Santo Domingo.- Durante allanamientos realizados de manera simultánea en la oficina y puestos de servicios de la compañía de seguridad privada Security Protection Center (SECPTER), localizadas en el Gran Santo Domingo y Santiago, la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas incautó 91 armas de fuego de diferentes tipos y calibres y arrestó a 70 personas para entrevistarlas respecto al caso.
Al ofrecer los detalles de la incautación mediante un comunicado de prensa, el Ministerio Público informó que persigue al gerente general de la compañía, el señor Nelson Rafael Mejía Ovalles, un exoficial dado de baja del Ejército de República Dominicana en 1993, quien se encuentra prófugo.
Explicó respecto a las armas, que en total fueron ocupados 34 escopetas, 50 pistolas y siete revólveres, así como una cantidad indeterminada de municiones de diferentes calibres, un juego de dador para el retrancamiento de armas de fuego y un carro Hyundai propiedad de la empresa, los cuales se encuentran en poder del Ministerio Público.
La institución precisó que procedieron a la incautación de las armas y municiones en virtud de que la compañía no contaba con licencia para operar, además de que las armas no tenían ningún tipo de documentación, las marcas eran ilegibles, retroqueladas o clonadas.
Además, porque durante la investigación se ha establecido que dicha empresa está relacionada a una compañía propiedad de una persona condenada por narcotráfico como lo es el excoronel Fernández Valerio, sentenciado a 20 años de prisión por violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
El Ministerio Público destacó que esta acción es el resultado de las estrategias implementadas en el marco del plan de trabajo institucional puesto en marcha por el procurador general de la República, Jean Rodríguez, para enfrentar con efectividad el tráfico ilegal de armas de fuego y tener mayor control de las compañías de seguridad privada que operan sin permiso, siendo esta la treceava entidad de este sector que es intervenida desde el pasado año por actividades ilegales.
En ese orden, dijo que esa operación se realizó como parte de los trabajos que realizan en coordinación con diversas instituciones para la prevención del crimen y los delitos, ya que en la medida que se controla el negocio ilegal de las armas de fuego, en ese mismo sentido se puede controlar y prevenir con mayor efectividad la delincuencia y los demás actos delictivos.
La Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, que dirige la magistrada Maura Martínez, detalló que la operación fue realizada mediante la orden judicial No. 0058-JUNIO-2018, emitida el pasado 26 de junio de 2018 por la coordinación de los Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para que fuera aplicada en la oficina principal de dicha empresa que funciona en la capital y en todos sus centros de servicios que funcionan en las referidas localidades.
Señaló que esta actividad ilegal constituye una violación a los artículos 3, 45, 46, 48, 50, 51, 66, 67 y 70 de la Ley No. 631 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados y la Ley 34-89 sobre Aduanas.
El comunicado destaca que miembros del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas junto a fiscales del Distrito Nacional llevaron a cabo la operación, cuya labor de inteligencia fue realizada por el J-2 de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa, la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila (CIUTRAN), miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía (DICRIN), la Policía Preventiva y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Se destaca que la Procuraduría Especializada en Control y Tráfico de Armas en una acción conjunta con la Superintendencia de Seguridad Privada del Ministerio de Defensa, ha investigado y sometido a la justicia a 12 empresas de seguridad privada, y en dos de los casos ya se han obtenido sentencias definitivas.
