El Ministerio de la Presidencia, que encabeza Lisandro Macarrulla, informó ayer que identificó y emplazó a retractarse públicamente a dos personas señaladas de haber desplegado una campaña injuriosa a través de redes sociales en contra del alto funcionario.
De acuerdo a nota de prensa enviada a los medios de comunicación, se trata de Miguel Ángel Severino, que utiliza la cuenta de la red social Twitter (@allthager), y Delvys Radhamés Lanfranco Veras, que utiliza la cuenta Twitter (@delvyslanfranco). Ambos son connotados dirigentes políticos de la oposición y del partido de gobierno, a quienes el alto funcionario advirtió que si no se retractan serán sometidos a la justicia por difamación e injuria.
El despacho de prensa señala a Veras como miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y a Severino Rodríguez como dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Notificados a través de abogado
Según el documento difundido por el Ministerio de la Presidencia, ambos fueron notificados a través del abogado Miguel Valerio y que en el acto les fue otorgado un plazo de un día franco para que eliminen las publicaciones en las que se produjeron expresiones difamatorias en contra del empresario y funcionario, y se retracten públicamente de las afirmaciones vertidas en su contra. También fueron advertidos de que se abstengan de seguir haciendo acusaciones en perjuicio de Macarrulla.
En la notificación se hace referencia al artículo 44 de la Constitución dominicana que se refiere al “Derecho a la intimidad y el honor personal”. Toda persona tiene derecho a la intimidad.
Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcir o repararlos conforme a la ley”.
También al artículo 21 de la Carta Magna que reza que “la difamación cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicación o audiovisuales, se sancionará con la pena de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo”. Además del artículo 22 de la Constitución “La injuria pública cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones, o audiovisuales, se sancionará con la pena de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo”.
Lo que ha ocurrido con este caso en las redes
Desde el pasado fin de semana, en las redes sociales han surgido señalamientos en contra de Macarrulla y una empresa familiar, vinculándolos a supuestas irregularidades en la construcción de la nueva cárcel de La Victoria. El pasado lunes, el funcionario denunció que eso se trata de una sistemática campaña de difamación e injuria, mediante acusaciones falsas para involucrar la compañía familiar en operaciones fraudulentas.
