Bogotá, 20 may (EFE).- La Asociación de Prensa Internacional de Colombia (APIC) manifestó su preocupación por la salida del país de un reportero y un fotógrafo de The New York Times tras revelar en un artículo que supuestamente el Ejército ha ordenado a sus soldados duplicar el número de criminales y guerrilleros muertos, lo que pone en riesgo vidas civiles.
Así lo hizo la APIC luego de que el periodista Nicholas Casey asegurara el domingo que se fue del país tras recibir acusaciones falsas por parte de miembros del partido de Gobierno, como la senadora María Fernanda Cabal, quien manifestó que en “2016 estuvo de gira con las FARC en la selva y se preguntó “¿cuánto le habrían pagado por ese reportaje?”.
A raíz de esos señalamientos también se vio obligado a salir del país el fotógrafo Federico Ríos, de nacionalidad colombiana.
“Creemos que en este momento de polarización creciente en Colombia, la estigmatización de los periodistas en razón de su trabajo no solo pone en peligro la vida de los colegas Casey y Ríos, sino de todos los periodistas que, en cumplimiento de su labor, presentan la versión de las diferentes perspectivas dentro de una historia”, detalló la Asociación en un comunicado.
En un artículo publicado el sábado, The New York Times, que revisó órdenes escritas y entrevistó a altos oficiales, señaló que el Gobierno colombiano está ejecutando “otra encarnación” de los llamados “falsos positivos”.
Así es como se conoce al escándalo de ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por la fuerza pública entre 2002 y 2008 para hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate.
Según la Fiscalía, entre 1988 y 2014 se registraron al menos 2.200 casos de ejecuciones extrajudiciales y el fenómeno “se incrementó a partir del año 2002 y conoció su etapa más crítica entre 2006 y 2008”, los años en los que se concentran el 59,3 % de los casos.
Ese periodo abarca parte de la Presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), quien implantó en el país la llamada política de “seguridad democrática” para combatir a los grupos guerrilleros.
Los “falsos positivos” son uno de los hechos del conflicto armado que más ha impactado a la sociedad colombiana, ya que muchas de las víctimas eran hombres jóvenes de pocos recursos reclutados bajo la promesa de un empleo para luego ser asesinados y presentados ante la opinión pública como guerrilleros muertos en combate por militares que buscaban obtener beneficios o ascensos.
Según el reportaje que hizo Casey, hay una orden para que los militares no “exijan perfección” al matar, ni siquiera si tienen dudas sobre el objetivo del ataque, y algunos uniformados han señalado que eso implica desproteger a inocentes y ya ha ocasionado muertes sospechosas o innecesarias.
Frente a eso, el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez manifestó que el artículo es “una manera de desacreditar a las FFAA (Fuerzas Armadas) y de proteger la impunidad al narcoterrorismo”.
“Además ignoraron las respuestas oficiales y las distorsionaron para decir que hay órdenes de asesinar inocentes y de no proteger civiles”, manifestó Uribe en Twitter.
En ese sentido, la APIC “condena y rechaza los señalamientos de los senadores” contra Casey y Ríos, por lo cual los invita a hacer una reflexión y “convoca a los partidos y activistas políticos de todos los sectores para que respeten el ejercicio periodístico”.
“Dado que los personajes públicos tienen mayor responsabilidad en sus declaraciones por el impacto que alcanzan, la APIC espera una rectificación de los senadores en mención”, agregó la Asociación.
De igual forma pidió al jefe de la Procuraduría (Ministerio Público), Fernando Carrillo, manifestarse sobre “la conducta de estos funcionarios en contra del trabajo del equipo periodístico” y al Gobierno “disponer de todas las medidas necesarias para garantizar una efectiva libertad de prensa”.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el organismo de justicia transicional creado para juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, abrió en julio pasado un caso para investigar los “falsos positivos”, para lo cual utiliza como base un informe de la Fiscalía.
Según el informe de la Fiscalía, el 45 % de las víctimas de estas ejecuciones eran campesinos y el 30 % se dedicaba a actividades productivas informales en las ciudades.
Sin embargo, en los perfiles de las víctimas hay defensores de los derechos humanos y sindicalistas, así como miembros de la comunidad LGBTI, personas con discapacidad e indígenas. EFE
