San Juan. Ante lo que se considera acciones deliberadas por parte de la policía para reprimir las protestas y sembrar el miedo en la población, diversos sectores sociales y políticos -incluido el Comité Dominicano de Derechos Humanos (CDDH)-, reclaman la renuncia del secretario de Seguridad Pública de Puerto Rico, Héctor M. Pesquera, por su alegada intolerancia a los reclamos del pueblo.
El pedido contra Pesquera, un antiguo alto mando del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que dirigió las oficinas de Puerto Rico y Miami, se incrementó como secuela de la violencia entre manifestantes y policías en la Milla de Oro, la zona bancaria de San Juan, en un Puerto Rico que trata de mantenerse a flote en medio de su más profunda crisis fiscal, con una deuda impagable de 73 mil millones de dólares, y un retroceso económico de poco más de una década.
La situación, agudizada en los últimos siete meses por la devastación provocada por el huracán María dos semanas después del arañazo que ocasionó el ciclón Irma, tiene a los puertorriqueños en un estado de angustia debido a la falta de servicios básicos en algunas zonas poblacionales, a lo que se une el cierre de cerca de 300 escuelas públicas y la declaración de excedentes de unos ocho mil maestros.
Todo esto ha servido de combustión para protestas espontáneas en diversos municipios de esta isla del Caribe, que vive una especie de desamparo a pesar de estar bajo el dominio colonial de Estados Unidos desde 1898.
Organizaciones como Pueblo Unido Contra la Venta y Privatización de los Servicios Públicos, sindicatos del sector estatal y el propio CDDH, consideran que la violenta persecución desatada hace unos días contra jóvenes universitarios cerca de sus hospedajes en Río Piedras tras el segundo Paro Nacional con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, invalidan a Pesquera para mantenerse en el cargo de secretario del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, sombrilla de seis agencias del ámbito, incluido el Negociado de la Policía. “Su conducta ante una manifestación es de un estado fascista”, aseguró José Rodríguez, portavoz del CDDH a la agencia Inter News Service (INS), cuando se le abordó sobre los reclamos a Pesquera para que deje el cargo.
Abogados como Mariana Nogales Molinelli, que sirvió de observadora durante la protesta que encabezaron los estudiantes del campus de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), ha denunciado lo que muchos consideran una “encerrona” de la policía para reprimir a los manifestantes al no permitir que fluyeran hasta frente al edificio que aloja la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
Molinelli entiende que hay que frenar la cultura represiva que se ha inculcado en los agentes de la policía contra determinados sectores de la sociedad, en particular los independentistas y los militantes de izquierda, al igual que los miembros de sindicatos como la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), por estar en contra de la privatización de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), con una deuda pública de 9 mil millones de dólares.
“Las agresiones físicas y el uso y abuso de gases son razones suficientes para que cualquier gobernante que respete los derechos constitucionales exija la renuncia de los dos responsables mayores de estos actos”, aseguró el dirigente comunitario Juan Camacho, respecto a Pesquera. Dijo que “los derechos constitucionales no pueden estar limitados a permisos policíacos ni de ninguna otra entidad”.
Ricardo Roselló defiende a funcionario
El gobernante Ricardo Rosselló ha defendido la conducta de los miembros del cuerpo armado y, por ende, del secretario Pesquera, al atribuir la violencia a los estudiantes universitarios a los que catalogó de “pequeño grupo de manifestantes”. En cambio, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, opinó que el gobernador perdió una gran oportunidad para levantarse en defensa del pueblo y, por el contrario, se ha colocado de frente para amenazarlo.
