El Tribunal Constitucional (TC) conoció diez expedientes de acción directa de inconstitucionalidad durante una audiencia pública en la que se conoció la disposición transitoria vigésima de la Constitución dominicana.
En la audiencia pública, encabezada por el presidente del TC, magistrado Milton Ray Guevara, participaron como intervinientes voluntarios del caso, José Sánchez Lebrón; José Gregorio Cabrera y la Alianza Ciudadana para la Defensa de los Derechos Fundamentales.
La Alta Corte extraordinariamente rindió un plazo de tres días al interviniente voluntario Sánchez Lebrón, para depositar por escrito sus conclusiones.
Luego de estos tres días, se estableció otro plazo de tres días calendario para que los intervinientes, el accionante y la autoridad de la cuál emana la norma, presenten su posición respecto a dichas conclusiones. Al término de los plazos, el caso se considerará en estado de fallo.
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El TC conoció eI expediente TC-01-2018-0001 en el cual Juan Pérez del Rosario atacó los artículos 73 de la Ley nam. 108-05, de Registro lnmobiliario, y el numero 44 letra a) del Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras, respectivamente.
En la audiencia, celebrada en la sala augusta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), también se conoció el expediente TC-01-2018-0002 en el que la estación Shell Las Hortensias y el señor Idelfonso Garibaldi Pefia Núñez atacaron los artículos 24 y 27 de la Ley num. 116-80 que crea el lnstituto de Formación Técnico Profesional nfotep), _ de 1980.
Continuaron con el expediente TC0120180004 en el que José Franklin Zabala Jiménez, Eury Mora y Genaro Pimentel. Atacaron la Resolución número 2015004 de 2015 sobre Reglamento de Selección e Ingreso del Personal Docente.
Otros expedientes ventilados fueron el TC-01~2018~0005 contra el artículo 35 del Reglamento General de Registro de Títulos, instituido por la Resolución número 26692009, de 2009; el TC-01~2018-0006 que ataca la Ley 86-11 de 2011 y TC-Ol2018-0007 opuesto al artículo 473 del Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana.
Además, conocieron los expedientes TC-01-2018-0008, TC-01-2018-0009 y TC-012018-0010, que atacan los artículos 109 y 115 de la Ley número 66-97, General de Educación, de 1997 y la Ordenanza número 24~2017, del 2017. También el artículo 8 de la Ley número 169-14 sobre un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización; así como la resolución 1- 2017, en torno al proceso del Plan Nacional de Regularización de extranjeros en el país, emitida en el 2017.
Los casos quedaron en estado de fallo.
