Actualmente se investiga al titular suspendido de la Procuraduría contra Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de personas
Los observadores señalan que los traficantes operan a lo largo de la frontera con impunidad y a veces con la ayuda de “funcionarios gubernamentales corruptos “que aceptan sobornos para permitir cruces de indocumentados. Así lo destaca el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el Informe sobre Trata de Personas en República Dominicana, publicado en junio 2020.
Igualmente, el documento indica que las “ONG informan de la complicidad en zonas conocidas por la trata de niños con fines sexuales y dos funcionarios de la fiscalía especial están siendo investigado al respecto por presuntas complicidad por trata de personas”.
A raíz de estas consideraciones y señalamientos, meses más tarde el Consejo Superior del Ministerio Público y la Inspectoría General emprendieron una serie de acciones en la restructuración de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), que incluyó la suspensión del titular de dicha unidad, la separación de varios miembros del equipo de investigación de la misma y el movimiento a otras áreas de fiscales y enlaces. Actualmente, se lleva a cabo una investigación al respecto a los fines de determinar imputaciones y tomar acciones legales si así se requiere.
La magistrada Yoanna Bejarán Álvarez, designada como titular interina de la referida unidad especializada, conversó en exclusiva con elCaribe.
Al ser abordada sobre la respuesta oficial a las conclusiones de este informe, que coloca al país en la Lista de Observación de Nivel 2, dijo: “De los resultados se dedujo que por parte de la Procuraduría Especializada no se estaba tomando las acciones correctas para la persecución estratégica de estos ilícitos penales lo que generó que se hiciera una restructuración interna tanto del Departamento de Investigación de la especializada como del equipo de fiscales y la persona que dirigía está especializada”.
Agrega: “Se tomaron acciones como la suspensión e investigación. A juicio del Departamento Interno de Investigaciones de la Procuraduría, hasta el hecho de descuido y una serie de aspectos que no voy a dar detalles, porque están en investigación, se pueden constituir como faltas”. Explica que primero se procedió a la suspensión del magistrado Bienvenido Ventura Cuevas y a la separación de varios miembros del Departamento de Investigación de la entidad, cuyo personal fue cambiado por completo.
“Hay presunciones de implicaciones que están en un proceso de investigación. Fueron las que dieron como consecuencia que esas personas fueran apartadas. Estamos hablando de investigadores que son miembros de las instituciones castrenses, como la Policía Nacional, que estaban en adición en la institución”, destaca.
Igualmente, se dio el cambio, a través del Consejo Superior del Ministerio Público, del 90 por ciento de los fiscales que componen el equipo de la especializada. Asimismo, se inició la evaluación de todos los enlaces responsables de la persecución de estos ilícitos penales en todas las provincias del país para identificar el nivel de responsabilidad, identificación y sensibilización con el tema. “Y los que no han mostrado esa actitud, fueron cambiados y fueron colocados otros enlaces”, precisa la magistrada. Puntualiza que en relación con los enlaces y fiscales de la unidad especializada se procedió únicamente al cambio a otros departamentos, porque no se identificó ninguna falta en ellos.
“Nosotros llegamos aquí con una visión a futuro en la aplicación de proyectos definidos con la intención que ese informe del Departamento de Estado, identificando cuáles son los puntos de mejoras y cuáles acciones se pueden tomar para que esas cosas cambien” expresa la especialista en Derecho Procesal Penal. Respecto a la protección de las víctimas, el Informe del Departamento de Estado de EE. UU. Concluye en que el Gobierno disminuyó sus esfuerzos en esa dirección.
Sostiene, además, que según expertos, no existe un presupuesto dedicado a los servicios para las víctimas, tampoco personal especializado, ni un refugio gubernamental a tiempo completo para víctimas adultas de trata.
En ese sentido, la magistrada Bejarán, informó que el Ministerio Público ha dispuesto de un espacio que contará con un equipo multidisciplinario para dar asistencia legal y psicológica a víctimas.
La directora interina de la PETT es consciente de la necesidad de crear espacios donde las víctimas de trata reciban desde el primer momento un trato digno y respetuoso, que les brinde confianza y seguridad. Entre otras observaciones, el informe destaca que el Gobierno contaba con protocolos para detectar a víctimas de trata cuando detenía o arrestaba a personas de grupos vulnerables, pero que las autoridades reconocieron que aún no los han aplicado de manera efectiva.
“Los recursos del Gobierno para la lucha contra el tráfico se centraron en Santo Domingo, lo que dio lugar a las brechas en otras zonas del país. Los jueces, fiscales y policías carecían de formación especializada en la investigación, identificación, procesamiento y condenas de los acusados de los delitos de trata y los expertos informaron que algunos jueces favorecían los derechos de los acusados por encima de los derechos de las víctimas de trata”, señala el documento. Sobre el particular, Bejarán reconoce las debilidades detectadas, las cuales según dijo se contrarrestarán mediante programas de formación en coordinación con la Escuela Nacional del Ministerio Público, el Ministerio de Trabajo y la Escuela Nacional de la Judicatura. Significó la importancia de trabajar en la sensibilización y formación de los jueces en estos tipos de ilícitos penales, ya que son los que al final dictan sentencias. Asimismo, dijo que de la mano con la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría y de otras organizaciones vinculadas con el tema trabajan de manera conjunta en la sensibilización, prevención y persecución de los ilícitos penales. Entre las acciones, desarrollan programas de formación en áreas turísticas, donde el flagelo tiene mayor auge, dirigido a dueños de hoteles y restaurantes, quienes reciben explicaciones sobre las consecuencias que acarrearían si incurren en contratar a menores de edad para explotarlos laboralmente. El objetivo es que estos actores funjan como enlace de la Procuraduría Especializada dando la voz de alerta en los casos que observen personas con menores de edad, mostrándoles cuales pueden ser los indicios de una explotación sexual. De igual modo, se les orienta sobre las sanciones o consecuencias legales de las que pueden ser objeto particulares, empresas, negocios, restaurantes, entre otros que permitan que en el interior de estas instalaciones se ejecuten prácticas ilegales de esa naturaleza.
Víctimas haitianas fuera de lista de 2019
De acuerdo con el informe del Departamento de Estado de EE.UU. las autoridades informaron que habían identificado 195 víctimas en 2019, sin embargo los expertos expresaron su preocupación por la validez de las estadísticas del referido año, “ya que pueden incluir a trabajadoras sexuales legales que estuvieron presentes durante las redadas en los clubes nocturnos y pueden no incluir a las posibles víctimas haitianas que no fueron examinadas o remitidas antes de su deportación, a pesar de la conocida prevalencia de la trata de migrantes haitianos”. Por consiguiente, el Departamento de Estado recomienda aplicar plenamente los protocolos para identificar a las víctimas de trata de personas adultas y niños y remitirlas a los servicios de protección, además de proporcionar un presupuesto específico destinado a los servicios de asistencia a estas víctimas así como disponer de refugios para hombres, mujeres y niños.
