Aunque el programa se centra en objetivos en el exterior, los mensajes electrónicos, llamadas telefónicas y otras comunicaciones de estadounidenses quedan atrapados en el proceso de colectar inteligencia. Defensores de los derechos de privacidad y legisladores de ambos partidos han dicho durante años que las agencias del gobierno deberían necesitar órdenes judiciales para examinar las comunicaciones estadounidenses en la base de datos.
La propuesta aprobada permite que el FBI revise la base de datos de inteligencia colectada de objetivos extranjeros, usando términos de búsqueda, para información sobre estadounidenses. Pero requeriría una orden judicial para ver el contenido en casos relacionados con seguridad nacional. Habría excepciones para casos de asesinato y secuestro. Y requeriría una orden judicial en investigaciones penales que están en sus fases finales.
Los partidarios de la propuesta dicen que la nueva medida protegerá más las comunicaciones de los estadounidenses, pero los oponentes dicen que el requerimiento de una orden judicial raramente es aplicable y hace poco para proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos estadounidenses. El mayor impulsor del programa, que provee detalles sobre planes y acciones de adversarios de Estados Unidos, no es afectado.
Antes de la votación, el senador republicano Richard Burr, que preside la Comisión de Inteligencia del Senado, dijo que el programa es “la mayor herramienta de inteligencia que tenemos” para mantener protegido el país. Dijo que ha sido examinado reiteradamente por las cortes y el Congreso y se ha determinado que es constitucional. Aún así, reconoció que la medida no ofrece suficientes protecciones a la privacidad.
El senador Mark Warner, el demócrata de más rango en la comisión, dijo también que el programa es crucial para la salvaguarda de Estados Unidos.
Pero algunos correligionarios de Warner votaron en contra de la propuesta.
El senador Chris Murphy dijo que piensa que la medida le da demasiado poder al gobierno para escuchar y colectar comunicaciones de ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley que no tienen nada que ver con el terrorismo.
