Las personas con discapacidad son uno de los colectivos más olvidados durante la crisis generada por la pandemia COVID-19.
Más de un billón de personas en el mundo se encuentra en situación de discapacidad y de estos, 85 millones son de las Américas, según los últimos datos estadísticos del Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud.
Así lo explica la Organización de los Estados Americanos (OEA) en su “Guía Práctica de respuestas inclusivas y con enfoque de derechos ante el COVID-19 en las Américas”, donde establece que ante esta pandemia uno de los problemas más graves para las personas con discapacidad es la ausencia de mecanismos de accesibilidad que disminuyan las barreras que a cotidiano les rodean, y les den eficacia a las medidas de prevención y atención ante la emergencia.
A su consideración, recomendaciones que parecen tan obvias y fáciles de seguir, como lavarse las manos constantemente, evitar tocar superficies, o mantener distancia social, constituyen una enorme barrera para personas en situación de discapacidad.
La OEA explica que hay personas cuya condición de movilidad de extremidades les impide el lavado de manos por sí mismos o acceder al grifo o al sanitizante; además hay personas que necesitan tocar superficies para obtener información del entorno y desenvolverse; personas que usan sus manos para desplazarse en el espacio físico, y que por lo tanto se encuentran en alto riesgo de contagiarse y en la imposibilidad de seguir al pie de la letra las indicaciones.
En su informe, resume tres principales grupos de barreras que enfrentan las personas con discapacidad y que las ponen en el grupo de alto riesgo en esta emergencia sanitaria. Estas son nulo o escaso acceso a la información preventiva de salud pública; la implementación de cuarentenas o toques de queda que pueden implicar interrupciones en los servicios vitales; y que pueden enfrentar barreras adicionales para buscar atención médica, por las dificultades de comunicación, desplazamiento y movilidad.
Es por esto que realizan una serie de recomendaciones para enfrentar esta problemática y las medidas sean más inclusivas.
Recomiendan que toda la información sobre salud pública debe ser difundida de forma accesible, al mismo tiempo y por los mismos canales que se entrega al resto de la población. Toda la comunicación audible debe ser traducida a medios visuales (lengua de señas, subtítulos), y la visual debe ser traducida a formatos auditivo. Asimismo, la traducción en lengua de señas debe ser realizada por profesionales capacitados y debe ocupar espacio similar y paralelo en la pantalla de televisores de las autoridades, ya que los recuadros pequeños no son efectivos.
Poner a disposición de los servicios públicos y de las personas con discapacidad, tecnologías asistivas que favorezcan la comunicación y la autonomía de la persona en situaciones de emergencia.
Los guías intérpretes o de personas ciegas, entre otros, que trabajan en situaciones de emergencia y salud deben recibir las mismas protecciones de salud, higiene y seguridad que el resto del personal de atención médica que trabajan con COVID-19.
En casos de cuarentenas, toques de queda y restricción domiciliaria, atender las necesidades de personas de apoyo y cuidadores de personas con discapacidad, así como las de personas con discapacidad del espectro autista, neurodiversas o con discapacidad psicosocial, que requieren de contacto esencial con el medioambiente y espacios abiertos.
Tomar medidas de protección adicionales para las personas con discapacidad en situaciones específicas, tales como, desinfección pasamanos de rampas o escaleras, priorizar las personas con discapacidad y adultas mayores en la entrega de guantes protectores, jabón antibacterial, y toallitas antibacteriales, entre otros.
Considerar la realización de pruebas de contagio a domicilio, que prioricen a las personas con discapacidad, su entorno de asistentes personales y familiares, y las personas adultas mayores.
Las personas ciegas y de baja visión deben contar también con redes de apoyo para compras y otros trámites que requieren movilidad fuera de casa, a fin de prevenir riesgos de contagio.
Ya que la crisis de COVID-19 y las medidas de confinamiento pueden generar miedo y ansiedad, la atención psicosocial y terapéutica no debería interrumpirse en estos períodos.
Las y los asistentes personales, trabajadores de apoyo o intérpretes que continúen sus servicios durante las cuarentenas deben someterse a pruebas proactivas para minimizar el riesgo de propagar el virus a personas con discapacidades.
Los servicios remotos de trabajo o educación deben ser igualmente accesibles para empleados / estudiantes con discapacidades.
Las personas con discapacidad que necesitan servicios de salud debido al COVID-19, tales como la hospitalización, provisión de ventiladores y otros, no pueden ser postergadas debido a su discapacidad
Es fundamental generar estadísticas desglosadas por cada grupo en situación de vulnerabilidad, incluyendo personas con discapacidad, para poder recabar evidencia que permita planificar mejor la respuesta a próximas emergencias sanitarias y de otra índole.
