SANTO DOMINGO – La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos Castillo, fue recusada para que se abstenga de investigar la querella por lavado de activos contra el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Miguel Surum Hernández y remita el expediente por ante la Procuraduría Especializada.
La recusación fue presentada ante la procuradora general de la República, Miriam German Brito y el procurador general de la corte de apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, por la empresa Mahoe Trading.
En la instancia el doctor Jorge Lora Castillo, solicita a la procuradora general que ordene al procurador general de la Corte de Apelación iniciar una investigación que determine las razones que tiene la fiscal del Distrito Nacional, para tener secuestrada en su despacho el proceso.
La querella contra Surum Hernández fue depositada el pasado 22 de febrero y a la fecha no ha realizado ninguna diligencia de investigación.
Los representantes legales de Mahoe Trading al no obtener respuesta de la fiscal del DN, acudieron al juez Rigoberto Sena Ferreras, quien el 27 de abril ordenó a la fiscalía investigar los pagos de impuestos y movimientos bancarios del Aeropuerto Internacional de Bávaro a través de la empresa panameña CVC ONE de Abraham Hazoury Toral, originalmente propiedad de Miguel Surún, presidente del Colegio de Abogados.
Posteriormente el magistrado Sena Ferreras revocó su decisión al comprobarse que no se había cumplido el debido proceso con la notificación de su decisión a las parte. Los representantes de Mahoe Trading iniciaron de nuevo el proceso y esta vez se ha recusado a la fiscal Ramos Castillo.
El propósito de la investigación solicitada es determinar el origen de los recursos millonarios con los que se alega fueron comprados los terrenos para esa infraestructura y la confirmación del pago de los impuestos. Se acusa a Surún y Hazoury de cometer un fraude contra el Estado por más de 2 mil millones de pesos a través transacciones simuladas.
Según el expediente, el presidente del CARD constituyó la sociedad comercial CVC ONE, en Panamá con un capital mínimo, el 11 de noviembre del 2009, la registró el 21 de mayo del 2012 en la Cámara de Comercio y Producción de La Romana y posteriormente la utilizó en connivencia con Abraham Hazoury Toral para la compra de los terrenos donde se construiría el Aeropuerto Internacional de Bávaro por un total de RD$116.455.653.59, entre junio y julio del 2019.
El empresario norteamericano y médico Mariano González Diez y su compañía Maho Trading vía su abogado Lora Castillo, presentó la querella en contra de Surún Hernández, Abraham Hazoury Toral, Rafael Fernández de Castro, Aeropuerto Internacional de Bávaro y el Grupo Cap Cana.
Lora Castillo dijo que la querella, se justifica porque el caso envuelve, crímenes de cuello blanco, donde se han movilizado cientos de millones de pesos, en lavado de activos, entre otros tipos penales,
Indicó que ha hecho solicitudes de diligencias de investigación, y que a cuatro meses de la solicitud realizada, formalmente, no han sido ordenadas ni mucho menos dispuesto su rechazo como ordena el debido proceso de ley.
La querella busca resarcir eventualmente al médico puertorriqueño González Díez, comprador de un solar en Cap Cana por US$2.970.000 en el 2007. Dijo también que el pago debió ir a una cuenta y los fondos utilizados en las obras de infraestructura del proyecto Los Farallones de Trump, lo que no ocurrió.
Manifestó que ante el uso indebido de esos recursos e incumplimiento, el inversionista acudió al Centro de Resolución Alternativa de Conflictos de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, en donde Cap Cana fue condenada al pago de los US$2.970.000 y una indemnización por daños y perjuicios ascendente a US$567.636, en diciembre pasado.
El abogado precisa que acudió este lunes 7 de junio al Departamento de Litigación Estratégica de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional en representación de la empresa MAHOE TRADING LTD, y que fue informado que la Magistrada Rosalba Ramos Castillo, de manera informal, había solicitado el expediente de que se trata, el cual fue remitido al Despacho de dicha funcionaria.
“Esa situación, evidente y obviamente anormal, donde la titular de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, interviene en la paralización de hecho de la instrucción de un proceso, habla muy mal, del desempeño de dicha funcionaria, y sus fiscales adjuntos, quienes aparentemente pretenden, realizar un flaco servicio a su labor de investigar y hurgar en los procesos que les son sometidos para buscar la verdad de todo cuanto realmente ha acontecido”.
