El Ministerio Público obtuvo tres meses de prisión preventiva contra dos ciudadanos búlgaros que enfrentan cargos por asociarse para cometer delitos de alta tecnología.
La jueza Anabel Rodríguez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago Rodríguez, dictó la medida de coerción a Danail Damov Konstantinov y Nikolay Ovsanov Haratyunyan, quienes fueron arrestados en flagrante delito el pasado 11 de mayo cuando intentaban violentar un cajero automático de una entidad financiera del municipio Villa Los Almácigos.
El tribunal dispuso el cumplimiento de la prisión en la cárcel pública de esta provincia.
En la instancia con la solicitud de medida de coerción el Ministerio Público explica que se dedicaban a captar los datos de las tarjetas en los cajeros automáticos y luego utilizaban esa información para hacer un acceso ilícito y así realizar compras y otras transacciones.
Antes de ser apresados fueron detectados en el cajero automático dispositivos magnéticos que permiten la clonación de tarjetas bancarias y que se presume son de su propiedad.
La Fiscalía de Santiago Rodríguez, encabezada por su titular Sumaya Rodríguez Matías, continúa ampliando las investigaciones en el transcurso de las cuales se han obtenido más de ochenta pruebas que le vinculan al caso.
Las investigaciones están a cargo del fiscal Freiky Pérez.
Las pesquisas iniciaron a raíz de una denuncia de la entidad cooperativa afectada, quien alertó a las autoridades luego de que su personal lograra captar mediante imágenes de cámara de vídeo a los ahora imputados en momentos en que intentaban alterar el cajero.
Al momento del arresto a los extranjeros les fueron ocupadas tarjetas de débito, así como dinero en pesos dominicanos y billetes de Bulgaria.
Ambos se transportaban en un carro que estaba estacionado frente al cajero automático en el cual también, durante un registro, fueron ocupadas diferentes evidencias.
También, fueron ocupadas pruebas durante un allanamiento con orden judicial practicado en un apartaestudio que tenían alquilado en el municipio San Ignacio de Sabaneta, donde fueron incautadas computadoras y teléfonos móviles, entre otros aparatos.
El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 59, 60, 265, 266 y 379 del Código Penal Dominicano, así como a la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sanciona, entre otros, la clonación de dispositivos de acceso, acceso ilícito, uso de datos por acceso ilícito, dispositivos fraudulentos, así como el robo mediante la utilización de alta tecnología.
