Rodolfo Valentin Santos, director Nacional Oficina Nacional Defensa Pública expresa malestar por la invisibilidad ante el presupuesto Nacional de la ONDP.
La defensa pública surge a raíz de una necesidad imperante en el sistema justicia, cuando fue publicado el Código Procesal Penal fue acompañado de principios con rangos constitucional, que de no existir la Defensa Pública sería imposible el cumplimiento y respeto de los mismos, una de las razones por lo cual fue creada la Institución mediante la ley 277-04.
A pesar de lo anterior, desde que la defensa pública se separó en el 2010 del Poder Judicial por mandato de la ley, y luego adquiere la categoría de órgano constitucional, nunca ha sido tema de importancia para el Estado el aumento de presupuesto para dicha entidad, una porque la ley no fija un monto del PIB para la institución y la segunda, porque no se ha considerado el valor que tiene frente al sistema justicia y al estado.
Es importante señalar, que en la RD por cada 46,000.00 habitantes hay un defensor público, por lo que, a nivel nacional contamos con 108 defensores públicos de carrera y 128 abogados adscritos (contradados). Los defensores públicos tienen un sueldo neto por categoría, es decir, categoría I gana 63,337.40, categoría II 71,170.47, categoría III 81,442.72 y los abogados contratados devengan un salario de 37,970.11, estos últimos realizan el mismo trabajo que los defensores públicos de carrera. Estos salarios han sido consumidos o disminuido por la inflación y recesión económica que padece el país y el alza del dólar.
Sin dejar de mencionar, que para el año 2003, el plan estratégico de la institución establecía para la época, que para el periodo de 5 años la ONDP deberá contar con 450 defensores públicos a nivel nacional, han pasado 17 años, y apenas contamos con 108 en todo el país, con un déficit en la actualidad de 300 defensores públicos.
La Oficina Nacional de Defensa Publica, cuenta con 28 oficinas abiertas situadas en los locales de los palacios de justicias, que gracias al poder judicial, han cedidos pasillos, patios, techos, debajo de escaleras, almacenes, furgones, etc., los cuales se han adaptados para que puedan funcionar. A pesar de ello, las condiciones de los defensores y personal administrativos son de hacinamientos en un 97%. Sólo 3 oficinas (Villa Altagracia, Pedernales y Barahona) están localizadas en lugares alquilados. Hacen falta abrir 9 oficinas en igual cantidad de provincias, lo que al completarla, tendríamos un verdadero acceso a la justicias de personas en conflictos con la ley.
La sede principal localizada en la calle Danae del sector de Gazcue, es una casa adquirida por el Poder Judicial en año 2010, y posteriormente donada a la Defensa Pública. El inmueble fue restructurando a la medida en que la institución crecía, pero a la fecha resulta un local muy pequeño, donde el personal administrativo y técnicos laboran prácticamente unos encimas de los otros.
A propósito del eco que han venido haciendo los medios de comunicación respecto del presupuesto de la Procuraduría General de la Republica, cuya asignación se contempla sobre los 7 mil millones de pesos y para el Poder Judicial se contempla una asignación sobre los 8 mil millones, sin embargo, a la ONDP no se ha contemplado la asignación presupuestaria para el 2021.
La Oficina Nacional de Defensa Publica es un Órgano Constitucional del sistema de justicia, a lo que se traduce “que sin defensa no puede existir justicia”, sin embargo, el estado ha sido extraordinariamente tímido respecto al presupuesto de la ONDP, cuyo presupuesto no excede de los 560 millones de pesos, los cuales no se acerca a la cuarta parte del presupuesto recibido por la Procuraduría General de la Republica, como contraparte de la ONDP.
Los defensores públicos son profesionales del derecho comprometido con brindar un servicio de calidad a la ciudadanía, y a pesar de las precariedades que padecen (salarios y faltas de espacios dignos) realizan un trabajo encomiable, donde un defensor puede llevar hasta 300 casos como carga laboral, sin nunca decir no al más desvalido de los mortales para brindar el servicio de asistencia legal con si le tuvieran pagando cientos de miles de pesos, lo que pudiera ganar como abogado privado en un solo caso.
Los defensores públicos asisten a 4 y 5 personas diariamente en los tribunales de todo el país, realizan dos y tres visitas al mes a los centros penitenciarios y los destacamentos, en los juzgados de Atención Permanentes hay un defensor de turno todos los días de la semana (día y noche), aunque sean días feriados, también asisten a Niños, Niñas y Adolescentes en conflicto con la ley en todo el país.
Hay defensores de Ejecución de la Pena que atienden a las personas condenadas definitivas, de igual manera, hay comisión de cárceles que vigilan y supervisan el trato a los internos e internas en los centros. Atendemos a grupos de personas en condiciones de vulnerables, velando por el respeto de sus derechos fundamentales sin discriminación alguna.
Al Poder Ejecutivo y Legislativo, responsables de generar y asignar el presupuesto general de la nación, no invisibilizan más a la Oficina Nacional de Defensa Pública, ya que es una institución que ha brindado servicios miles de personas (políticos, funcionarios, comerciantes, militares, fiscales, jueces, abogados, extranjeros, etc.), obteniendo buenos resultados en el servicio al usuario, tómenlo en cuenta, necesitamos alcanzar la excelencia para mejorar el servicio a personas en conflictos con la ley, y esto se logra con el aumento del presupuesto a la ONDP consolidando la eficacia y eficiencia de una institución modelo dentro del sistema de justicia.O
