SANTO DOMINGO.- La necesidad de mejorar la seguridad ciudadana en medio del aumento de la violencia en Latinoamérica, pasa por un proceso de reformas en los procesos de formación de los entes policiales y estrategias que impliquen pactos sociales con la población y las instituciones.
El tema fue abordado por los especialistas de varios países, durante un seminario web organizado por organizado por el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE) de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), este martes 18 de mayo.
Con la moderación de Josefina Reynoso, MA Seguridad y Defensa, mención Política Estratégica, directora del CESEDE, participaron en la conversación Eduardo Gamarra, politólogo y docente de Ciencias Políticas en la Universidad de Florida; Camilo D´ Onellas, investigador de Criminología de brasileño, especialista en Gestión de multitudes y Seguridad, y Daniel Pou, politólogo, especialista en políticas públicas de seguridad ciudadana.
Gamarra dijo que estamos pasando por unos momentos muy serios en lo que concierne a la seguridad ciudadana y el objetivo que esta tiene de “proteger el orden civil democrático”.
Tomando como referencia la definición que sustentan desde hace varias décadas organismos internacionales, recordó que un sistema de seguridad ciudadana implica también la eliminación de violencia en la población, el aseguramiento de coexistencia segura y pacífica.
“La seguridad ciudadana es un bien público”, lo que implica como dice el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) salvaguardar eficazmente los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el del derecho a la vida, la la inviolabilidad del domicilio y la seguridad personal la libertad de movimiento.
Para Gamarra, esa definición ambiciosa hay que contextualizarla en el marco de la situación en la que se encuentra la región por la pandemia, tras casi tres décadas de crecimiento de la violencia
“En general la tendencia es hacia el alza de la violencia y de la inseguridad. A la vez tenemos altísimas tasas de homicidios”, advirtió, y resaltó que esta situación se registra a pesar de un proceso de democratización que comenzó a finales de la década de los 70 en varios países, en el que incluye a la República Dominicana, dejando atrás el autoritarismo.
Lamentó que la en la región no se aprovechará el auge económico y que llegará la pandemia con una crisis económica. lo que hace que las promesas de recuperación sean mínimas y se extiendan a un largo plazo que tiene un impacto directo sobre el tipo de seguridad ciudadana.
Camilo D´ Onellas, investigador brasileño, partió del planteamiento de que la seguridad es pública, porque es parte de un proceso que concierne a toda la sociedad.
Entiende que todo proceso que busque garantizar la seguridad de la ciudadanía implica un pacto entre organismos como la Policía y a la población.
Un pacto social, explicó, que garantice que todos tengan un hábitat colectivo en el que prevalezca la protección contra los riesgos del hambre, la falta de refugio el clima o el acoso a otros grupos humanos.
“Se trata de ver cómo tenemos una garantía de seguridad para todos y a la vez de control”, argumentó. También consideró que es muy necesario conectar los procesos que incluyen a la sociedad, los sistemas públicos y privados, sistema de justicia penal, sistema policial sistema corporativos, para entonces ver cómo se logran los objetivos.
Hay que tener en cuenta, manifestó, que los problemas que se enfrentan hoy serán más graves dentro de cinco o diez años, porque es todo un proceso en evolución.
Por eso es necesario una preparación dentro de las academias de policía y dentro de las instituciones académicas, dijo. Añadió que una reforma policial necesita primeramente que comencemos la reforma de las academias, los conceptos, las informaciones y las ideas que manejan todas las estructuras que las integran.
Compartió parte de la experiencia de Río de Janeiro específicamente de las favelas de Río de Janeiro donde la policía tiene muchas dificultades para ingresar a las favelas
Por su lado, Daniel Pou, consideró en el caso de la República Dominicana, plantearse reformas de concretas implica asumir procesos y cambios estructurales fundamentales.
“No tenemos definidos los ejes básicos de una política de seguridad ciudadana o una política de seguridad pública en el caso de la República Dominicana”, indicó en su exposición.
Se remontó al ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo para apuntar que en el país no se hicieron transformaciones fundamentales en las estructuras que el régimen creó, y que no hubo exilios que permitieran que otras generaciones incorporaran los cuerpos del orden con nuevas formas de afrontar sus roles.
También se refirió al impacto que tiene la crisis económica en la seguridad ciudadana, especialmente al hecho de que a pesar de que la República Dominicana ha tenido décadas de crecimiento económico, este no ha derivado en redistribución de la riqueza y mejores equilibrios sociales
Reynoso dijo durante una de sus intervenciones que es necesario que una reforma policial se enfoque en la capacitación y educación, en los centros de formación o escuelas policiales, en toda la región.
Si no logramos tener una policía profesionalizada y capacitada, no habrá transformaciones, manifestó la especialista en seguridad.
