En medio de los debates para la reforma a las leyes electorales, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) emitió ayer sus consideraciones de los aspectos que deben modificarse tanto en la normativa 33-18 y la 15-19.
Dentro de los planteamientos que la organización envió a la Junta Central Electoral (JCE), lugar donde se discute la reforma, está que los debates electorales no sean impuestos como obligatorios por considerar que esto no es factible en un sistema jurídico porque implicaría la imposición de sanciones a quien no acuda a las convocatorias. “Lo que sí debe apostarse es al reforzamiento de la cultura política y la institucionalidad democrática, ya que esto constituye la vía para imponer la sanción natural al candidato ausente: la pérdida de confianza ante el electorado”, señala Servio Tulio Castaños, vicepresidente de Finjus.
En cuanto al tan debatido y controversial tema del trasfuguismo, la Finjus propone que dentro de los requisitos para ostentar una precandidatura, el aspirante no debe haber participado como precandidato o candidato por otro partido, agrupación o movimiento político para el mismo evento electoral. También sugiere que se debe reconocer de partidos 12 meses antes de las elecciones; la verificación de las escalas que delimita los topes de gastos por entender que algunos niveles irían en desventaja.
Partiendo de la propuesta de la JCE de que la cuota de género sea en 50 % indica que lo que se debe garantizar es la presencia de mujeres en las condiciones de paridad que propugna la Constitución dominicana.
