Santo Domingo.-Participación Ciudadana sostuvo que los riesgos de corrupción aumentan en los períodos de emergencia en países como la República Dominicana, donde “las contrataciones públicas tienen una historia de opacidad, corrupción y ha servido para el enriquecimiento ilícito de funcionarais, políticos y empresarios”.
Ayer un grupo de trabajo integrado por trece capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional (TI), presentó un análisis sobre los riesgos de corrupción e identificó las estrategias preventivas, para asegurar que las compras y contrataciones en período de emergencia que realizan los Estados frente a la crisis sanitaria producto de la pandemia del virus COVID-19, cumplan los objetivos de aliviar los impactos en la salud de los ciudadanos y las economías locales de forma íntegra, y que no sean desviados por la corrupción y el oportunismo.
“De forma programática, los Estados destinan recursos para la atención de potenciales emergencias como la que enfrentamos, y en función de la magnitud, es posible que se aprueben recursos adicionales. Asimismo, como parte de los esfuerzos paralelos a los
gubernamentales, se crean fondos extraordinarios en los que participan empresas, organizaciones internacionales o ciudadanos que también canalizan recursos para la
atención de una situación de emergencia. En ambos casos las reglas que los rigen son extraordinarias para garantizar la provisión oportuna de bienes y servicios públicos y la continuidad de servicios críticos como por ejemplo los de salud, así como para la implementación de medidas económicas para garantizar la estabilidad en los países. El ejercicio del gasto toma particular importancia, porque de hacer un mal uso de esos fondos extraordinarios, se vulneran los derechos de las personas”, indica el estudio.
En ese sentido, el director ejecutivo de PC que es capítulo latinoamericano de TI, Carlos Pimentel, recordó que para el año 2019 República Dominicana se encuentra entre los países con más altos niveles de corrupción con una puntuación de 28 sobre 100, ocupando el lugar 137 de 180 países.
Los capítulos de Transparencia Internacional de la región, indicaron que es esencial que la transparencia, la apertura y la integridad se mantengan y refuercen las compras y contrataciones públicas durante la emergencia.
Al respecto recomendaron a las naciones máxima publicidad en la información sobre compras gubernamentales vinculadas con la emergencia, activación de las agencias antimonopolio para evitar complicidad entre actores económicos o prácticas que resulten en la especulación de los precios.
Asimismo, activar auditorías en tiempo real para los procesos de contratación pública, concentración en una sola plataforma de toda la información relativa a las contrataciones gubernamentales, entre otras.
Los integrantes de los 13 capítulos de Transparencia Internacional insistieron en que los riesgos de captura del Estado se manifiesten y profundicen para la apropiación de los recursos públicos por grupos de intereses políticos o económicos, y afirmaron que la administración desigual de las ayudas directas puede resultar en afectaciones graves a la salud pública de la región.
“Con frecuencia se dice que la transparencia retrasa la entrega de bienes y servicios. Después de revisar extensamente la experiencia de América Latina, no hay duda de que lo que realmente compromete y daña la entrega de los bienes necesarios para atender las necesidades de la población, es la opacidad y la corrupción”, expresaron.
