En EE.UU. se reaviva la polémica en torno a la pena de muerte a partir de las medidas alternativas que los gobiernos locales están buscando para ejecutar a los condenados a muerte, ante la escasez de inyecciones letales.
En el caso del estado de Carolina del Sur se ha aprobado el uso de pelotones de fusilamiento, mientras que Arizona rehabilitó una cámara de gas, donde planea utilizar gas de cianuro de hidrógeno, conocido como Zyklon B, el mismo que fue utilizado por los nazis para asesinar a centenares de miles de judíos en Auschwitz.
Esta decisión ha causado una ola de indignación por la crueldad del proceso. La última vez que Arizona ejecutó a un preso con gas fue en 1999, ocasión en la que el condenado tardó 18 minutos en fallecer.
Sin embrago, más allá de la polémica, se ha reabierto el profundo debate en torno a la pena de muerte, en el que la polarización es palpable, lo que para unos es un castigo merecido, para otros es una muestra de barbarie.
Por su parte, la activista Helen Prejean opina que es un acto “altamente inmoral, es una tortura poner a un ser humano con consciencia en una pequeña celda, durante 15 o 20 años y después matarlo”.
Mientras, el analista Luis Quiñones destaca que, si bien “todas las personas dicen que no se puede quitar una vida así, pero también las personas que han cometido esa clase de crímenes, que merecen la pena capital, francamente han dejado la sociedad totalmente, han dejado la humanidad. O sea, se están comportando como animales rabiosos. Ellos han tomado decisiones que los han apartado de la raza humana, entonces no hay que verlos hasta cierto punto como un ser humano”.
¿Moralmente aceptable o moralmente cruel?
A pesar de que la mayoría de estadounidenses están a favor de la pena de muerte, las encuestas muestran que, mientras en 2006 el 71 % de ciudadanos pensaba que era un castigo moralmente aceptable, en 2020 ese número disminuyó hasta el 54 %.
De esta forma, los activistas aseguran que ese rechazo no solo se sustenta en la evolución moral de la sociedad, sino también en que las autoridades han utilizado métodos de extrema crueldad incluyendo la experimentación médica.
Prejean explica que las “autopsias de más de 200 personas que murieron por inyección letal muestran que tenían líquido en los pulmones debido a las enormes dosis de drogas experimentales que les suministraban”, además de los paralizantes que les dan para que no luchen por su vida, “mientras se ahogan por dentro”, lo que en palabras de la activista es “¡física y moralmente cruel!”. Asimismo, añade, que “afortunadamente, la gente está empezando a despertar”.
Sin embargo, al otro lado del debate están aquellos que opinan que la pena capital debería incluso ampliarse. “Yo tampoco estoy de acuerdo con la idea de que a una persona que tiene 17 años y 364 días, o sea menores de 18, no se le pueda sentenciar a muerte, porque una persona de 17 años y tres meses es capaz de barbaridades“, expresa Quiñones.
En definitiva, la pena de muerte sigue siendo un laberinto moral que indaga y plantea una pregunta imposible: ¿Cuál es el precio de la vida humana?
