El técnico de telecomunicaciones que fue involucrado en el supuesto sabotaje de las suspendidas elecciones municipales del 16 de febrero, se querelló este martes contra cinco fiscales actuantes en el caso para que sean suspendidos y procesados.
Manuel Antonio Regalado depositó la querella ante la Procuraduría General de la República (PGR) con la cual también pide una indemnización de 50 millones de pesos por el daño físico y psicológico que dice sufrió durante su detención ilegal.
En el documento pide que sean suspendidos y procesados, a fin de que sea condenados a 15 años de prisión, los fiscales Milciades Guzmán, procurador fiscal de Santo Domingo; Edward López, procurador fiscal de Santo Domingo Oeste; Guillermo Soriano, procurador adjunto del procurador fiscal de Santo Domingo Oeste y Joan Manuel Alcántara, procurador adjunto del procurador general de la República.
El abogado de Regalado, Daniel Tejeda, indicó que la querella es por tortura y encerrar ilegalmente a su cliente con el propósito de haberlo incriminado en el supuesto sabotaje de las fallidas elecciones.
“Se solicita la acusación penal contra los fiscales actuantes, a fin de que sea condenados a 15 años de prisión conforme establece el Código Penal, que tipifica los delitos de atentando contra la libertad, detención y encierro ilegal, abuso de autoridad, violación de domicilio, allanamiento sin la formalidades de la ley, tortura, acto de barbarie, y asociación de malhechores”, indicó a la prensa previo a depositar la querella.
Explicó que la querella se sustenta en las solicitudes de órdenes de arresto que “demuestran que el objeto de la investigación de los fiscales no era contrabando de armas, como en principio se argumentó, sino el propósito expreso era vincularlo junto al coronel de la avanzada del candidato Luis Abinader e incriminarlo en el supuesto sabotaje a la Junta Central Electoral (JCE).
El jurista afirmó que Regalado espera que la PGR establezca una verdadera investigación con respecto a este hecho y se haga justicia.
De su lado, Regalado dijo que el juez que emitió la orden de arresto en su contra fue engañado y usado para tener orden de allanamiento con otros intereses.
“Lo que me duele es que dentro de las familias de los cuerpos castrenses y de los organismos encargados de investigar se encuentran personas que se dedican a delinquir con el hecho de trata de armar un caso, la persona que organizaron este proceso son, al igual que el que atraca en la calle, y aun peor porque ellos están facultados para llevar un proceso de investigación objetivo, delincuentes”, expresó.
En mayo pasado, varias personalidades pidieron una investigación independiente para determinar posibles responsables y sanciones en el caso del coronel de la Policía Nacional Ramón Antonio Guzmán Peralta, escolta del candidato presidencial opositor Luis Abinader, quien también fue involucrado penalmente en el supuesto sabotaje.
