exterior.
Los otros 33 países analizados -entre los que sobresalen pesos pesados como China, Japón, Francia, Holanda y Corea del Sur- quedan, según la clasificación de TI, en las dos categorías inferiores de implementación, las de “limitada” y “escasa o inexistente”, y suponen el 52 % de las exportaciones globales.
España se encuentra en el grupo de implementación “escasa o inexistente”, junto a otros 21 países -principalmente asiáticos y europeos-, como también México y Colombia, mientras que Chile y Argentina, por su parte, se sitúan en el de implementación “limitada”.
Además de revisar país por país la situación en estas 44 economías, este documento de 160 páginas repasa recientes escándalos de sobornos a gran escala y recoge, entre otros, los casos de Odebrecht, Airbus, Sinopec y Rio Tinto.
La ONG alemana insta a China, y también a India, Hong Kong y Singapur -las cuatro en la categoría inferior- a firmar la Convención contra la Corrupción de la OCDE y luchar activamente contra esta lacra.
TI destaca, además, la “notable mejora” en este ámbito de Brasil e Israel y la caída en los niveles de implementación de Finlandia, Austria, Canadá y Corea del Sur.
Argentina y Chile también han experimentado una mejoría, lo que les ha valido para subir de categoría.
El autor del informe, Gillian Dell, destaca asimismo que los países, además de un marco legal “sólido”, precisan recursos para las agencias que deben implementarlo.
El informe recomienda mejorar la transparencia y facilitar la cooperación internacional para la investigación y persecución de estos delitos transfronterizos.
Además, insta a la OCDE a “hacer pública su insatisfacción” con los países que han suscrito la Convención contra la Corrupción pero no han tomado medidas para atajar los delitos económicos de sus empresas más allá de sus fronteras, de los sobornos al blanqueo de dinero pasando por el falseamiento de la contabilidad.
