Por las sugerencias de organismos externos y agencias calificadoras de riesgo se entiende que el tema volverá
Cuando el presidente Luis Abinader dijo el pasado miércoles que no someterá “ninguna reforma tributaria”, sacó del escenario el debate fiscal-impositivo, pero no lo eliminó totalmente. El tema necesariamente deberá volver a discusión aunque ya no como reforma, sino como Pacto Fiscal.
Razones legales e institucionales, por un lado, y de relaciones con organismos financieros e inversionistas internacionales, por otro, hacen pensar que la posposición a la revisión del aparato tributario dominicano no será por mucho tiempo. Esa revisión es necesaria, según la visión de economistas entendidos y de organismos crediticios internacionales y agencias calificadoras de riesgo, para fines de adecuación de las fuentes propias de financiación de las finanzas públicas. La sostenibilidad de la deuda pública ya no parece muy viable con la actual estructura, según han advertido distintas agencias calificadoras, cuyas evaluaciones son tomadas en cuenta por los compradores de bonos soberanos dominicanos. Los bonos representan el principal instrumento de emisión de deuda del Gobierno, y el financiamiento se aproxima al 30 % del Presupuesto Nacional.
El miércoles en la noche el presidente Abinader, al anunciar que no va a aumentar impuestos y que no someterá ninguna reforma, fue enfático al afirmar: “La única reforma que vamos a emprender ahora, es continuar apostándole al crecimiento y la inversión para que los beneficios lleguen a todos los dominicanos”. Ese mismo día el Banco Mundial había dicho en un documento que una recuperación sostenida del crecimiento económico dominicano después de la pandemia requerirá de reformas. No obstante esa tajante afirmación, se estima que el mandatario asumió una posición provisional y circunstancial y que en el futuro, dentro del actual período constitucional, volverá con el tema, pero para entonces lo planteará como el cumplimiento a un mandato legal. La Estrategia Nacional de Desarrollo (END), en su artículo 33, dispone negociar tres pactos: el educativo, el eléctrico y el fiscal. Los dos primeros ya han sido firmados y solo falta el eléctrico, que debió haber sido pactado a más tardar en el 2015. La END fue aprobada en el 2012.El Gobierno del período 2012-2016 firmó el Pacto por la Educación y discutió el eléctrico, pero no lo firmó porque en las dos ocasiones en las que se convocó a la firma, hubo disidencias, la última de ellas por el entonces opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su candidato y ahora Presidente de la República. La firma del Pacto Eléctrico le tocó al presidente Abinader.
Gobierno pasado dejó pacto en limbo
El Pacto Fiscal fue dejado fuera de agenda por el Gobierno pasado, que en el inicio del primero de los dos períodos consecutivos que gobernó, realizó una amplia reforma fiscal, cuya aplicación todavía está incompleta porque tiene algunas figuras impositivas que no han sido aprobadas y que cada año, a partir del 2014, son motivo de pedido de dispensas del Poder Ejecutivo al Legislativo, para no aplicarlos. Para el proyecto de Presupuesto del 2022 se repitió el pedido.
Como pacto fiscal, el gobierno pasado eludió el tema y, con el argumento de que no crearía nuevos impuestos porque los que había no se cobraban en su totalidad, se embarcó en programas de mejoras administrativas para mejorar las recaudaciones, llegando incluso a plantearse incrementos equivalentes hasta un 1 % del PIB. Y desde el sector privado se planteaba que debía primero conocerse el Pacto Eléctrico porque había temas vinculados al sector fiscal, como los subsidios.
En ese debate le llegó en herencia el turno de la Reforma Fiscal al presidente Abinader, quien no asumió el tema en la primera vuelta. Se esperaba que así lo hiciera porque días antes, el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, quien parece que es uno de los funcionarios más influyentes y que sirve de una especie de enlace o interlocutor con el sector privado, había declarado que el Gobierno no presentaría un proyecto de reforma fiscal, y argumentó que el proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2022 tiene sus fuentes y estructuras propias de sustentación.
El pasado jueves en el programa de televisión Hoy Mismo, por el canal 9, Macarrulla habló de la posibilidad de que el Pacto Fiscal sea discutido, pero a través del Consejo Económico y Social (CES), la instancia constitucional que la END manda para que se discutan los tres grandes pactos que establece.
“La verdad es que ese es un compromiso de nación. Cuando se aborde la reforma, que este país necesita una reforma fiscal integral, y que termine siendo un verdadero instrumento de desarrollo, ese va a ser un compromiso de nación. Solamente así, podremos lograrlo”, dijo el ministro de la Presidencia.
Y, en la misma entrevista, afirmó que “así lo manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, pero el momento no lo sabemos. La verdad es que, predecir cualquier cosa hoy, es mucho riesgo”. “Oportunamente tendrá que llegar ahí (al CES) porque la ley lo establece”.
Además de los argumentos de Macarrulla, en el escenario están los informes y documentos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y otros organismos multilaterales y de las agencias calificadoras planteando la necesidad de reformas económicas para darle sostenibilidad a las finanzas públicas dominicanas y a la economía general.
Gobierno prevé recaudar más con mejoras
Tal como dijo el ministro Macarrulla, en el proyecto de PGE 2022 por más de un billón 155 mil millones de pesos, que reposa en el Congreso, el Gobierno no prevé nuevos impuestos. Sus aspiraciones se fundamentan en la “continuación de la recuperación de la actividad económica mundial” y en la implementación de nuevas medidas administrativas para mejorar los recaudos, ampliación de la base de contribuyentes gracias a la promulgación de las Ley 46-20 sobre Transparencia y Revalorización Patrimonial y la Ley 7-21 que reincorpora la anterior e introduce nuevas disposiciones. También a la percepción de recursos provenientes de transferencia de capital, lo cual, entre otros factores impactará positivamente en el déficit fiscal del Gobierno central. “De igual modo, las previsiones sobre los ingresos fiscales durante el período 2022-2025, seguirán fuertemente correlacionadas con el crecimiento promedio de la economía de 9.4 % del PIB nominal para el período indicado, manteniendo estable la presión fiscal en 15.0 %, aproximadamente”, señala uno de los párrafos del informe explicativo del PGE 2022.
