La procuradora fiscal del DN habla de avances y debilidad en la judicialización de agresiones con “ácido del diablo”
“Esto es una muerte en vida”, con esta expresión, las víctimas quemadas con ácido del diablo describen el dolor al que fueron sometidas por sus verdugos, cuya intención criminal de destruir el cuerpo y la autoestima de un solo golpe y sin misericordia, es interpretada dentro y fuera de los tribunales como un acto de barbarie.
Aunque el Código Penal Dominicano no emplea el término “ácido del diablo”, como tal, su vinculación como delito punible pudiera surgir de la interpretación del artículo 303 que reza: “constituye igualmente tortura o acto de barbarie la aplicación de sustancias o métodos tendentes a anular la personalidad o la voluntad de las personas o a disminuir su capacidad física o mental”.
En entrevista para elCaribe, Rosalba Ramos, procuradora fiscal del Distrito Nacional, considera que el daño cometido por los victimarios es tan desgarrador que “la mayor condena no es suficiente para estos casos”. La magistrada tiene experiencia en temas de violencia de género y ha sustentado desde el Ministerio Público varios expedientes relacionados con agresiones con la mortal sustancia. “Estamos hablando que la matan en vida. El que ha tenido la oportunidad de ver a estas mujeres, el antes y el después…. Es algo que te impacta y te marca”, expresa. De los casos de esta naturaleza ocurridos en su jurisdicción, la fiscal titular asumió dos con especial interés mediante los cuales quiere llevar un mensaje de no impunidad y justicia a las mujeres que fueron marcadas de por vida por hombres con los que se negaron a seguir o entablar una relación sentimental.
Uno de estos es el de Yocairi Amarante, mujer de 20 años, a quien por encargo de su expareja, le fue lanzada la letal sustancia conocida como “ácido del diablo”, en septiembre del 2020. Su caso se encuentra en juicio de fondo. Por el hecho guardan prisión los imputados Pedro Alexander Sosa Méndez (Alex), Joan José Feliz (Pinol) y Willy Antonio Javier, expareja de Yocairi y padre de su hija, contra quienes el Ministerio Público pide 30 años de prisión. Otra historia que aún está muy fresca en su memoria es la de una jovencita, de 16 años, quien murió un mes después de que le lanzarán la mezcla de químicos corrosivos. El ataque ocurrió en el 2006, pero la sentencia contra el imputado pudo lograrse 15 años después.
Tras cometer el crimen, Wascar Orlando Castillo huyó a Estados Unidos, de donde fue extraditado, 13 años después, en 2019. Fue en marzo de este año cuando el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años de prisión al hombre, de 63 años, acusado de pagar para que rociaran con “ácido del diablo” a la adolescente que se negaba a tener una relación con él.
En los últimos cinco años, la dependencia que dirige Ramos manejó tres casos de agresiones en las cuales se empleó ácido del diablo. La fiscal titular afirma que el país presenta avances en la persecución y judicialización de delitos de esta naturaleza.
Desde su óptica, la violencia de género en la República Dominicana está normalizada, y muchas veces solo se destapa cuando ocurre el feminicidio o cuando desfiguran a una mujer. Precisa que también hay otros tipos de agresión como el maltrato psicológico y económico.
“Lo que pasa es que la última manifestación de la violencia es quitarle la vida, pero antes de eso hay una violencia sistemática de la cual es cómplice la familia, porque las mujeres no se divorcian y se quedan ahí porque sus padres les dicen ese es el papá de tus hijos, tolera un poco más. O sea, la mujer tiene la carga de sostener un matrimonio, no importa si eso le cuesta la vida”, deplora.
No obstante, sostiene que cuando una mujer decide romper ese círculo de violencia y se separa de su pareja es el momento más peligroso, porque el agresor siente que perdió el control.“El silencio es un cómplice mortal. Solamente cuando ellas denuncian se les puede poner un alto para que ellos entiendan que ellas no están solas”, puntualiza.
Pero hay ocasiones en las que el sistema deja sola a la mujer, como pasó con Esther Jiménez, cuyo caso quedó impune, cuestiona elCaribe.
“Hay un asunto a conocer, la justicia está impartida por seres humanos con debilidades y defectos. No es una cuestión de República Dominicana, a cualquier país del mundo donde vayas vas a encontrar casos no resueltos. En criminología hay una máxima: no todos los delitos son denunciados, no todos los delitos denunciados son esclarecidos y no todos los delitos esclarecidos son condenados”, responde. “Eso solamente significa una cosa: no todos los delitos llegan al sistema, no a todos los delitos que llegan al sistema se les da una respuesta y todavía dándoles una respuesta a veces vas al tribunal y no consigues la condena que se amerita, porque los casos pueden tener múltiples factores que los pueden afectar”, añade. Como ejemplo trae la referida historia de la menor, de 16 años, víctima mortal del ataque perpetrado con ácido del diablo. “Para nosotros esos 20 años son importantes porque ese señor duró muchos años corriendo, lo que queríamos era 30, pero la prueba se diluyó en el tiempo”, dice.
Fiscal dice que daño a víctimas es irreparable
De acuerdo a lo expuesto por la magistrada Ramos, la tipificación de actos de barbarie y tortura es la que mejor define lo que implica utilizar sustancias corrosivas, con las que se busca destruir y desfigurar a las víctimas.
Al ponerse en el lugar de las afectadas, se solidariza con aquellas mujeres que llevan lesiones permanentes en su cuerpo, tras ser alcanzadas por el químico dañino, cuya venta está regularizada en el país desde el 2010.
“Las mujeres dependemos mucho del reflejo en el espejo, lo que es para una mujer tan joven verse desfigurada de por vida, porque no tienen manera de poder reconstruir el rostro por más recursos económicos que existan, realmente es algo que no se paga con 30 años. Si hasta por una estría las mujeres andan detrás de un tratamiento o con el tema del peso, que no será desfigurada totalmente, las que logran sobrevivir”, lamenta la procuradora titular del Distrito Nacional.
