Dos graves acontecimientos, vinculados a actuaciones policiales, han impactado la opinión pública en las últimas semanas, que deslegitiman y afectan los procesos institucionales en marcha para transformar y profesionalizar la Policia Nacional.
Por un lado está la muerte de José Gregorio Custodio el pasado 18 de abril en un hospital de Ocoa, tras haber sido apresado por una patrulla policial en la madrugada del día anterior.
De acuerdo a las versiones recogidas en la prensa indican que el joven Custodio llegó al hospital con golpes, contusiones y hematomas en diferentes partes del cuerpo, que los familiares atribuyen a los golpes que le propinaron agentes policiales en el destacamento municipal.
Por otro lado, los medios y redes de comunicación reseñaron el pasado 11 de abril los incidentes que se registraron en el Canódromo El Coco, cuando agentes policiales destacados en ese centro, dedicado a la retención de vehículos de motor, impidieron a la fuerza que el Defensor del Pueblo y su equipo realizaran una inspección, tras recibir denuncias de graves irregularidades y abusos contra ciudadanos.
En esos incidentes, además del uso de la fuerza y la obstrucción a la acción de un órgano constitucional sin justificación alguna, el diario Listín Diario denunció que los agentes que intervinieron despojaron a sus reporteros de sus equipos, y procedieron a borrar las informaciones registradas, lo que constituye un gravísimo precedente de violación del derecho al ejercicio del periodismo y la libre expresión del pensamiento.
Ambos hechos tienen en común que muestran la necesidad de los planes y propósitos de transformación y profesionalización de la Policia Nacional, como lo planteó claramente el Poder Ejecutivo tras el asesinato de los jóvenes pastores Joel Diaz y Eliza Muñoz en Villa Altagracia el miércoles de semana santa del año pasado.
Llamamos la atención a las autoridades correspondientes en el sentido de que después de varias semanas de ocurridos los hechos aún no se ha expedido el certificado del INACIF sobre la autopsia al joven ocoeño y no se han dado a conocer los resultados de la investigación sobre los responsables del borrado de los datos de los equipos del Listín Diario.
Es urgente que se adopten respuestas contundentes ante estos hechos, como resultado de investigaciones profundas, expeditas y completas, apegadas al debido proceso, para que no empañen los avances logrados en los últimos meses en la reforma policial.
Servio Tulio Castaños Guzmán
Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS
