Santo Domingo.- El presidente del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) reconoció que hay escuelas que se construyeron cuyo presupuesto se incrementó en un 200 por ciento, y atribuyó esa situación a que ese programa se ejecutó sin planificación previa, a la vez que desvinculó a los profesionales de la ingeniería de esa situación.
Francisco Marte culpó a las pasadas autoridades de los ministerios de Educación, Obras Públicas y de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) de ser los responsables del nudo legal creado en el programa de construcción de planteles escolares.
Marte dijo que cientos de ingenieros y contratistas han quedado amarrados en ese “nudo legal” del programa de edificaciones escolares que se inició en el año 2013 en el gobierno del expresidente Danilo Medina.
Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D`AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el presidente del CODIA recordó que el programa se ejecutó bajo las directrices del Ministerio de Educación, pero técnicamente el control y la fiscalización estaba a cargo de OISOE y Obras Públicas en un porcentaje de 40-60 respectivamente.
Sostuvo que el proceso se inició sin ningún tipo de planificación, aunque el mismo fue una buena intención del entonces presidente Danilo Medina, pero la falta de planificación afectó dicho programa.
“Con el tema de Educación se inició el proceso y lo primero es que se hizo un diseño único para todo el país, o sea el diseño para construir un plantel en la ciudad capital era el mismo que se utilizaba para la provincia de Puerto Plata, pero resulta que el terreno del gran Santo Domingo no es el mismo que el de esa provincia costera, y para el movimiento de tierras y condicionar ese terreno, la inversión no es la misma”, detalló.
Reconoció que “hay presupuestos de esas edificaciones que se incrementaron hasta en un 200 por ciento con relación a presupuesto original”.
Explicó que eso pasó con el tema de los presupuestos que se incrementaban, porque al variar el terreno y el diseño de la obra, se disparaba el costo de construcción del plantel escolar.
“Entonces cuando adjudicaban la obra, que fue a través de sorteos, el primer problema era ubicar a los profesionales para que hicieran la escuela, después te ubicaban en un terreno que el presupuesto de 20, 30, o 40 millones de pesos que tu tenía para ejecutar la obra, debía utilizarlo para prepararlo, y a partir de ahí comenzar la construcción del plantel”, denunció el dirigente gremial.
Dijo que ante esa situación ya ese prepuesto debía ser modificado legalmente para poder continuar con la edificación de esa escuela, sin ningún trauma.
“Pero eso no se hizo, simplemente se le daba órdenes ejecutivas a través de documentaciones, comunicaciones y certificaciones a los profesionales para que continuaran la construcción de la obra”, aclaró Marte.
Acotó que para que el proceso de construcción de las escuelas no se detuvieran las autoridades educativas gestionaron ante el Banco de Reservas una línea de crédito para poder pagar a tiempo las cubicaciones.
“Pero esos procesos institucionales era el Ministerio de Educación que los dirigía, conjuntamente con Obras Públicas y la OISOE, no eran los profesionales de la ingeniería y arquitectura que decidían aumentar esos presupuestos, y ahí es que el presidente Luis Abinader dice que hay un nudo legal, pero ese nudo legal fue creado por esas instituciones”, abundó.
Insistió que el Ministerio de Educación era la institución rectora de ese plan de edificaciones escolares, y en el caso de los contratistas simplemente ejecutaban las órdenes que se le daba a través de un ingeniero fiscalizador de obras.
Argumentó que ese funcionario era el encargado de poner en ejecución esos presupuestos que se iban incrementando de manera escalonada.
Reconoció que la ley 340-6 establece que cuando una adenda de una obra excede el 25 por ciento hay que autorizar un nuevo contrato, pero eso no se hizo porque simplemente se le daba la orden a los ingenieros para que continuaran trabajando, y como eso no se hizo, esos profesionales no son culpables de la situación que se ha creado.
El gremialista planteó al presidente de la República crear una comisión en la que esté el Codia, como asesor del Estado, Educación, Obras Públicas, Oisoe y representantes de los contratistas para buscarle una solución a ese nudo legal y que se le pueda pagar el dinero que se adeuda a más de 400 profesionales.
